En el año 2024, el presidente andaluz, Juanma Moreno, alcanzó un acuerdo que fue considerado como «histórico» con los sindicatos CCOO y CCOO y con la Confederación de Empresarios de Andalucía. La Ley de Participación Institucional estableció las bases del diálogo y de la implicación de los agentes sociales en la actividad legislativa y definía un marco estable de financiación valorado en siete millones de euros. Así se recogió en los presupuestos de 2025 y en los de 2026. Pero a partir de 2027, el Gobierno andaluz cambiará esta dinámica. El pacto firmado con Vox establece el compromiso de reducir esta cuantía en un 50%. Es decir, un máximo de 3,5 millones de euros.
El presupuesto de desarrollo de la Ley de Participación Institucional está incluido en la Consejería de Empleo. Destina 3,5 millones de euros a la Confederación Empresarial de Andalucía, 1,7 millones de euros a UGT y otros 1,7 millones de euros a CCOO. Se trata de una compensación por la «dedicación y asistencia a órganos colegiados y otros ámbitos de negociación, concertación o diálogo». «Dichas compensaciones, que no tendrán naturaleza jurídica subvencional, se consignarán anualmente de forma individualizada para cada organización dentro del programa presupuestario correspondiente a la Consejería con competencias en materia de empleo, y su cuantía quedará determinada por los créditos iniciales de la Ley del Presupuesto de cada ejercicio aprobada por el Parlamento de Andalucía», recoge la ley de Participación Institucional aprobada por el Parlamento en 2024 con el rechazo de Vox.
«Se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces», recoge el pacto suscrito por Juanma Moreno y por Manuel Gavira.
Juan Manuel Moreno y Manuel Gavira, durante la firma del acuerdo del pacto de gobierno. / Victoria Flores
Rechazo de CCOO, UGT y CSIF
Los dos sindicatos mayoritarios han expresado desde el primer momento su rechazo expreso al contenido del acuerdo y específicamente al desmantelamiento de uno de los ejes de la Ley de Participación Institucional pactada en 2024. «La destrucción del Diálogo Social y el despliegue del autoritarismo están tras el anuncio de recortar y eliminar la financiación pública a los sindicatos y a la patronal. Es una simple cortina de humo más que un daño real a la actividad sindical o a la independencia y el funcionamiento del sindicato que tiene autonomía financiera total. La extrema derecha busca utilizar esto como excusa para destruir el diálogo social y anular la participación democrática de las personas trabajadoras y la ciudadanía en las políticas que les afectan, con el único fin de desplegar sin obstáculos su autoritarismo ideológico», resume la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.
En términos similares se expresa el secretario general de UGT -A, Oskar Martín, quien se lanzó públicamente a pedir una abstención a las formaciones de izquierda para evitar un gobierno de coalición entre PP y Vox en la comunidad autónoma. «Es un ataque al diálogo social y a la participación institucional», resumió.
Ambos sindicatos, además, coincidieron en señalar que el acuerdo implica un «desmantelamiento» de los servicios públicos y un avance de un modelo de «privatizaciones» en ámbitos como la sanidad o la educación. Un diagnóstico en el que coincide el sindicato CSIF, que no forma parte de la Ley de Participación Institucional ni estaría afectado por el recorte del 50% (dado que no tiene subvenciones directas): «Abren la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario. Va en la dirección equivocada y no responde a las necesidades reales de los andaluces ni de los profesionales», resumió el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.
Fuente: El Correo de Andalucía
