La Fiscalía Anticorrupción no tiene dudas de que Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, debe seguir imputada en la Audiencia Nacional por haber sido «enchufada» por el expolítico socialista, aunque fuera ella misma quien así lo declarara ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas que acabó suponiendo una condena de 24 años de cárcel para el valenciano. No obstante, deja la puerta abierta a tenerlo en cuenta cuando la instrucción finalice y sea el momento de solicitar una pena para ella.
Anticorrupción, que en un segundo informe también pide mantener la condición de investigado del subdirector de Gestión Administrativa de Adif Ignacio Zaldívar, contacto con Tragsatec e Ineco en los proyectos para los que estaba contratada Jésica Rodríguez, admite que «el hecho de haber declarado ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo, cuando todavía no había adquirido la condición de investigada es una circunstancia que, evidentemente, ha de ser tomada en consideración a los efectos de determinar su participación en los hechos, así como la eventual pena que le pudiera ser impuesta».
Para el ministerio público, la declaración de hechos probados y fundamentos de derecho de la sentencia del Tribunal Supremo respecto a su participación en su contratación por Ineco y Tragsatec «ha de implicar necesariamente una modificación de su situación procesal, pasando a adquirir la condición de investigada». Admite que «fue contundente al afirmar que José Luis Ábalos conocía» su situción, porque se quejó ante él de su situación y que la información que facilitó fue fiable en relación con su retribución y los 13 viajes que realizó con Ábalos, pero su testimonio también aparecía decididamente corroborado «en sus aspectos nucleares por numerosos datos de prueba”.
Que no la molestaran
En cuanto a Zaldívar, la fiscalía recuerda que reconoció en el juicio de las mascarillas que “había sido requerido por la presidenta de ADIF [Isabel Pardo de Vera], quien le precisó que había recibido indicaciones del ministro [José Luis Ábalos], para que trasladara a los responsables de Tragsatec que no molestaran a Jésica Rodríguez”.
En este sentido, el ministerio fiscal resalta la actuación desplegada por Zaldívar “para que Jésica pudiera ocupar su puesto en Tragsatec, […] de acuerdo con el plan criminal diseñado para que Rodríguez García percibiera sus retribuciones, primero de Ineco y, después, de Tragsatec, sin prestar trabajo alguno”. Esta actividad “implicó que durante la vigencia del contrato con esta última entidad, tuviera que ejercer las presiones que fueron necesarias”.
La fiscalía concluye que las influencias ejercidas por este excargo “fueron más allá del 1 de marzo de 2021, prolongándose hasta la extinción del contrato, el 1 de septiembre de 2021. Por lo tanto, no puede considerarse prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Zaldívar”.
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