Alberto Núñez Feijóo quiere responder a lo que llama la «ingeniería electoral» de Pedro Sánchez con una reforma de la ley electoral que premie con «un plus de diputados» al partido más votado en las elecciones generales.
Su objetivo es «dar estabilidad al Estado y a la democracia» frente a las maniobras «interesadas» del Gobierno «fabricando nuevos votantes» a través de 1,3 millones de nacionalizaciones de residentes y los 2,6 millones de potenciales nuevos españoles procedentes de la llamada ley de nietos.
El líder del PP enmarca esta propuesta dentro del catálogo de medidas que, promete, aprobará «nada más llegar a la Moncloa». Entre ellas figura esta reforma de la LOREG que, según su planteamiento, otorgue al ganador ese premio de mayoría como ocurre en las generales de Grecia y de Malta, e incluso en Italia para las elecciones regionales y locales.
En Grecia, el Parlamento (300 escaños) se elige mediante un sistema de proporcionalidad reforzada, con un bonus para el partido más votado.
La regla vigente prevé que el partido que obtiene más votos nacionalmente recibe 20 escaños extra cuando supera el 25% de los votos. Si supera la barrera del 40% del escrutinio, se le otorga un «plus de diputados» de hasta 50.
En Malta, el sistema para las generales es el llamado de Voto Único Transferible (STV, por sus siglas en inglés), que permite al votante ordenar sus preferencias entre candidatos y partidos y va repartiendo escaños en proporción a las preferencias de los electores.
Pero la Constitución establece una corrección: si el partido que obtiene más votos nacionales no consigue mayoría de escaños tras el reparto, se le asignan escaños adicionales hasta garantizarle esa mayoría parlamentaria.
En Italia, el «sistema de bonus a la mayoría» se aplica en ámbitos locales y regionales, aunque no en todas las circunscripciones: la coalición o lista que gana los comicios recibe un bloque de escaños extra para que el alcalde o presidente regional cuente con una mayoría estable.
La primera ministra, Giorgia Meloni, trató de implantarlo a nivel nacional, pero ha fracasado, de momento.
«Urgencia democrática»
En su discurso, Feijóo dibuja una «crisis total, una urgencia democrática, ética y moral» que exige algo más que una alternancia clásica ideológica. «Lo que toca no es votar izquierda o derecha, sino reponer la decencia en el Gobierno y en las instituciones», resume.
Feijóo asegura que el PP está «reformando y ampliando» su Plan de Calidad Institucional, que presentó en 2023, porque «se ha quedado antiguo» frente a los «desmanes del sanchismo».
Ese plan incluía ya límites al nepotismo y blindajes para organismos independientes, pero ahora el líder del PP lo quiere traducir en leyes orgánicas que fijen un «cinturón democrático» para que «no se pueda repetir algo como lo de Sánchez».
En esa misma lógica sitúa la reforma electoral con premio a la lista más votada. Feijóo entiende que necesitará «un Gobierno muy sólido en la próxima legislatura y que el pueblo se movilice» para respaldar un modelo que garantice mayorías claras.
Las encuestas, que le dan alrededor de 200 escaños a las derechas (PP y Vox) le permitirían proponer esta reforma con legitimidad, pero el líder del PP prefiere hacerla por consenso, «aunque con el actual PSOE no se puede», reconoce.
El precedente de 2011
El presidente del PP conecta su propuesta estatal con dos antiguos precedentes. «Estamos trabajando en algo que ya planteamos en 2011: una reforma electoral que propusimos para las entidades locales con un premio de mayoría a la lista más votada para que el alcalde sea siempre el más votado… al final se hizo de otro modo», recuerda.
Entonces, se reformó la LOREG mediante una proposición de ley conjunta en el Congreso, pactada en los últimos meses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se aprobó por consenso.
La modificación salió impulsada por PSOE, PP, IU, ERC, CiU y el Grupo Mixto. Pero los grupos rechazaron la idea popular de un premio de mayoría automático. El acuerdo fijó que el número uno de la lista más votada fuese investido alcalde si no fructificaban pactos alternativos con mayoría suficiente.
Es decir, se reforzó la posición del ganador sin llegar a instaurar una prima de escaños generalizada para la lista más votada en todos los municipios.
2015: blindar la gobernabilidad
En 2015, con Mariano Rajoy ya en La Moncloa y el sistema de partidos en plena transformación con la llegada inminente de Podemos y Ciudadanos, el PP volvió a abrir el melón de la «prima de mayoría», esta vez a nivel estatal.
En una convención política celebrada en el verano, los populares estudiaron una reforma con un plus de diputados «de hasta 50 escaños extra» para la lista más votada en las generales, inspirada en modelos como el griego.
«Se hizo en respuesta a un planteamiento que hacían los de la llamada ‘nueva política’, como Ciudadanos y Podemos«, explica una fuente de aquel PP. Según esa misma voz, esas fuerzas proponían variantes sobre el sistema d’Hondt que «pretendían favorecer a los medianos», y el PP reaccionó con la idea de blindar la gobernabilidad.
El diseño lo impulsó el hoy vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. El diputado Rafael Hernando anunció el registro de la iniciativa en los últimos meses de legislatura, sabiendo que no habría tiempo para aprobarla, con la intención de «provocar un debate» y conseguir «que todos los partidos se retraten».
Pedro Sánchez, ya entonces líder del PSOE en su primera etapa, rechazó de plano la reforma: «El no es para hoy y para siempre», le dijo a Rajoy, según relatan quienes participaron en aquellas conversaciones.
Pese al choque, tanto populares como socialistas compartían una preocupación de fondo. El bipartidismo se había roto: al PSOE le había nacido Podemos por su izquierda y al PP le había surgido Ciudadanos hacia el centro, como se comprobaría en las elecciones bloqueadas de 2015 y en su repetición en 2016.
Y la inestabilidad llegó. Tanto que Sánchez acabó saliendo de la Secretaría General del PSOE tras negarse a aceptar la abstención que facilitara la investidura de Rajoy.
Leyes orgánicas
Ese recuerdo está muy presente hoy en Génova, cuando Feijóo vuelve a poner sobre la mesa la idea de un plus de escaños al más votado para evitar nuevos bloqueos.
El líder del PP no sólo habla de estabilidad parlamentaria. También vincula su reforma electoral con una ofensiva contra «todo lo que hace Sánchez, que es siempre lo que no favorece a España ni a los españoles«.
Feijóo anuncia que «tenemos que cambiar la ley de nacionalidad» y alerta de posibles fricciones con el Pacto de Migración y Asilo y el Reglamento de Retornos de la UE, asunto que ya ha llegado al Tribunal Supremo, según informa este martes EL ESPAÑOL.
«Estamos preocupados porque la nacionalidad es la mayor expresión del vínculo de una persona con una nación», resume.
Frente a ese panorama, la respuesta que propone pasa por tres ejes: nuevas leyes orgánicas para cerrar las grietas «de lo no previsto por la Constitución», una reforma electoral que premie al ganador con un plus de escaños y un endurecimiento de las condiciones de acceso a la nacionalidad.
«Se trata de recuperar el valor de la palabra, de la decencia«, concluye el líder del PP, convencido de que su partido tiene «un papel histórico» en la próxima legislatura.
