Le decían «el secreto mejor guardado del Caribe» por sus interminables playas de arena fina, que llegan a recibir un millón de turistas durante los veranos y carnavales. Pero por estas horas todo está a la vista en La Guaira, a 30 kilómetros de Caracas: es pura ruina, la ‘zona cero’ del doble terremoto que ha asolado a Venezuela y que, según las cifras provisionales, ha provocado 920 muertos y 3.360 heridos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas asegura haber recibido una estimación no confirmada que el número de desaparecidos podría ascender a 50.000. Entre los fallecidos hay cinco españoles, otros 14 están atrapados bajo los escombros y 119 aún no han sido localizados.
La principal salida al mar de los caraqueños, el lugar «donde el agua y la montaña se encuentran», según las publicidades, ha quedado destruido. La «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, anunció este viernes la militarización de ese estado para coordinar la asistencia humanitaria y la seguridad ciudadana. Las noches que siguieron al colapso fueron de angustia y desesperación, entre la incertidumbre, el miedo a las réplicas y los rumores de saqueos de lo que había quedado en pie. Anteriormente, Rodríguez había declarado a La Guaira zona de desastre. Según el ministro de Interior, Diosdado Cabello, más de 100 edificios se desplomaron, pero otras estimaciones duplican ese número. Cabello dijo que más de 70.000 familias habían perdido casi todo. «Háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos seísmos», dijo a Venezolana de Televisión. La búsqueda de supervivientes se desarrolla en medio de los peores pálpitos.
La ciudad que solía bullir en los estíos, cuya franja costera está rodeada por un extenso bulevar, ha recibido el peor de los golpes de la tierra venezolana. El primer día posterior a los temblores, al panorama de la devastación se le sumaron las dificultades para llevar adelante las tareas de rescate: falta de equipos, voluntarios improvisados que llegaron de Caracas en motocicletas y vehículos particulares, sin señal telefónica ni servicio de datos.
Sucedió lo impensable
La Guaira, donde el pasado colonial y las calles de piedra se mezclan con un modernismo dudoso, nunca había imaginado lo que sucedió. Había sido seriamente golpeada en 1999 por un deslave, la llamada tragedia de Vargas, que arrastró a la muerte unas 1.500 personas. Pero la previsión de un acontecimiento telúrico de esta magnitud no formaba parte de las hipótesis de un país que se encuentra en el límite entre las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica. Venezuela sufrió en el pasado terremotos fuertes. En 1812, fallecieron más de 15.000 personas, de acuerdo con la historiografía. En 1967 se derrumbaron varios edificios en Caracas y murieron 240 de sus habitantes tras el temblor.
El espaciamiento entre las tragedias es considerado por estas horas de dolor una de las razones de la ausencia de una cultura sísmica como la de Chile e incluso Perú, a pesar de que los peligros estaban siempre en estado latente. Nunca ha existido en Venezuela una sensación de amenaza inminente de terremotos. La ciudadanía no tenía internalizado un protocolo de evacuación sencillamente porque no existía. Al momento en que todo comenzó a moverse, no supo muy bien cómo proceder. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) calcula que el 80% de los ciudadanos vive en lugares expuestos a fallas sísmicas. Sin embargo, Estado nunca capitalizó esa información. No se realizan simulacros masivos ni se implementan estrategias urbanísticas que mitiguen las eventuales desgracias.
Construcciones endebles
El otro problema que se hace más visible en La Guaira pero también afecta a Caracas y otras ciudades impactadas el pasado miércoles es del orden de la política urbana y el control gubernamental. La Funvisis ha sostenido también que los riesgos para la población siempre estuvieron presentes en la medida que una parte de ella se asentó sobre zonas inestables. El crecimiento urbano y el desarrollo de infraestructura en áreas vulnerables, algo que es evidente en Caracas, siempre fue una bomba de tiempo que podía activarse con un temblor. Eso es lo que sucedió en las barriadas populares como El Onoto y San Pablito, en el sureste capitalino, y El Junquito, otra de las parroquias caraqueñas. Miles de sus viviendas, y también edificaciones de lo que ha comenzado a llamarse la zona cero fueron levantadas sin el cálculo de un ingeniero estructural. Se utilizaron además materiales inadecuados en terrenos inestables o sedimentos sueltos que pueden amplificar los temblores.
Los episodios de 1967 obligaron a Venezuela a endurecer las normas de edificación, y es por eso que muchas construcciones apegadas al protocolo pudieron resistir el temblor. No ha ocurrido lo mismo con las casas e inmuebles previos a aquel terremoto. Sin embargo, lo que sucedió en la capital y La Guaira da cuenta de que los niveles de informalidad edilicia en numerosos casos terminaron pagándose muy caro. Si bien existen regulaciones, actualizadas en 2019 para cumplir con los más altos estándares de ingeniería antisísmica, los especialistas calculan que el 25% de las construcciones no las cumplen.
La vulnerabilidad a flor de piel
Otro factor añadido ha quedado de manifiesto. El Estado venezolano atraviesa desde hace años una crisis sistémica. Los incumplimientos de las normativas tienen que ver a veces con el debilitamiento institucional y la ineficiencia de los mecanismos de inspección.
En 2019, la geógrafa de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Virginia Jiménez Díaz, había llamado la atención en una entrevista con el portal La gran aldea: «hay alguien construyendo una vivienda en una quebrada, en una ladera o vertiente inestable, o en una zona propensa al deslizamiento. Esto ocurre porque la institución es débil». Y sentenció, de modo profético: «seguimos siendo vulnerables».
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