El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al valenciano José Vicente Berlanga, expresidente de la Sociedad Estatal del Uranio (Enusa) durante el periodo en que José Luis Ábalos fue ministro de Transportes. La providencia observa indicios de criminalidad en él y otras 24 personas, entre ellas la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en la pieza del ‘caso Leire Díez’ sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, en la que el juez halla «indicios de criminalidad» también en Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Cerdán.
Pedraz se apoya en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción donde apunta que la presidencia de Enusa de Berlanga coincide con el tiempo en que «Leire desempeñó el cargo de responsable de Comunicación de Enusa desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2021». Así, explica que el valenciano habría participado en una intermediación para facilitar la adquisición, por parte de Acciona, de acciones de Enusa en una incineradora de Melilla y la UTE de Cervera del Maestre (Castellón).
En su escrito, la Fiscalía recoge las conversaciones de 2021 mantenidas en el grupo que mantenían el expresidente de la SEPI, el empresario Antxon Alonso y Leire Díez llamado «Hirurok» (en castellano, «nosotros tres») a través de Threema, una aplicación de mensajería segura, donde hablan de las «dificultades» que había para la venta de esas participaciones y cómo solucionarlas. En ese contexto, el expresidente de la SEPI dijo que había hablado con Berlanga y que este le había mostrado su conformidad para «las dos cosas de Castellón y Melilla».
Días más tarde, compartió un documento donde resumía una conversación con el directivo valenciano, donde se refleja la licitación para la enajenación de esas acciones y se incorporaba como criterio preferente para la selección de ofertas la diposición del adjudicatario de asumir también la adquisición del usufructo de las acciones en la incineradora de Melilla. Para Anticorrupción, esto demostraría que el grupo de empresarios habría «actuado como enlace» entre Acciona y los responsables de Enusa, entre ellos Berlanga, para intervenir en «elementos esenciales» de la licitación, que esta acabara «en los términos inicialmente pactados entre ellos» y «con la ilícita finalidad de obtener un beneficio económico».
El nombre de Berlanga ya apareció vinculado a la causa que el pasado mes de diciembre provocó la detención del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000. Agentes de la UCO se personaron en su domicilio, el PSPV lo suspendió cautelarmente de militancia, y eso también provocó su salida de la Ejecutiva provincial del PSPV de la que formaba parte.
Berlanga ha tenido una larga trayectoria política en el PSPV de la ciudad de València como uno de los exponentes de la familia política de Ábalos. Fue asesor del grupo municipal y gerente de la Fundación Deportiva Municipal. Con el ascenso de Ábalos en Madrid dio el salto a esta empresa pública, encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas.
Respecto a este caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una «relación previa», aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían «sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico».
Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado ‘Hirurok’, «actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior».
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 durante los años de ministro y se le investiga ahora en la pieza sobre irregularidades en contratos públicos){kind=link}