Las organizaciones profesionales agrarias (opas) de Castilla y León urgieron hoy a la Junta la puesta en marcha de un fondo de 150 millones de ayudas directas para aliviar la situación de crisis del cereal en la Comunidad, 117 millones por el coste de los fertilizantes y 30-35 millones por el gasóleo, apoyo inminente para apoyar el inicio de la campaña cerealista 2026-2027, que arranca en octubre, y medidas estructurales para evitar que la situación “ruinosa” marcada por los altos costes de producción y los bajos precios del producto se repitan en siguientes años.
Por esta razón, Asaja, UCCL, UPA y COAG han convocado, en unidad de acción, una protesta frente a la sede de Presidencia de la Junta, en Valladolid, este jueves, a las 11 horas (C/Santiago Alba), que coincidirá con la reunión del habitual Consejo de Gobierno y con la que pretenden presionar al Gobierno autonómico para que iguale la cantidad y el “modelo de ayudas directas y sin burocracia” que ha lanzado el Ejecutivo central y que permitirá liberar en la primera semana de septiembre 150 millones de euros para los 60.000 agricultores de la Comunidad. Un plan, coincidieron, que “les gusta”, aunque tacharon de “insuficiente” para los 60.000 solicitantes de Castilla y León.
Los máximos responsables de las organizaciones agrarias en Castilla y León: el zamorano Lorenzo Rivera, de COAG; Donaciano Dujo, de Asaja; Jesús Manuel González Palacín, de UCCL y el zamorano Aurelio González, de UPA. / Ical
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, sentenció que la cosecha de cereal en 2026 “ha sido mala”, con menos superficie sembrada, 1,5 millones de hectáreas, 300.000 menos que el año pasado, un 20 por ciento menos. En 2025, recordó, fue “buena”, pero al contar con costes altos “no se le sacó rentabilidad, a pesar de que el precio estaba bien”. Esa es la razón por la que los agricultores han decidido sembrar menos.
Dujo explicó este escenarios con cálculos de una explotación media. Así, con 4,9 millones de toneladas y 3.100 kilos por hectáreas (un 40 por ciento menos que la cosecha del año pasado), se alcanza un valor, con una media de 200 euros por hectárea, de 980 millones de euros. Sin embargo, los costes de producción, a algo más de 800 euros la hectárea, se elevan a 1.300 millones. “Hemos perdido, trabajando lo nuestro, 300 millones de euros, más que lo que esa superficie cobra de PAC”, lamentó.
Incidió en que un agricultor medio de cereal, con una explotación de 200 hectáreas, ha generado 163.000 euros de gasto y ha recogido 620.000 kilos, con unos ingresos de 124.000 euros. “Ha perdido casi 40.000 euros trabajando, cogiendo cereal, atendiendo sus fincas. No ha habido buena cosecha por la climatología, pero también debido a que los elevados costes de producción nos impiden hacer las cosas como las teníamos que hacer”, sentenció, de los que culpabilizó a la invasión de Rusia en Ucrania, que propicia masivas importaciones de cereal y sube el precio, y a la guerra del Golfo, que “ha encarecido los combustibles y fertilizantes”. “En estas condiciones no se puede sembrar”, resaltó.
“Peor crisis de la historia”
De la misma opinión se mostró el coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, quien consideró que el sector cerealista pasa por la “peor crisis de toda su historia”, con “altísimos costes de producción, sin precedentes, una mala cosecha y precios caídos desde hace tres años que no han repuntado”. “Es el cóctel perfecto para que no podamos seguir con su actividad”, comentó González Palacín, quien reclamó “ayudas directas, no apoyos a préstamos ni préstamos subvencionados”. Y se dirigió directamente al Gobierno de coalición conformado por PP y Vox, que “se presentaron a las elecciones como los partidos del campo”. “Ahora es el momento de demostrarlo”, abundó, para lo que urgió 150 millones de fondos propios de la Consejería de Agricultura.
A mayores, reclamó medidas estructurales, centradas en el fomento de la contratación de seguros agrarios, que “no compensan”, frente a compañías “que van a hacer dinero”; y mencionó la última fase de negociación de la PAC, que “tiene que ser la red de seguridad necesaria”, en igualdad como ya sucede en Francia, que “ha hecho los deberes para que se prime a los agricultores a título principal”.
