La Xarxa 0-3 Baleares, junto a los sindicatos CC OO, UGT y Stei han denunciado la situación “insostenible” y el incumplimiento generalizado de la normativa de la conselleria de Educación en el sector del primer ciclo de educación infantil. “Estas irregularidades se están produciendo en centros financiados directamente con recursos de toda la ciudadanía, teniendo en cuenta que Educación otorga sobre unos 45 mil euros por cada aula autorizada” para cubrir las cuatro hora de gratuidad, así como los gastos derivados de la gestión, se asegura. La Xarxa considera que es responsabilidad “directa e ineludible” de la administración educativa “supervisar y exigir que cada euro público se traduzca en un servicio que cumpla de forma estricta el decreto de mínimos, los ratios permitidos y la titulación que requiere el personal educativo”. Estas supuestas irregularidades se estarían produciendo en los centros privados o concertados, que disponen de esta oferta educativa tan temprana.
Los representantes sindicales mantiene que todo lo que se ha venido denunciando con anterioridad “es una muestra más de la precariedad estructural que sufre el 0-3 en nuestras islas”. Recuerdan que los trabajadores llevan todo un año denunciando la precariedad laboral, con sueldos que muchas veces ni siquiera superan el salario mínimo interprofesional. También denuncian la falta de horas no lectivas reconocidas para elaborar el proyecto educativo y la documentación que exige la misma Conselleria, así como la necesidad urgente de reducir los ratios educativos. “Frente a esta realidad se hace más evidente que nunca la necesidad de un convenio colectivo autonómico que regule y dignifique de una vez por todas las condiciones sociolaborales y educativas de los profesionales del sector”, se afirma en un comunicado.
También se asegura que la gravedad que padece este sector educativo queda demostrada en el informe de incidencias elaborado a partir de las denuncias de los mismos trabajadores, en el que se demuestra como numerosos centros incumplen de manera sistemática las directrices oficiales de la conselleria de Educación. Se estaría incumpliendo el calendario oficial y se aplica un recorte de la preparación pedagógica al avanzar el inicio del curso lectivo antes del 10 de septiembre. La Xarxa recuerda que la Conselleria estableció esta fecha, precisamente, para garantizar que las educadoras tuvieran los días previos para organizar espacios, preparar programaciones, coordinarse y planificar la acogida de los niños. “Por ello, abrir antes priva a los profesiones de este tiempo esencial”.
Asimismo, también se asegura que se está obligando de manera habitual a las educadoras a asumir tareas de limpieza de aulas, baños, lavandería, mantenimiento, administración y hasta “cocinar y preparar los alimentos del comedor”. Se recuerda que estas funciones están al margen de la categoría profesional y reducen el tiempo que deben dedicar a la atención educativa de los niños. A ello se añade los incumplimiento de ratios durante los meses de verano, donde se juntan niños de cero a seis años sin ningún tipo de refuerzo, ni periodo de adaptación progresivo, que se une a la falta de cobertura de plantillas mínimas por bajas o vacaciones durante todo el año. Esta situación, según los sindicatos, vulnera los derechos laborales y retributivos de los profesiones, ya que no están cobrando los complementos autonómicos que fueron aprobados por los educadores de las escuelas infantiles municipales externalizadas.
La Xara 0-3, junto a los sindicatos CC OO, UGT y Stei han trasladado formalmente todas estas incidencias y el listado de centros incumplidores, tanto a la conselleria de Educación, como a la dirección general de Primera Infancia. Se mantiene que como gestora y financiadora del servicio educativo delas escuelas infantiles de la red de centros concertados, la Conselleria tiene el deber de “vigilar y actuar”, para que no se permita que los fondos públicos sirvan para mantener centros que vulneraban la normativa, ni que se apliquen “reglas a la carta”, en función de la gestión individual de cada escoleta. “Si el 0-3 años es educación y se financia con dinero público, la conselleria de Educación no puede permitir estos incumplimientos. Exigimos que la normativa se cumpla, se vigile y se respete”, se exige en el comunicado.
Se exige también una actuación inmediata y de oficio por parte de la Inspección Educativa para verificar el cumplimiento de los ratios, el decreto de mínimos, la titulación del personal y el calendario escolar oficial.
También se reclama que se vigile que los fondos públicos, es decir, los 45 mil euros por aula, estén condicionados al cumplimiento absoluto de toda la normativa laboral y pedagógica. Los sindicatos exigen que se garantiza que las educadoras no tengan que realizar funciones de limpieza, ni de cocina, reservando la jornada subvencionada íntegramente a la función educativa que les corresponde.
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