Cinco países europeos, entre ellos España, piden a Bruselas un impuesto sobre los beneficios de las energéticas

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España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado a la Comisión Europea un impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.

La propuesta busca paliar el impacto económico del aumento de los precios del petróleo causado por la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo y el conflicto con Irán.

Los ministros piden un marco jurídico robusto para gravar esas ganancias y evitar que la crisis energética recaiga solo sobre consumidores y fondos públicos.

La iniciativa se apoya en el precedente de la contribución temporal de solidaridad de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y resalta la necesidad de una respuesta europea unida.

Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han pedido formalmente a la Comisión Europea que ponga en marcha un nuevo impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, según Reuters.

La propuesta pretende amortiguar el impacto económico derivado del encarecimiento del petróleo tras la escalada bélica en Oriente Próximo y el conflicto con Irán.

En una carta fechada el 3 de abril, los titulares de Finanzas de estos cinco países europeos reclaman al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, que elabore un marco jurídico robusto para gravar las ganancias inesperadas del sector.

El propósito declarado es evitar que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente sobre los consumidores y sobre las arcas públicas.

El escrito lleva la firma del ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria).

Los firmantes defienden que la elevada volatilidad actual del mercado, alimentada por las tensiones geopolíticas, ha provocado distorsiones que hacen necesaria una actuación inmediata a escala comunitaria.

El documento fundamenta la iniciativa en el precedente de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución temporal de solidaridad para hacer frente a la crisis de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Los ministros sostienen que la coyuntura actual presenta similitudes técnicas y fiscales que avalan la puesta en marcha de un mecanismo equivalente, compatible con las medidas que cada Estado miembro decida aplicar por su cuenta.

En el texto, los ministros insisten en la importancia de lanzar un mensaje de cohesión política frente a las consecuencias de la guerra.

«Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general«, dice la misiva.

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