La Guardia Civil ha anunciado este lunes que desplegará un dispositivo especial para controlar el uso de drones durante la celebración del WRC Rally Islas Canarias, que se celebrará del 23 al 26 de abril en Gran Canaria. El objetivo principal es garantizar la seguridad tanto de los asistentes como de los participantes en una prueba que recorrerá numerosas carreteras de la isla y que tiene carácter internacional.
El Rally Islas Canarias celebra su 50ª edición consolidado como una de las pruebas más destacadas del calendario automovilístico.
El operativo estará liderado por el Equipo Pegaso de la Comandancia de Las Palmas, una unidad especializada en el control del espacio aéreo. Este equipo intensificará las labores de vigilancia para evitar vuelos no autorizados de aeronaves no tripuladas, especialmente en zonas donde puedan suponer un peligro.
Riesgos del uso indebido de drones en eventos multitudinarios
El uso irregular de drones durante este tipo de competiciones supone un riesgo importante, advierte la Benemérita. Durante el rally, añade, se realizarán vuelos continuos de helicópteros y aeronaves indispensables para tareas de seguridad, emergencias y filmación.
Las limitaciones afectan tanto a zonas ya reguladas como a áreas temporales habilitadas específicamente para el desarrollo de la prueba, donde estará completamente prohibido el vuelo de drones sin autorización expresa.
Tecnología avanzada para detectar drones
Las restricciones vigentes han sido establecidas en coordinación con organismos como ENAIRE y el Cabildo de Gran Canaria. Las zonas restringidas se pueden consultar a través de estos canales oficiales:
Además, el operativo contará con tecnología avanzada para la detección e inhibición de drones. Estos sistemas permiten identificar aeronaves no autorizadas e incluso bloquear su señal si es necesario. Para reforzar este despliegue, se incorporarán medios procedentes de otras provincias españolas.
Sanciones de hasta 225.000 euros
La Guardia Civil recuerda que volar drones en zonas restringidas puede acarrear sanciones económicas muy elevadas. Según la normativa vigente, gestionada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las multas pueden alcanzar hasta 225.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
En los casos más graves, estas conductas pueden derivar también en responsabilidades penales o civiles, especialmente si se pone en peligro la seguridad de las personas o de las operaciones aéreas.
