El Gobierno prepara una gran criba de proyectos de centros de datos para poner orden a la avalancha de peticiones de abrir nuevas instalaciones. El aluvión es tal que ha desbordado todas las previsiones y amenaza con colapsar aún más la red eléctrica española y frenar otros proyectos industriales. El Ejecutivo prepara un real decreto para imponer nuevas exigencias más estrictas en consumo de electricidad y de agua y en seguridad digital de los datos que manejan las instalaciones, con el objetivo de hacer una criba masiva y que sigan adelante sólo los mejores proyectos, los más sostenibles y los más seguros.
La reforma legal en ciernes, de la que aún no se conocen los detalles, ha hecho saltar las alarmas entre promotores e inversores en centros de datos. “España tiene una oportunidad extraordinaria para consolidarse como uno de los grandes polos digitales de Europa y cualquier nuevo marco regulatorio debe contribuir a aprovecharla, no ponerla en riesgo. España no puede permitirse convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital”, explican a EL PERIÓDICO fuentes de la patronal sectorial Spain DC, que agrupa a gigantes como Amazon, Microsoft y otros colosos del sector como Digital Realty, Equinix o Nabiax.
“Nos preocupa especialmente que determinados requisitos puedan dificultar la viabilidad de nuevos proyectos, generar inseguridad para inversiones ya planificadas o provocar que parte del crecimiento de la infraestructura digital termine desplazándose hacia otros mercados europeos”, alertan desde la organización. “SpainDC comparte los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y de garantizar un crecimiento ordenado del sector, pero creemos que estos objetivos deben alcanzarse mediante una regulación proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo”
La dirección de la patronal de los centros de datos seha reunido este miércoles con el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, para abordar la nueva regulación en ciernes que el Gobierno desveló esta semana. Tras el encuentro, la organización no oculta su “preocupación”, y exige que hay que evitar a toda costa que “nuevas exigencias puedan situar a España en desventaja frente a otros países comunitarios que compiten directamente por las mismas inversiones”.
Las proyecciones que maneja SpainDC contemplan tres escenarios con diferentes previsiones hasta final de la década de nuevos ‘data centers’ operativos y de inversiones movilizadas, en función de la evolución y el sentido de la regulación del sector y de la agilidad de las tramitaciones, entre otros aspectos. El escenario que la patronal considera tendencial y más probable augura que el sector llegará con instalaciones conectadas a la red eléctrica española con una potencia de 2.600 megavatios (MW), el triple que en la actualidad, y unas inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros en 2030. Sin embargo, si la regulación se vuelve más restrictiva la estimación es que haya sólo centros con 1.800 MW de potencia e inversiones movilizadas de 43.000 millones. Y si la normativa se vuelca en agilizar el despliegue se puede llegar a 2.900 MW y a 79.000 millones de inversión acumulada en 2030.
Nuevas exigencias
El Gobierno pretende que todos los nuevos centros de datos que entren en operación en España estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la UE en el consumo de electricidad y de agua (una suerte de etiqueta A en la clasificación de eficiencia energética y eficiencia hídrica). Y también exigirá a los centros de datos que el 80% de la electricidad que consuman sea de origen renovable todas y cada una de las horas del día, y además que proceda de plantas verdes nuevas (de una antigüedad no mayor a 18 meses) y que esté producida en la misma hora en que se consume. El objetivo es evitar que el aumento de demanda energética de los centros de datos acabe provocando un aumento del uso de las centrales de gas españolas para producir electricidad.
En paralelo, el Gobierno pretende blindar la contribución de los centros de datos a la soberanía digital de la economía española y europea. La propuesta de real decreto exige que los operadores de los nuevos centros de datos sólo puedan ser empresas establecidas en la UE; que los datos, metadatos y registros que trate como parte de la operación del centro permanezcan en el territorio comunitario; y que se controlen de forma efectiva los accesos desde terceros países. Además, en el caso concreto de los centros que manejen datos de las administraciones públicas o vinculados a la seguridad nacional tendrán totalmente prohibido que la información sea proporcionada a ninguna entidad de países de fuera de la UE.
Aluvión de proyectos
El Ejecutivo busca poner freno a la avalancha de proyectos. Las previsiones gubernamentales apuntan a que los centros de datos operativos en 2030 necesitarán entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de demanda eléctrica en 2030. Y las estimaciones que maneja la propia patronal Spain DC anticipan que al final de la década estarán operativos al final de la década grandes centros de datos que requerirán entre 2,6 y 3 GW. Sin embargo, en España ya hay proyectos de centros datos con permiso para enchufarse a la red eléctrica por unos 12,5 GW y se calcula que hay solicitudes formuladas o en preparación por cerca de otros 20 GW más.
El Ejecutivo cree que en ese aluvión de peticiones hay proyectos fantasma sin una iniciativa industrial real detrás o se trata de movimientos meramente especulativos, por eso pretende escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental mediante nuevos requisitos a las instalaciones mayores de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica.
El Gobierno pretende activar la salida voluntaria de proyectos de centros de datos que ya disponen de derecho de acceso o conexión pero no tienen posibilidad o ninguna intención de cumplir las condiciones de sostenibilidad y de seguridad digital exigidas. Y ésta es una de las claves de la gran criba en la avalancha de solicitudes, a través de un periodo de amnistía. Los proyectos de centros digitales en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento (sólo tres meses en caso de estar a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica) o pueden renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías económicas presentadas para conseguirlos y les sean devueltas.
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