Además, pidió una “ley antiespeculación” para vigilar los costes de producción y la “revisión” de acuerdos internacionales para que “nuestro cereal se compre el primero, y no el último”; y “se diferencie bien lo que se importe”.
“Un plan sin dinero es igual a cero”
Por su parte, el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, recordó que el 11 de junio, cuando Alfonso Fernández Mañueco tomó posesión como presidente de la Junta, su formación le trasladó que “su primera medida fueran estas ayudas por la crisis del sector cerealista”. “A día hoy, hay un gobierno bipartito, con un consejero de un partido que ofrece un paquete de medidas potente, y el presidente, no lo apoya”, comentó González, quien apuntó al consejero que “un plan sin dinero es igual a cero”.
A su juicio, las “diferencias políticas entre los dos partidos y estos piques los pagan los ciudadanos”; para recordar que el consejero, Joaquín Pino, anunció un presupuesto “potente” de más de 200 millones de ayudas a seguros o regadíos y “se desconoce si habrá presupuesto, no se sabe nada del borrador ni las líneas maestras”.
Al respecto, demandó “”concreción” a la Junta para “favorecer el modelo de explotación agraria familiar”, “que no solo produce alimentos, sino que mantiene abiertos los pueblos”; y añadió que es necesario “cumplir con la ley de Cadena Alimentaria”. Concluyó su intervención con un llamamiento a los agricultores de la Comunidad para que apoyen la protesta del jueves: “No sirve de nada quejarse en los bares, no hay excusas posibles para quedarse en casa. Si no vamos a defender ahora nuestro modelo de vida, que lo estamos pasando mal, ¿cuándo lo vamos a hacer? Aunque sea por la memoria de nuestros padres y abuelos, que nos permitieron vivir del sector. Defender el campo por seguridad alimentaria, futuro de nuestros hijos y de nuestros pueblos”.
“Pagafantas” de los conflictos internacionales
Por último, el coordinador autonómico de COAG, Lorenzo Rivera, habló de situación “de crisis extrema” en un sector vital”, que “o se defiende ahora o muere para siempre”, con 300.000 hectáreas menos entre 2020 y 2026 “porque ha perdido la rentabilidad”. “El problema coyuntural se arregla con ayudas directas. Son insuficientes, pero necesarias para el año agrícola que empieza en octubre, cuando hay que volver a adquirir los insumos para sembrar”, dijo.
Sobre los problemas estructurales, el sector los sufre desde hace cuatro campañas por el conflicto en Ucrania. “No puede ser eterno. Las importaciones de Ucrania, Latinoamérica y Estados Unidos nos ahogan. España siempre tiene que comprar, y la mayoría de Ucrania viene de empresas de oligarcas, que tienen más de seis millones de hectáreas. Es una barbaridad porque no estamos ayudando a los ucranianos agricultores pequeños, sino a grandes especuladores y fondos de inversión que tributan en Luxemburgo, Chipre, Estados Unidos y Arabia Saudí”, acusó Rivera, a determinados grupos empresariales que “se aprovechan de las circunstancias de una guerra”. “Nosotros somos aquí los pagafantas. Si no acabamos con esto no tendremos un precio digno para el cereal, que tendría que estar un 40 por ciento más alto”, alertó.
Rivera consideró que es “imposible” que los agricultores de Castilla y León compitan con explotaciones de “cientos de miles de hectáreas” tanto en Ucrania como en Brasil o Argentina. “No podemos esperar tanto porque nos vamos a arruinar”, manifestó el responsable de COAG, quien pidió a la Unión Europea “tomar cartas en el asunto” si quiere defender a los productores españoles y cambiar el rumbo, controlar cuánta producción entra y cuándo para no distorsionar el mercado interior. Para terminar, recomendó a los agricultores “aguantar una campaña más, a sabiendas de las dificultades, para ver cómo se comporta la producción en la UE”. “Pero si no se arregla, el sector está herido de muerte”, sentenció.
