El Gobierno de Castilla y León nació el lunes 15 de junio con un decreto que incluía una disposición de alto valor político: Carlos Pollán, el vicepresidente primero de la Junta, de Vox, no sustituirá a Alfonso Fernández Mañueco cuando se ausente.
El documento rebaja de esta forma el peso institucional de Vox. El artículo 4 establece que «corresponde a la Vicepresidencia Segunda la sustitución en primer lugar del presidente».
Mañueco calca así el modelo que ya aplicó su colega Jorge Azcón en Aragón en la primera legislatura, y que María Guardiola ha reproducido también recientemente en Extremadura.
Aunque la formación de Santiago Abascal asume las vicepresidencias, el partido de Alberto Núñez Feijóo se reserva la mayor representación institucional y la presidencia de los consejos cuando falte el jefe del Ejecutivo.
Esta situación supone un cambio respecto de la etapa anterior en Castilla y León.
Cuando Vox entró en su primer gobierno de coalición, en 2022, el sustituto de Mañueco fue siempre Juan García-Gallardo. No sólo era el único vicepresidente, sino que sus competencias nunca fueron de gestión, y su perfil era eminentemente institucional.
García-Gallardo llegó a presidir cinco Consejos de Gobierno en ausencia del presidente. Y siempre era él quien representaba a la autonomía en el Comité de las Regiones de la UE.
Ahora, ese poder simbólico, pero también real, se traslada a la Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco, del PP, en un movimiento que algunas fuentes describen como «un gol político» de los populares a Vox.
Mañueco se apoya en la Ley 3/2001 de Gobierno de Castilla y León. En ella se dice que «el presidente será sustituido por uno de los vicepresidentes, si los hubiere, según su orden […] salvo que el presidente designe expresamente a otro miembro de la Junta«.
Con el nuevo esquema, Mañueco ha optado por su compañera de partido, en un ajuste que rebaja el peso institucional de Carlos Pollán.
Se da la circunstancia añadida de que en la pasada legislatura el propio Pollán presidía el Parlamento regional, un cargo que ahora también quedó en manos de los populares.
El mismo juego del PP
El giro en Castilla y León no es algo aislado. En Extremadura, María Guardiola ya había establecido en su decreto del pasado 30 de abril que, en su ausencia, quien ocupe la presidencia del Consejo de Gobierno sea el vicepresidente segundo, Abel Bautista, también del PP, y no Óscar Fernández Calle, de Vox.
Vox ostenta la Vicepresidencia Primera y carteras de alto impacto político, pero la suplencia y la representación institucional descansan en manos populares. Fuentes del entorno de la presidenta extremeña presumen ahora de que «Castilla y León ha repetido el planteamiento extremeño en esto».
Pero lo cierto es que este patrón tiene un precedente previo. Azcón ya lo aplicó en favor de su compañera del PP Mar Vaquero, en su primer Ejecutivo de coalición con Vox, entre 2023 y 2024, y lo ha reforzado en el actual.
El decreto de organización del Gobierno aragonés, publicado el pasado 4 de mayo, fija que la sustitución del presidente corresponderá en primer lugar a Vaquero, también consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, y no a Alejandro Nolasco, el vicepresidente de Vox, al frente de Desregulación, Bienestar Social y Familia.
Es el molde que ahora se extiende por las tres Comunidades donde los populares gobiernan de la mano con Abascal… en plena negociación de Juanma Moreno en Andalucía, de la que no ha trascendido casi nada.
Matices en las consejerías
En Castilla y León y en Extremadura, además, los decretos de formación de gobierno no sólo ordenan la suplencia. También recortan en parte los poderes de las consejerías de Vox.
Fuentes conocedoras de las negociaciones subrayan que se han «matizado» las competencias de Pollán, a quien se le ha acotado su capacidad de influencia sobre Economía y Hacienda, en especial en materia de desregulación normativa.
Y en el Ejecutivo de Guardiola, la Discapacidad y la Dependencia se han sacado de la cartera de Servicios Sociales que ostenta Fernández Calle y se han llevado a Salud, de Sara García (PP).
Es decir, las Vicepresidencias Primeras ganan visibilidad y discurso, pero pierden parte del peso institucional y político.
En Vox, el encaje se acepta «a regañadientes», según las fuentes consultadas de la negociación: el PP ha blindado los resortes clave.
Ahora, desde el lado popular se le trata de quitar hierro: «No es que no nos fiemos, pero ordenamos la casa, el socio tiene poder político y gestión, pero la arquitectura institucional la sigue marcando el presidente» y su partido.
En las filas de Vox, varias voces definen lo ocurrido como «un gol de Mañueco por la escuadra». Porque, si el resultado electoral ha sido mejor que en las anteriores autonómicas, no tendría sentido perder la Presidencia de las Cortes y peso institucional.
Asumen que el PP «se conoce al dedillo la ley, porque la escribieron ellos» y llevan casi 40 años en el poder. La Vicepresidencia Primera de Pollán sólo supliría a Mañueco «si el presidente fallece o es inhabilitado», según la norma autonómica.
Los relatos
Vox ha logrado entrar en los gobiernos de las tres autonomías con vicepresidencias y consejerías de alto perfil, sobre todo en familia, servicios sociales, inmigración, agricultura y mundo rural.
Ha impuesto el principio de «prioridad nacional» en ayudas, vivienda y prestaciones y ha arrancado senadores autonómicos en territorios clave: «Para ellos, eso pesaba más que otras cosas, para tener grupo propio en la Cámara Alta». Ésa es la parte del relato que el partido exhibe para justificar los acuerdos ante su electorado.
El PP, por su parte, presume de haber consolidado mayorías «más potentes» que en las legislaturas anteriores.
Mañueco, Azcón y Guardiola mantienen las presidencias autonómicas y controlan las Mesas de los Parlamentos. Los populares señalan que, salvo en Aragón, han mejorado en votos y porcentaje, y que la coalición con Vox es el precio para asegurar estabilidad, pero no para ceder la batuta institucional.
En los asuntos más «nacionales» de los pactos, la negociación se llevó directamente desde las direcciones centrales. Génova y la cúpula de Vox se reservaron los grandes marcos.
El propio documento interno de Feijóo para negociar con Vox fija que el PP podía «ampliar su oferta programática, pero nunca contradecirla«. Esa pauta se ha repetido en los tres territorios, con calcos casi literales en algunos puntos sensibles.
Mañueco, Azcón y Guardiola preferían gobernar en solitario y lo han dicho en privado una y otra vez.
Desde su entorno se deslizaba que «en Vox faltan cuadros para que las consejerías funcionen bien de verdad» y que «es más eficiente la gestión de los gobiernos con un solo partido y que el socio marque desde el Parlamento».
La aritmética, sin embargo, les ha empujado a ceder la entrada de Vox en los consejos de gobierno.
El resultado final es que Vox puede exhibir consejerías, vicepresidencias y banderas programáticas como la «prioridad nacional». Y el PP, por su parte, conserva la llave de la representación institucional y buena parte de los resortes administrativos más sensibles: coalición sí, pero con la jerarquía bien atada.
