El Gobierno, al contrario que el PSOE, evita cualquier insinuación sobre una guerra sucia judicial o ‘lawfare’ en el caso de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, fuentes de Moncloa sí subrayan que “confiamos en su inocencia”. A la espera de analizar el contenido del auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama donde se sitúa al expresidente como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, las mismas fuentes señalan tranquilidad. Se descarta así cualquier efecto político, como una moción de censura sobre la que desde Vox presionan al PP.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros tanto el legado político del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como su “afecto” personal tras ser imputado en el caso Plus Ultra. “Desde el punto de vista personal, le tengo tanto afecto como inquina le tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral, cuando menos se lo esperaban”, contrapuso. Tras ello abundó en el “orgullo” desde el punto de vista político por los “avances en derechos” durante su mandato y la derrota de ETA.
Sainz ha reclamado respeto a su “presunción de inocencia” y señalado la “tranquilidad” del Ejecutivo ante una investigación por un rescate “pulcro y transparente”. Sobre esto último, destacó que el rescate a la aerolínea durante la pandemia, como otros procesos similares, “fueron autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE y el Tribunal de Cuentas”. “Tranquilidad, confianza y respeto a un principio fundamental que es la presunción de inocencia”, abundó.
Pese a que fue la Fiscalía Anticorrupción quien abrió esta operación, en el Gobierno ponen énfasis que “el origen de esta investigación” es una denuncia “de una organización ultraderechista como es Manos Limpias”. Una denuncia “basada en enlaces con declaraciones de Aldama”, denuncian fuentes del Gobierno.
En el Gobierno combinan el “máximo respeto a la justicia” y la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con que “la justicia hará justicia”. En privado, el respaldo al expresidente del Gobierno es total, así como la convicción de que este caso sería uno más de una campaña en contra del Gobierno. “La semana que viene juzgan al hermano del presidente del Gobierno y no sabemos el porqué”, señalan para preguntarse retóricamente si no hay una campaña en contra del Ejecutivo.
Al expresidente del Gobierno se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental y blanqueo de capitales por los que será interrogado en calidad de imputado el próximo 2 de junio. Según la investigación, cuyos resultados recoge el magistrado en el auto que se extiende a lo largo de 85 páginas, la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
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