En el mundo de la política, uno de los fenómenos más comunes y controvertidos es el de la puerta giratoria. Este se produce cuando un alto cargo público deja su posición en la Administración General del Estado (AGE) para trabajar en la empresa privada, gracias a la influencia que había acumulado en su experiencia previa en la Administración. Con la nueva Ley de lobbies que ha aprobado el Gobierno, que prohíbe a ex altos cargos públicos realizar actividades de ‘lobby’ al menos hasta después de dos años de haber sido cesados, los casos de políticos que han dado el salto al sector privado en el mundo de las relaciones institucionales vuelven a la palestra.
El caso más reciente es el de Alberto Garzón, ex ministro de Consumo entre 2020 y 2023. Tras cesar como responsable del departamento que en la actualidad dirige Pablo Bustinduy en noviembre de 2023, solo cuatro meses después Garzón anunció que se incorporaría al ‘lobby’ Acento, dirigido por los ex ministros José Blanco y Alfonso Alonso, en calidad de director de Prospectiva Geopolítica. Sin embargo, el anuncio causó un revuelo mayúsculo en redes sociales y en el ecosistema político de izquierdas, por lo que finalmente Garzón paralizó su fichaje.
La puerta giratoria en la consultoría
Precisamente el caso de Blanco y Alonso es paradigmático. Dos ex ministros de signos políticos diferentes impulsaron una consultora especializada en Asuntos Públicos, Acento, que tras la adquisición por parte de Havas este mismo año pasó a llamarse H/Advisors. Blanco la fundó en 2019, y Alonso se incorporó como presidente al año siguiente, en 2020. Ninguno de los dos casos, sin embargo, queda dentro de la nueva prohibición habilitada por el Gobierno, ya que Blanco cesó como ministro de Fomento en 2011 y Alonso como ministro de Sanidad en 2016.
El ex ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España entre 2004 y 2007, Jordi Sevilla, hizo también uso de la puerta giratoria. En 2016, la consultora de Asuntos Públicos LLYC lo nombró Director de Contexto Económico, donde permaneció nueve años, hasta 2025.
Otro de los casos que no entraría en el marco del Gobierno es el de Omar Anguita, ex diputado socialista por Madrid entre 2020 y 2023. Anguita se desempeña en la actualidad como Jefe de Estrategia y Defensa (Head of Strategy & Advocacy) del lobby Rud Pedersen, uno de los más grandes de Europa. La propia compañía explica que ayuda a clientes a relacionarse con las autoridades, acelerar procesos administrativos y posicionarse ante los poderes públicos.
Quién queda fuera de la ley
Sin embargo, Anguita queda fuera de la definición de alto cargo público en la Ley 3/2015. Solo lo son los miembros del Gobierno y secretarios de Estado; subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno y diplomáticos de alto nivel; secretarios generales técnicos y directores generales; máximos responsables de organismos y empresas públicas estatales; y los responsables de organismos reguladores y supervisores, como la CNMC, la CNMV, la AIReF o el Consejo de Transparencia. Por tanto, los diputados, como Anguita, quedan fuera.
Otro de los casos más sonados en este procedimiento es el de Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda por partida doble en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. El popular está siendo investigado por la justicia a causa de una presunta trama de corrupción y tráficos de influencias ejercidas a través de su despacho, Equipo Económico. Montoro fundó este ‘lobby’ en 2006, dos años después de cesar por primera vez como ministro de Hacienda, en 2004.
Un alto cargo popular vinculado a Montoro, al PP y a la investigación judicial dio también el salto a los asuntos públicos. Miguel Ferré, ex secretario de estado de Hacienda entre 2012 y 2016 fichó por Kreab, una de las mayores consultoras de Asuntos Públicos del mundo, a mediados de 2019. Allí se desempeñó como Responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles hasta mediados de 2025, después de que el juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona le imputase en el caso Montoro.
El salto a las grandes empresas
Por último, otra ex ministra del Gobierno dio el salto a los asuntos públicos, pero no en este caso en un lobby concreto, sino en el departamento dedicado de una de las mayores empresas de España, Telefónica. Trinidad Jiménez, ex ministra de Sanidad (2009-2010) y Asuntos Exteriores (2010-2011) con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se incorporó fichó por la teleco en 2016 como directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos, pasando a dirigir las relaciones de la compañía entonces dirigida por César Alierta con gobiernos y autoridades regulatorias.
Sin embargo, Jiménez llegó a un acuerdo con Telefónica en abril de este mismo año para dejar su puesto, aunque aún permanece vinculada a la compañía como asesora en Asuntos Corporativos.
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