El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la alcaldesa del municipio murciano de Jumilla, Seve González, para solicitar información sobre la iniciativa dirigida a prohibir que se celebren fiestas musulmanas en instalaciones municipales.
A través de una actuación de oficio, el Defensor del Pueblo quiere conocer “el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno municipal del pasado 6 de agosto con la indicación de las medidas previstas a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos”.
Gabilondo hace referencia a la moción presentada por el único concejal de Vox en el ayuntamiento de Jumilla, Juan Agustín Carrillo, que pide «prohibir la celebración pública en la denominada ‘Fiesta del cordero‘ u otras conmemoraciones similares» de la comunidad musulmana, así como expresar «el rechazo» de la corporación municipal a esta celebración e impedir «la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española».
La moción ha sido suavizada por el PP, a través de una enmienda que pide «promover propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones tradicionales en nuestro país», sin citar en concreto las celebraciones musulmanas. No obstante, el texto conserva la petición de Vox de que se modifique el reglamento de las instalaciones deportivas municipales para que únicamente puedan celebrarse en estos espacios actividades de ámbito deportivo.
El campo de fútbol
De ponerse en práctica, dado que una moción no tiene carácter normativo, la comunidad musulmana de Jumilla no podrá utilizar, como ha hecho hasta ahora, el campo de fútbol de la localidad para rezar durante la Fiesta del Cordero. Aunque la moción aún no se haya plasmado en la legislación, la iniciativa de PP y Vox ha levantado una polvareda.
El Gobierno ha anunciado que investigará los «discursos de odio» que puedan desprenderse de la iniciativa, que considera que «atenta contra la libertad y dignidad de las personas» y contraviene la libertad religiosa y de culto recogida en la Constitución. Además, la Conferencia Episcopal Española se ha puesto del lado de la Comisión Islámica y ha considerado que el veto es una «discriminación que no puede darse en las sociedades democráticas».
