La huelga en la enseñanza pública valenciana, tras varias semanas de movilizaciones, ha adquirido una dimensión que trasciende las reivindicaciones laborales del profesorado. Aunque los docentes tienen pleno derecho a exigir mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, resulta difícil ignorar el evidente componente político que rodea las protestas y el interés de algunos partidos por capitalizar el descontento social, especialmente por parte de Compromís.
Esta noche, durante el programa La Sexta Xplica, veíamos a Joan Baldoví luciendo una camiseta de apoyo al profesorado de la enseñanza pública valenciana mientras arremetía contra el Gobierno de Pérez Llorca. Sin embargo, nadie de los presentes, periodistas ilustres, le preguntó al Síndic de Compromís por qué durante los ocho años de gobierno del Botànic no se produjo ninguna huelga indefinida de estas características, pese a que muchas de las reivindicaciones planteadas entonces por los docentes son similares a las que hoy se escuchan en las calles. De hecho, hasta en cinco ocasiones los representantes del profesorado reclamaron reuniones con la Conselleria de Educación, entonces dirigida por miembros de Compromís, sin obtener las respuestas esperadas. . O, por ejemplo, por qué Compromís ha seguido apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a las promesas incumplidas de mejorar la financiación autonómica.
La situación de la educación valenciana no puede analizarse al margen de uno de los principales problemas estructurales de la Comunitat Valenciana: su financiación autonómica. Desde hace años, numerosos informes y expertos coinciden en señalar que la Comunitat Valenciana se encuentra entre las autonomías peor financiadas de España. Esta realidad limita la capacidad de cualquier gobierno para incrementar plantillas, mejorar infraestructuras o asumir aumentos salariales de forma inmediata. En 2025 la deuda pública en la Comunidad Valenciana fue de 63.934 millones de euros, la más elevada de España en relación con el PIB, una situación que condiciona notablemente el margen de actuación de cualquier gobierno autonómico.
Resulta legítimo que los profesores reclamen mejoras retributivas, como lo tienen los bomberos, los médicos o los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sus demandas merecen ser escuchadas y negociadas.
Por otra parte, Compromís atraviesa un momento político favorable en términos demoscópicos y algunas encuestas apuntan incluso a la posibilidad de recortar distancias con el PSPV, incluso hasta que se produzca el sorpasso. Al mismo tiempo, los socialistas valencianos se ven condicionados por el desgaste derivado de los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
La vuelta a la primera línea política de Mónica Oltra, que pese a su imputación ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Valencia, coincide además con la presencia de colectivos como Arran, un grupo de extrema izquierda radical, antisistema y anarquista vinculado a las CUP, que poco o nada tiene que ver con las demandas laborales y educativas del profesorado valenciano.
Las reivindicaciones del profesorado son legítimas y merecen ser escuchadas por la Administración. Sin embargo, cuando determinadas fuerzas políticas intentan capitalizar el descontento social para obtener rédito electoral, el debate educativo corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano. La prioridad debería ser alcanzar acuerdos que mejoren la enseñanza pública valenciana, al margen de intereses partidistas. Pero parece que los tiros van por otro lado.
