Ante el mayor y más grave escándalo que ha salpicado su carrera política desde que hace justo ocho años (el 19 de abril de 2018) accedió a la Alcaldía de Alicante, Luis Barcala tenía dos caminos y ha optado por el peor. Tiempo le faltó, nada más enterarse de que este diario iba a destapar el escándalo de las adjudicaciones de Les Naus, para anunciar la apertura de un expediente de averiguación de hechos. Un documento que se firmó con nocturnidad (a la 1.10 de la madrugada) unas tres horas después de que INFORMACIÓN recabara la versión de su directora general María Pérez-Hickman y lo intentara con su entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a apenas seis de que la noticia se publicara.
Ese mismo día, en un pleno convocado para otros menesteres pero que ya monopolizaron las polémicas adjudicaciones como preludio de lo que estaba por venir, al alcalde se le llenó la boca de palabras que apuntaban a la necesidad (obligación, diría yo) de saber lo que había ocurrido y quién o quiénes habían propiciado que la primera promoción de vivienda protegida en la ciudad en dos décadas estuviera bajo sospecha y en manos, en bastantes más los casos de los que se van a poder probar, de quienes no tienen derecho a una casa de este tipo.
Al escrito descafeinado que el Ayuntamiento presentó en la Fiscalía focalizando la responsabilidad en uno de los implicados (el arquitecto municipal con piso en Les Naus) y dejando fuera al resto (concejala, directora general…) le siguió una supuesta comisión de investigación que vio la luz por la fuerza de la mayoría y que Barcala tuvo que apoyar precisamente por la tozudez de las matemáticas. O, lo que viene siendo lo mismo, porque no le quedaba otra.
Debe ser por eso que este órgano, parido supuestamente para conocer el origen y el alcance de este escándalo local de repercusiones nacionales, nació a ralentí. Como sin ganas. Y ha bastado la primera sesión de comparecencias para confirmar todos los temores. Que los dos técnicos municipales, Paloma Romero y Pablo Torregrosa, que alertaron de las irregularidades se ofrecieran hace quince días al presidente de la comisión y lugarteniente de Barcala para responder por escrito a todas las preguntas que quisieran plantearles y que, además de ocultar esta predisposición a los grupos de la oposición, ni tan siquiera se hayan dignado a responder a los funcionarios, da una idea bastante aproximada de cuál es la intención del equipo de gobierno local sobre el esclarecimiento de este asunto. Unas averiguaciones en las que Barcala (él sabrá los motivos) parece ser el menos interesado. Y coincidirán conmigo en que ese no parece que sea el buen camino.
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