El Gobierno entra de lleno en los polémicos acuerdos firmados entre PP y Vox para formar gobiernos autonómicos en Extremadura o Aragón y alerta de que el concepto de prioridad nacional «pone en serio riesgo» la «seguridad» de los migrantes que viven en nuestro país, además de abundar en la «estigmatización» sobre este colectivo.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, advirtió en estos términos en su comparecencia de este martes en comisión en el Congreso, donde acudió para dar cuenta de la regularización extraordinaria de migrantes. En su intervención inicial, la dirigente aseguró que «es preocupante» que «se dado un paso más en esta estigmatización de las personas migrantes a través del concepto prioridad nacional», una expresión que supone a su juicio “una forma muy desacomplejada” de señalar a la población extranjera.
La dirigente socialista sostuvo que este tipo de discursos “ponen en serio peligro la propia seguridad, la propia dignidad y los derechos humanos de las personas que están aquí con nosotros”. Además, aseguró que estas posiciones “pervierten el marco constitucional, el marco estatutario y la propia normativa europea”. En este contexto, reivindicó que “el único límite que hay y que debemos respetar es el marco de la Constitución y el marco de la ley”.
Los acuerdos autonómicos que incluyen el concepto de prioridad nacional ha levantado cierto revuelo en las filas del PP, donde rebajaron este planteamiento a leyes relativas al arraigo, con críticas por parte de algunos barones como Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid o Juanma Moreno en Andalucía.
La secretaria de Estado de Migraciones acusó a PP y Vox de mantener «una carrera por la competición electoral» con este tipo de acuerdos, y mostró la oposición del Gobierno que, dijo, “rechaza frontalmente este tipo de acuerdos al amparo de este nuevo concepto”.
La secretaria de Estado tamibén apeló a la última resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde señalaba que la duración de la estancia en un Estado miembro no puede utilizarse como criterio para limitar prestaciones destinadas a beneficiarios de protección internacional. “Estamos hablando de las personas que piden asilo, que son los más vulnerables de los vulnerables”, remarcó.
Cancela defiende la regularización
Durante la comisión parlamentaria, Cancela ha defendido la regularización migartoria apoyada en dos vertientes: los derechos humanos y el crecimiento económico, defendiendo que el 15% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, lo que supone 3,2 millones de cotizantes, y que hay 500.000 autónomos extranjeros.
La dirigente aseguró que la principal característica de esta regularización es que se aceleran los plazos, con un máximo de tres meses para tener plazos de resolución, que en ningún caso se resolverá con silencio administrativo. En caso de hacer requerimientos de información, aclaró, estos plazos se suspenderían. El último día para poder presentar los documentos es el 30 de junio.
Además, a lo largo de su comparecencia advirtió que los «antecedentes penales no se pueden obviar» y que «ninguna persona que no pueda acreditar antecedentes penales no será objeto de una resolución positiva. Es imposible».
El PP señala un «interés partidista en periodo electoral»
En las réplicas de los portavoces, PP y de Junts también han criticado duramente la regularización de migarntes. El portavoz popular, José Vicente Marí, ha acusado al Gobierno de «apropiarse» de la Iniciativa Legislativa Popular que el propio PP apoyó en el Congreso y que quedó paralizada en la comisión parlamentaria porque «no le gustaron las enmiendas que se presentaron y no tenía mayoria». «La dejó en dique sequo y se sacó de la manga el real decreto para no escuchar a nadie», criticó el dirigente popular. «¿Así entiende usted las políticas de Estado?».
Martí también criticó el cómo se había llevado a cabo la regularización de migrantes, recordando la intervención de la propia Cancela en diciembre de 2024, cuando en esa misma comisión defendió que el nuevo pacto de migración y asilo de la Unión Europea limitaba la posibilidad de regularizaciones masivas. En aquella comparecencia, la secretaria de Estado de migraciones defendió la figura del arraigo como una fórmula que «funciona» y tiene «impacto positivo» para pivotar la concesión de permisos de trabajo o de residencia: «Tenemos que ir a ese tipo de permisos para garantizar también la seguridad jurídica», defendió en 2024.
Sobre aquella comparecencia, el diputado del PP «qué ha cambiado desde diciembre de 2024, cuando decía que no era posible hacer regularizaicones colectivas según el pacto europeo de migración y asilo». Martí atribuyó este «cambio súbito de opinión» para defender ahora lo que consideró una «regularización masiva»: «Ha cambiado que peligraba la silla del señor Sánchez», criticó. El portavoz popular defendió que «a su Gobierno le interesaba poner la regularización y la inmigración [en el debate] por un interés partidista en este periodo electoral«. «Se pensaba que por ello tendrían más votos», censuró Martí.
Junts: «Son unos trileros, engañan a Europa»
Otras de las críticas más duras llegó por parte del portavoz de Junts, Josep María Cervera, que acusó al Ejecutivo de utilizar la fórmula de la reforma reglamentaria para evitar el debate parlamentario y sin que tuviera que aprobarse en el Congreso. El dirigente aseguró que ya existen «mecanismos» para regularizar y reprochó al Gobierno que justifique ahora una medida excepcional. “Son unos trileros«, criticó. «Visten jurídicamente la regularización individualizada para engañar a Europa y para ahorrarse los trámites parlamentarios”, afirmó.
El parlamentario de Junts criticó además que el Ejecutivo haya impulsado la medida “por la puerta de atrás” y le acusó de paralizar la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización «sin margen» para negociar enmiendas o consensos. Según sostuvo, la decisión se ha tomado “sin debate, sin posibilidad de matices, sin posibilidad de enmienda y, por lo tanto, sin apoyos parlamentarios y también sin consenso político ni territorial”.
Cervera aseguró que a su formación le preocupa especialmente “el impacto que tendrá en Cataluña”, al considerar que la comunidad concentra una gran parte de la llegada de migrantes, «uno de cada cuatro«, y que sus servicios públicos atraviesan una situación de “tensión estructural permanente”.
Pese a defender que “la inmigración es necesaria”, el diputado insistió en que el debate debe centrarse en “cómo, quién decide y quién gestiona”. En este sentido, reclamó competencias integrales de inmigarción para Cataluña y defendió que “querer gestionar la inmigración diferente de como lo hacen ustedes no es ser racista”. También advirtió de que “la regularización extraordinaria, sin más, no garantizará nada” y alertó de que, si no se refuerzan antes los servicios públicos y la capacidad de acogida, “seguiremos sin capacidad de garantizar ni la acogida ni la integración”, lo que, a su juicio, puede acabar “fragmentando la cohesión social”.
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