Las claves
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En las últimas horas, el Gobierno de España, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha tomado la determinación de imponer la acogida y el fondeo del buque en las inmediaciones del puerto de Granadilla, Tenerife.
Esta decisión se produce tras un choque frontal con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien intentó vetar la operación alegando falta de garantías de seguridad para la población local.
El Ministerio de Transportes, a través de la Marina Mercante, emitió una resolución de obligado cumplimiento invocando el artículo 299 de la Ley de Puertos.
Este mecanismo legal permite al Estado imponer la recepción de un buque por razones de seguridad o salud pública, anulando de facto la resistencia del Ejecutivo canario.
Fernando Clavijo ha calificado la medida de «imposición» y ha denunciado una falta de lealtad institucional.
El presidente canario sostiene que el operativo planteado por el Estado presenta lagunas logísticas críticas, especialmente en lo referente a la evacuación inmediata de los pasajeros extranjeros.
Su principal queja radica en la negativa del Gobierno central a redistribuir a los viajeros (especialmente de Australia y Países Bajos) en los vuelos ya disponibles, lo que obligaría a mantener el barco y a parte del pasaje en territorio insular durante más tiempo del inicialmente previsto.
Desde el Ejecutivo de Sánchez, se defiende que la operación cuenta con el respaldo de la OMS y el cumplimiento estricto del Reglamento Sanitario Internacional.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que «todo está preparado» y que los pasajeros que desembarcarán son asintomáticos, minimizando el riesgo de contagio de una cepa de hantavirus que, según informes técnicos, tiene escasas posibilidades de expansión en un entorno portuario.
El plan de evacuación, que se espera comience en las próximas horas, contempla dos fases críticas:
- Desembarco controlado: Los pasajeros españoles serán trasladados a centros de seguimiento específicos, mientras que los ciudadanos extranjeros permanecerán en un corredor sanitario hasta su traslado directo al Aeropuerto de Tenerife Sur.
- Repatriación exprés: La mayor fricción reside en la logística de los vuelos chárter. Clavijo sostiene que el Estado no ha asegurado los permisos de aterrizaje para los aviones que deben llevarse a los turistas, lo que podría derivar en un colapso del sistema de aislamiento en tierra si los vuelos se retrasan.
Un escenario de incertidumbre
Mientras el MV Hondius ya fondea en las aguas de Granadilla, la tensión entre Santa Cruz de Tenerife y Madrid sigue en aumento.
El Gobierno de Canarias mantiene que se está poniendo en riesgo la seguridad de la isla por una decisión tomada de forma unilateral desde la Península.
Por su parte, el Estado asegura que la evacuación comenzará de forma inminente, con los primeros ciudadanos españoles descendiendo del buque para ser trasladados bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
