El Ayuntamiento de Palma dio instrucciones políticas para no reforzar el personal en la OAC Social pese al colapso que sufre por el proceso extraordinario de regularización de migrantes. Los trabajadores de los Servicios Sociales del Consistorio denunciaron este hecho el pasado 16 de abril en un comunicado y este jueves lo ha admitido la coordinadora general de Servicios Sociales, Patricia Pizá.
Ha sido durante una comparecencia a petición de Podemos en el marco de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía previa al pleno. La regidora Lucía Muñoz le había preguntado por qué no se había reforzado la OAC Social, a donde los migrantes tienen que acudir en busca de un certificado de vulnerabilidad, y quién había dado la orden de no hacerlo. Pero Pizá ha protagonizado una breve intervención en la que no ha despejado ninguno de esos interrogantes, lo que ha irritado a la regidora ‘morada’.
«No me ha contestado a ninguna pregunta», ha espetado Muñoz a Pizá. «Le he contestado a todas», ha respondido la coordinadora general. «¿Quién ha dado la orden?», ha insistido la regidora. Y la respuesta de Pizá no ha dejado lugar a dudas: «La orden se dio desde la dirección política para evitar que la ciudadanía, en general, se quedara sin los servicios que prestamos y que son esenciales para cualquier persona que viva en Palma».
De este modo el equipo de gobierno municipal admite que hubo instrucciones para no reforzar la OAC Social, aunque no se ha despejado la incógnita de quién de esa «dirección política» salió esa orden. Junto a Pizá estaba la la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que no ha intervenido.
En su comunicado, los trabajadores sociales señalaron que habían adoptado inicialmente medidas de refuerzo de personal para tratar de garantizar «la atención adecuada a las personas solicitantes». Sin embargo, los trabajadores aseguraban que habían recibido «instrucciones políticas para no reforzar el servicio», de manera que, denunciaban, toda la gestión de este volumen extraordinario de solicitudes recaerá únicamente sobre el personal habitual de la OAC Social, ubicada en el parque Ceibos.
El PP argumenta ahora que no reforzó el servicio porque eso implicaría dejar sin atención a otros ciudadanos que acuden a los Servicios Sociales a realizar otros trámites. Y culpa del colapso que sufre la OAC al Gobierno central por haber lanzado un proceso de regularización extraordinaria «sin coordinarse con los ayuntamientos ni tener claros los procedimientos».
PSOE: «Hay incapacidad o maldad»
La intervención de Pizá tampoco ha gustado al PSOE y a Més per Palma. «Han reconocido instrucciones políticas, pero no nos ha dicho de quién. Esto es muy grave», ha indicado Miquel Àngel Contreras. «No ha contestado a ninguna pregunta. Ustedes no han permitido que hubiera refuerzos porque les interesaba que hubiera esas largas colas», ha criticado el regidor de Més per Palma.
Por su parte la regidora del PSOE, Elena Navarro, ha señalado que en esta gestión del Consistorio «veo incapacidad o maldad, que es no querer solucionar el problema». La socialista también ha preguntado «quién dio la orden» de no aportar más personal a la OAC y ha apuntado a «la coordinadora general o la regidora». Finalmente, ha interrogado a Pizá sobre si se reforzará el servicio. Una pregunta que tampoco ha tenido respuesta.
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