La Audiencia Provincial sienta en el banquillo desde este lunes al director de una sucursal bancaria de Alicante por apropiarse de dinero de las cuentas de clientes fallecidos. La Fiscalía le reclama una pena de ocho años de cárcel por delitos continuados de falsedad documental y estafa. La misma pena solicita la Seguridad Social, mientras que la entidad para la que trabajaba pide seis años de prisión.
Se le acusa de haberse apropiado de cantidades cercanas a los 300.000 euros de cinco clientes, personas de avanzada edad, en su mayoría fallecidas. El acusado, que fue despedido a raíz de una investigación interna del banco, se ha limitado a negar los hechos en la primera sesión del juicio, celebrada este lunes. No declarará hasta el martes, ya que su abogado, el letrado José Luis Romero, ha solicitado que lo haga en último lugar. La defensa ha pedido la nulidad de todo el procedimiento al alegar que se vulneraron los derechos fundamentales del acusado durante la investigación.
Los hechos se descubrieron en abril de 2016, a raíz de una reclamación realizada por la Seguridad Social por el abono indebido de pensiones a una de las clientas del banco, que percibía una pensión de viudedad. A pesar de que la titular falleció, el dinero se siguió cobrando. El aviso motivó una auditoría interna que puso al descubierto la presunta cadena de irregularidades llevada a cabo por el acusado. Estos hechos motivaron su despido, que fue confirmado primero por un juzgado de lo Social de Alicante y después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
Según la investigación interna del banco, el procesado se habría dedicado a localizar cuentas de clientes de avanzada edad, en su mayoría fallecidos y con escasa operativa, para quedarse con sus fondos. Una vez seleccionado un objetivo, hacía un seguimiento de los movimientos y, en caso de existir autorizados, daba de baja a las personas autorizadas en las cuentas de esos clientes fallecidos. También habría buscado en las bases de datos del banco nombres similares a los de los titulares de esas cuentas, utilizando su Documento Nacional de Identidad para evitar la cancelación de la cuenta, y modificando el domicilio de los clientes para impedir que les llegaran notificaciones. Asimismo, activaba una libreta bancaria para poder efectuar reintegros en la oficina de la que era director y suplantar la firma del cliente.
El caso más grave
El caso más grave es el de dos hermanas, ambas fallecidas, desde cuyas cuentas habría tenido acceso a 115.940 euros entre mayo de 2012 y septiembre de 2014, a través de disposiciones tanto por caja en las oficinas en las que estuvo destinado, como en cajeros automáticos. La persona autorizada en la cuenta, era el sobrino de ambas mujeres, a quien el acusado dio de baja.
El escrito de acusación del banco relata que el procesado habría llegado a modificar los datos de contacto de los clientes, como el teléfono o el domicilio de correspondencia, dando de baja al autorizado existente en las cuentas de los clientes fallecidos. Incluso, en algunos casos, habría contratado nuevos productos financieros a nombre de los clientes para simular que era el verdadero titular quien realizaba la operativa.
Por su parte, la defensa ha reclamado la nulidad de todo el proceso por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del acusado. El abogado sostiene que durante la investigación interna se accedió de manera ilegal a sus cuentas y a su correo electrónico. Para este martes está prevista la declaración de los peritos que elaboraron el informe en el que se detallan las presuntas irregularidades, así como la del propio acusado. A continuación será el turno de los informes de conclusiones finales y el juicio quedará visto para sentencia.
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