Dos años después de su muerte en una colonia penal del Ártico, el nombre de Alexéi Navalni vuelve a la escena internacional no por nostalgia ni por ritual conmemorativo, sino porque varios países europeos han decidido que su desaparición no puede archivarse como una fatalidad carcelaria. Cuando alguien muere bajo custodia del Estado, la memoria deja de ser un gesto sentimental: se convierte en una forma mínima de justicia.
Los gobiernos de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos han denunciado formalmente, con base probatoria, que su fallecimiento no fue consecuencia de una dolencia súbita ni de las duras condiciones penitenciarias, sino un asesinato político, causado por una neurotoxina. El paso no restituye al opositor ruso, pero impide que su nombre se diluya en la burocracia del olvido.
Se echa de menos que España no figure entre los firmantes. No por cálculo diplomático ni por alineamientos geopolíticos, sino por algo más elemental: la necesidad de que una democracia madura esté presente cuando se defiende el principio de que ningún Estado puede disponer de la vida de sus adversarios.
Navalni quedó sentenciado mucho antes de morir. El día en que regresó voluntariamente a Moscú tras sobrevivir a un envenenamiento con agente nervioso selló su destino. Sabía que sería detenido y condenado y que el régimen no perdona a quienes desafían públicamente su impunidad. Aun así, volvió.
Una web satírica resumió entonces la situación con humor negro: «detenido por negarse a morir». Con el paso del tiempo, aquella frase ha adquirido un tono trágico. No fue encarcelado por delinquir, sino por demostrar que el miedo no era absoluto.
Su fuerza no residía únicamente en su carisma ni en su dominio del lenguaje digital. Residía en haber convertido la corrupción sistémica en un relato comprensible para millones de rusos. Sus investigaciones sobre fortunas opacas y privilegios inexplicables erosionaban la legitimidad del poder con más eficacia que cualquier discurso abstracto sobre libertades públicas.
Por eso no bastaba con desacreditarlo, ni con condenarlo, ni siquiera con aislarlo. Había que neutralizar la posibilidad de que siguiera encarnando una alternativa. En los sistemas autoritarios no se derrota al rival: se le expulsa, se le silencia o se le elimina.
Cuando escribí: «Navalny, detenido por negarse a morir», sobre su detención tras el regreso a Rusia, ya resultaba evidente que el llamado «paciente de Berlín» no había vuelto para ganar, sino para demostrar que no se había rendido. Aquella decisión no fue temeraria ni impulsiva: fue una impugnación moral al régimen que lo quería muerto o ausente.
Las denuncias europeas recientes introducen un elemento decisivo: la muerte no es una declaración simbólica, sino una imputación política. Cuando varios Estados sostienen que existen pruebas suficientes de responsabilidad, el debate ya no es sobre la figura de Navalni, sino sobre la naturaleza del sistema que lo encarceló y bajo cuya custodia murió.
No se trata de convertirlo en mártir ni de idealizar su programa, incompleto y discutido. Se trata de reconocer lo que representaba: la evidencia de que la resignación no era la única salida para Rusia. Y eso, en determinados regímenes, constituye el mayor de los delitos.
Que algunos países europeos hayan decidido nombrar esa realidad es un acto de coherencia democrática. Que otros permanezcan al margen no invalida ese gesto, pero sí deja una sensación incómoda de ausencia. No todo silencio implica complicidad, pero algunos silencios empobrecen el valor de las palabras pronunciadas por los demás.
La división de poderes no es una fórmula constitucional retórica: es la única barrera entre la justicia y la arbitrariedad, entre el Estado y el régimen. Cuando desaparece, la muerte bajo custodia deja de ser una fatalidad y pasa a ser un mensaje.
Navalni regresó a Rusia sabiendo que probablemente no saldría con vida. No lo hizo por heroísmo ni por cálculo, sino porque comprendió que el exilio habría sido otra forma de muerte.
Europa, que no corre ese riesgo, sólo tiene una obligación mucho más modesta: no permitir que su desaparición se convierta en un expediente cerrado. Porque cuando un Estado puede eliminar a su adversario sin que el mundo lo nombre como tal, no sólo muere un hombre. Muere también la esperanza de que el poder tenga límites.
