El Partido Popular de Rojales valora positivamente el informe provisional de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que confirma la existencia de irregularidades en la contratación del servicio de escuelas deportivas municipales, dando así respaldo a las advertencias que «ya habíamos trasladado previamente al equipo de gobierno».
Según recoge el informe, se han producido prácticas «contrarias a lo establecido en el contrato, como la facturación mediante cantidades fijas sin ajustarse a los servicios efectivamente prestados, así como la continuidad del servicio sin contrato en vigor». Estas circunstancias ponen de manifiesto una gestión, a juicio de los populares, «deficiente y una preocupante falta de control en la administración de los recursos públicos por parte del gobierno socialista».
Esstas irregularidades «fueron advertidas en reiteradas ocasiones en sede municipal, sin que el equipo de gobierno adoptara las medidas necesarias para su corrección». Ante esta inacción, «consideramos nuestra obligación trasladar los hechos a la Agencia Valenciana Antifraude, que ahora constata la existencia de indicios claros de mala gestión». Una vez finalizada la tramitación, el director de la Agencia emitirá el informe definitivo, que podrá derivar en el archivo de las actuaciones, la incoación de un procedimiento sancionador o la comunicación de indicios de infracciones disciplinarias o penales a los órganos correspondientes.
La oposición del PP señala que dada «la gravedad de los hechos, hemos solicitado, junto al resto de grupos de la oposición -Ciudadanos y Pader-, la convocatoria de un pleno extraordinario con el fin de reprobar al alcalde, Antonio Pérez, al concejal de Deportes, Pedro Llopis, y al concejal de Contratación, Fernando Suria, por su falta de actuación ante esta situación».
Desde el Partido Popular de Rojales reafirman «su compromiso con la transparencia, el rigor en la gestión pública y la defensa del interés general de todos los vecinos».
Importes fijos mensuales
El informe provisional de Antifraude señala que el adjudicatario de las Escuelas Deportivas ha estado facturando importes fijos mensuales en lugar de hacerlo según el número real de usuarios, incumpliendo las cláusulas esenciales del contrato. El proveedor ha reiterado que ha actuado tal y como le han indicado los funcionarios supervisores del contrato. El contrato fue adjudica en noviembre de 2022 por un importe de 71.995 euros anuales.
Según el documento, la irregularidad más grave es el incumplimiento de las condiciones esenciales de facturación que figuraban en los pliegos que rigieron la licitación establecían de forma expresa que el precio del contrato se determinaría por unidades de ejecución, calculadas en función de las horas de servicio efectivamente impartidas y la demanda de usuarios inscritos en los cursos.
Sin embargo, el contratista facturó, según su versión por indicación de los técnicos municipales, un importe fijo mensual de 9.679,32 euros (IVA incluido), obtenido de dividir el precio total de adjudicación entre los nueve meses de prestación del servicio. Esta práctica, siempre según la AVAF, contraviene la naturaleza variable del contrato definida en la licitación, que obligaba al adjudicatario a presentar cada mes una factura detallando las unidades efectivamente prestadas, con indicación de fechas, horas reales y clases tanto impartidas como anuladas.
Los investigadores de la Agencia señalan otras irregularidades como la falta de control del responsable del contrato. El supervisor designado tenía la obligación de verificar la «efectiva prestación de los servicios facturados» antes de prestar conformidad al pago. La aceptación de facturas por importes fijos sin el desglose de actividad exigido «supone -a juicio de la Agència- una dejación de las funciones de control técnico». Además, se facturó un mes de septiembre por importe de 4.839,66 euros cuando los pliegos definen el periodo de actividad regular de octubre a junio.
Desde el 15 de noviembre de 2024, tras el vencimiento de la prórroga improrrogable el servicio se viene prestando en situación de irregularidad administrativa. Sin contrato. La Intervención municipal formuló reparos suspensivos, lo que motivó que las facturas fueran aprobadas finalmente mediante decreto de Alcaldía.
De los datos de la liquidación del presupuesto de 2024 se observa un desajuste entre los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento en concepto de precio público y la remuneración abonada al adjudicatario del servicio, lo que podría haber afectado la sostenibilidad económica del contrato.
Otro contrato
El informe recoge que el Ayuntamiento incoó un nuevo procedimiento de licitación previo a la finalización del contrato vigente. Sin embargo, el procedimiento finalizó mediante resolución de desistimiento el 12 de agosto de 2025, tras detectarse errores sustanciales en los pliegos relacionados con las prescripciones técnicas, el presupuesto base de licitación y la ponderación de los criterios de adjudicación.
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