La investigación judicial abierta contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por un supuesto delito contra la libertad sexual ha entrado en una nueva fase después de que la Fiscalía Provincial de Lugo se oponga al archivo de la causa y solicite la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.
La posición del Ministerio Fiscal, conocida este miércoles, ha provocado además una intensa confrontación política en la Diputación lucense, donde el Partido Popular acusa a Tomé de pretender que la institución provincial asuma los costes de su defensa jurídica, mientras que la Presidencia de la Diputación niega que exista decisión alguna para destinar fondos públicos a ese fin y acusa a los populares de difundir información incompleta.
En un escrito fechado el pasado 22 de mayo, la Fiscalía Provincial de Lugo rechaza el recurso presentado por la defensa de José Tomé contra la resolución judicial que acordó continuar la instrucción del caso.
El Ministerio Fiscal sostiene que la petición de sobreseimiento resulta prematura «porque todavía quedan actuaciones de investigación relevantes por practicar y porque la causa se encuentra en una fase inicial».
Aunque reconoce que, con la información disponible hasta el momento, resulta complejo encajar los hechos denunciados dentro del delito específico de acoso sexual, la Fiscalía considera que «todavía no existen elementos suficientes para descartar esa posibilidad de forma definitiva».
Además, el escrito advierte de que, incluso si finalmente no se apreciase la existencia de un delito de acoso sexual, los hechos investigados podrían ser constitutivos de otros ilícitos penales relacionados con la libertad y la dignidad de las personas.
Entre las posibles figuras delictivas que menciona el Ministerio Fiscal figuran amenazas, coacciones, trato degradante o conductas de carácter sexual que pudieran generar una situación objetivamente «humillante, hostil o intimidatoria para la denunciante».
Nuevas pruebas y testigos
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía solicita la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas reclama la incorporación al procedimiento de las conversaciones mantenidas entre la denunciante y el investigado, documentación que considera relevante para determinar el alcance de los hechos denunciados.
Asimismo, pide la declaración de varias personas identificadas por las testigos que ya han comparecido durante la instrucción y que podrían aportar información relevante sobre los hechos o incluso haber vivido situaciones similares.
El objetivo de estas actuaciones, según recoge el escrito fiscal, es obtener una reconstrucción lo más precisa posible de los acontecimientos investigados antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre la continuidad o no del procedimiento.
Por todo ello, la Fiscalía solicita que se desestime el recurso presentado por la defensa y que se mantenga la investigación abierta.
Denuncia por el pago de la defensa
Coincidiendo con la difusión de la posición de la Fiscalía, el Grupo Provincial del Partido Popular ha elevado el tono de sus críticas contra el expresidente de la Diputación.
El portavoz popular, Antonio Ameijide, acompañado por los viceportavoces Demetrio Salgueiro y José Ángel Santos, ha asegurado que José Tomé ha solicitado que la Diputación de Lugo asuma los gastos derivados de su defensa jurídica en esta causa judicial.
Según ha explicado el dirigente popular, su grupo tuvo acceso a la documentación relacionada con esa petición después de denunciar dificultades para consultar el expediente correspondiente.
Ameijide ha afirmado que la solicitud fue presentada el pasado 27 de abril y que contempla unos honorarios de 37.000 euros, sin IVA, correspondientes al despacho Gómez de Liaño & Márquez de Prado Abogados. A juicio del PP, resulta «inaceptable que recursos públicos puedan destinarse a sufragar la defensa de una persona investigada por un presunto delito sexual».
Por este motivo, los populares han anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno provincial para impedir que la Diputación pueda asumir gastos jurídicos de representantes políticos o trabajadores públicos investigados por delitos sexuales o por conductas que vulneren los derechos de las mujeres.
Ameijide ha sido especialmente crítico con el actual gobierno provincial y ha exigido al PSOE y al BNG posicionarse públicamente sobre esta cuestión. También ha insinuado que la cobertura de estos gastos podría formar parte de las condiciones pactadas tras el relevo producido recientemente en la presidencia de la Diputación.
Durante su comparecencia, el portavoz popular ha cuestionado igualmente el papel del BNG y reclamado una postura clara de la formación nacionalista sobre el posible uso de dinero público para sufragar la defensa de Tomé.
Las acusaciones del PP han encontrado una respuesta inmediata por parte de la Presidencia de la Diputación de Lugo. La actual presidenta, Carmela López, ha rechazado de forma tajante que exista una decisión para asumir con fondos públicos los gastos de defensa jurídica del expresidente y ha calificado de incorrecta la interpretación realizada por los populares.
Según ha explicado la institución provincial, la Diputación dispone desde hace tiempo de una póliza de responsabilidad civil para autoridades que cubre a los 25 diputados provinciales y al personal de la Administración General.
No obstante, subraya que esa cobertura está sometida a condiciones estrictas. En concreto, la aseguradora únicamente podría asumir determinados gastos en caso de que el solicitante resultase absuelto o de que la causa fuese archivada. Por el contrario, la póliza no contempla la cobertura de costes derivados de conductas delictivas acreditadas.
Desde la Diputación insisten en que no existe acuerdo alguno para destinar dinero público a la defensa de José Tomé y consideran que el PP ha omitido deliberadamente información relevante al presentar el asunto ante la opinión pública.
Otro de los puntos de enfrentamiento entre ambas partes gira en torno al acceso a la documentación solicitada por el Grupo Popular. Los populares denunciaron que inicialmente se les remitió un expediente distinto al solicitado, relacionado con una petición económica del Ayuntamiento de Monforte por importe superior a dos millones de euros.
La Presidencia reconoce que se produjo un error material en el envío de la documentación, pero sostiene que fue detectado y corregido de forma inmediata, remitiéndose posteriormente el expediente correcto.
Para el gobierno provincial, «convertir ese incidente administrativo en una supuesta estrategia de ocultación carece de fundamento y no responde a lo ocurrido».
