La resistencia científica a los recortes de la administración Trump llega a los juzgados. El Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), referencia mundial en modelización del clima, ha presentado una demanda para frenar su desmantelamiento tras ser acusado de promover el «alarmismo climático». Al mismo tiempo, el Servicio Forestal de EE. UU. lucha por salvar sus estaciones de investigación: el Gobierno propone cerrar 57 de sus 77 sedes y dejar a cero la financiación de su ciencia. Dos instituciones, una misma ofensiva contra el conocimiento ambiental que tiene un impacto mundial.
En cuestión de semanas, dos instituciones pilares de la ciencia medioambiental de Estados Unidos han quedado al borde del precipicio. La mayor agencia de investigación forestal del mundo se enfrenta a un desmantelamiento masivo, mientras que el centro de investigación climática más importante del país libra ya su batalla en los tribunales. Dos artículos publicados simultáneamente en Nature revelan la magnitud de lo que está en juego. El primero detalla la situación del Centro Nacional de Investigación Atmosférica y el segundo la crisis del Servicio forestal.
El Servicio Forestal: cerrar tres cuartas partes para «ahorrar»
El Servicio Forestal de Estados Unidos es, por tamaño y alcance, la organización de investigación forestal más grande del planeta: cerca de mil científicos distribuidos en 77 estaciones de investigación a lo largo y ancho del país. Muchas de ellas albergan experimentos que llevan décadas en marcha, algunos iniciados hace más de un siglo, y que por su propia naturaleza no pueden replicarse ni trasladarse sin destruirlos.
El pasado 31 de marzo de 2026, la administración Trump anunció el cierre de 57 de esas 77 estaciones, es decir, casi las tres cuartas partes de toda la red. La justificación oficial apunta al encarecimiento del mantenimiento de los edificios (un retraso acumulado de 3.000 millones de dólares) y al bajo índice de ocupación de las instalaciones. La propuesta de presupuesto para 2027 va incluso más lejos: financia en cero dólares la investigación del Servicio Forestal.
La reacción en la comunidad científica fue inmediata. Investigadores describieron su estado como de «abrumación» y «desolación» ante la perspectiva de perder décadas de datos únicos e irrepetibles. Ann Bartuska, antigua investigadora principal de la agencia citada por Nature, advirtió que los estudios vinculados a lugares concretos (esos experimentos de largo plazo que solo funcionan donde empezaron) «probablemente se secarán». La exdirectora del Servicio Forestal, Vicki Christiansen, calificó la medida de «miope». Tras las protestas generalizadas, la agencia pausó temporalmente los planes de cierre, pero sin retirarlos.
La paradoja es alarmante: al mismo tiempo que los incendios forestales se vuelven más frecuentes e intensos en todo el hemisferio norte (en parte como consecuencia del cambio climático), la administración propone eliminar la infraestructura científica que estudia cómo responden los bosques a ese cambio.
Referencias
- World-leading climate centre takes Trump administration to court. Alexandra Witze. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/d41586-026-01501-z
- World’s largest forest research agency faces severe cutback by Trump administration. Edward Chen et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/d41586-026-01493-w
El Centro Nacional de Investigación Atmosférica: acusado de «alarmismo climático»
A pocas horas de vuelo de las estaciones forestales amenazadas, en Boulder (Colorado), tiene su sede el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés). Fundado hace décadas, el NCAR es una referencia mundial en modelización del clima, predicción meteorológica y estudio de la atmósfera. Lo gestiona la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR), una coalición de unos 130 universidades que recibe la mayor parte de su financiación a través de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF).
La acusación del Gobierno: el NCAR promueve, según la administración Trump, el «alarmismo climático». Con ese argumento, el Ejecutivo ha anunciado su intención de desmantelar la institución, repartiéndola entre distintas entidades públicas y privadas. El primer paso sería ceder el centro de supercomputación que el NCAR opera en Cheyenne (Wyoming) a terceros.
UCAR no se ha quedado de brazos cruzados: en marzo de 2026 presentó una demanda para impedir la fragmentación del centro. El 7 de mayo, ambas partes se enfrentaron ante el juez federal R. Brooke Jackson, quien escuchó los argumentos y prometió una resolución «tan pronto como sea posible». El abogado de UCAR fue contundente ante el tribunal: «Esto es un proceso fraudulento.» Si el juez falla a favor del Gobierno, la cesión del supercomputador seguirá adelante; si falla a favor de UCAR, quedará en suspenso.
Una simulación climática de resolución variable realizada en el Centro de Supercomputación NCAR-Wyoming muestra un huracán tocando tierra. Gracias a la potencia de las supercomputadoras, los científicos pueden ejecutar modelos como el Modelo Comunitario del Sistema Terrestre, basado en NCAR, para estudiar los impactos del cambio climático en fenómenos meteorológicos a gran escala. / UCAR
El supercomputador en juego no es un detalle menor
Ese centro de supercomputación es uno de los sistemas de cómputo científico más potentes del mundo. Llamado Derecho, tiene una capacidad de casi 20 petaflops, es decir, veinte mil billones de operaciones por segundo. Cientos de universidades e instituciones de investigación de todo el país y del extranjero lo utilizan para simular la evolución futura del clima, anticipar la intensificación de huracanes, modelizar los efectos de los incendios forestales sobre la calidad del aire o predecir patrones meteorológicos con semanas o meses de antelación.
Sus resultados alimentan directamente los sistemas de alerta temprana ante desastres naturales y las herramientas de planificación que usan gobiernos, agricultores, compañías energéticas y gestores de emergencias. Ceder su control a terceros (como pretende la administración Trump) es arriesgar la continuidad de una infraestructura que no se puede improvisar ni reconstruir de la noche a la mañana.
El candidato para hacerse cargo de su gestión sería la Universidad de Wyoming (UW), a la que la NSF ofreció formalmente la posibilidad de presentar una propuesta. La universidad confirmó su interés, pero el proceso está rodeado de una opacidad que el propio UCAR ha llevado como argumento ante el juez: la NSF reconoció haber invitado a otras organizaciones sin querer revelar cuáles, y su justificación interna para la decisión se redujo a un lacónico «porque la NSF lo ha decidido». Para los demandantes, traspasar un centro de supercomputación científica de relevancia mundial a un operador designado sin concurso transparente ni base legal clara no es, en sus propias palabras, «una farsa».
Dos frentes, un mismo patrón
Aunque los dos casos afectan a instituciones distintas (una dependiente del Departamento de Agricultura, la otra de la NSF), comparten una lógica común: el desmantelamiento sistemático de la infraestructura científica dedicada a entender el medio ambiente y el clima. En ambos casos, los recortes se presentan como medidas de eficiencia o ahorro, pero los científicos afectados señalan que lo que realmente se pierde no tiene precio: décadas de datos continuos, experimentos únicos por su ubicación, y la capacidad institucional para responder a crisis ambientales futuras.
La comunidad investigadora internacional observa con creciente alarma estos movimientos. La ciencia forestal y la climatología no conocen fronteras: los modelos que se calibran en Colorado se usan en Europa; los datos sobre la salud de los bosques norteamericanos son piezas clave de los inventarios globales de carbono.
Lo que ocurra en los próximos meses en los juzgados de Colorado y en los despachos de Washington no solo importa a los científicos estadounidenses. También es cosa nuestra.
