Uno de los planes del Gobierno central antes de que llegue el parón del verano radica en dar un importante impulso a reactivar la reforma del sistema de financiación autonómica a través de la convocatoria de este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas. ¿El obstáculo?: La negativa del Partido Popular.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que los gobiernos populares autonómicos acudirán a la cita para defender un modelo basado en “equidad y justicia”, pero que no confluyen con los principios asentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
De esta manera, Gamarra, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en rueda de prensa, ha precisado que el modelo que vienen exigiendo no deben primar “los intereses políticos del presidente del Gobierno para garantizarse los apoyos”, buscando que el sistema garantice “que todos los españoles son iguales, vivan donde vivan”.
Fue a principios de este mes de julio cuando las comunidades del PP se plantaron ante el Ministerio de Arcadi España, quien propuso un déficit del 0,1% del PIB desde 2027 al 2029, avanzando que el próximo ejercicio fiscal recibirían “los mayores recursos de su historia”. En aquel momento, el titular de Hacienda ya lamentó el voto en contra de los territorios de la oposición: “No sé qué ha pasado de la abstención al voto en contra más allá del tiempo y, quizás, un elevado incremento de la necesidad de bloquear al Gobierno por parte de algunas comunidades autónomas del PP. En realidad, el voto en contra es a la sanidad, dependencia, educación y servicios sociales que ostentan la competencia las comunidades autónomas”, explicó.
Votar a favor del déficit supondrían, en cálculos de Hacienda, contar con un margen fiscal de 5.849 millones de euros en los próximos tres años: “Ese no es el juego de la política democrática, los ciudadanos quieren responsabilidad, que aparquemos diferencias cuando se trata de recursos importantes. Tendrán que explicar que, con la misma cifra, hace unos meses era abstención y hoy es en contra”, aseveró el ministro.
El impulso de Moncloa
El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca cerrar esta tarea pendiente antes del cierre del curso político del verano, aunque la reunión de este miércoles no supondrá la aprobación definitiva del nuevo modelo, pero sí un paso político necesario para afianzarlo, llevarlo en septiembre al Consejo de Ministros y, posteriormente, a las Cortes.
El objetivo de Hacienda no es más que culminar su entera tramitación antes de que finalice el año y para que entre en vigor el 1 de enero de 2027. Año en el que las comunidades autónomas podrán percibir, en caso de aprobarse, 20.975 millones de euros más que con el sistema vigente, lo que elevaría los recursos totales hasta los 224.507 millones.
La reforma, impulsada por el mandato de María Jesús Montero en Hacienda y que ahora toma de testigo Arcadi España, busca modificar la población ajustada –el indicador que calcula el coste real de prestar servicios públicos atendiendo a factores como envejecimiento, dispersión territorial o despoblación-, además de elevar la participación autonómica en ciertos impuestos, reforzar mecanismos de solidaridad entre territorios y una mayor aportación del Estado para sustentar los pilares básicos del Estado del Bienestar –sanidad, educación, dependencia y demás servicios sociales-.
Sobre la votación, el Gobierno cuenta con el 50% de los votos en el Consejo, por lo que precisaría de que al menos una comunidad autónoma respaldase la propuesta y obtener así luz verde. Un escenario que sí se contempla con el beneplácito de Cataluña, único territorio que sí avaló el planteamiento inicial de Moncloa y que motivó las críticas a la contra de Génova, al entender que el acuerdo está condicionado por los pactos entre el PSC y ERC hacia la financiación singular.
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