Ni casas de madera, contenedores o estructuras prefabricadas. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario prohibe el uso residencial en suelo rústico y avisa que ante la proliferación de estas instalaciones en el municipio se están tramitando expedientes e imponiendo sanciones por infracciones en materia de disciplina urbanística, que pueden conllevar multas económicas, órdenes de retirada de las instalaciones y la imposibilidad de legalización posterior.
El Consistorio capitalino ha lanzado una alerta a la ciudadanía sobre la proliferación de anuncios y ofertas comerciales que promueven la adquisición de viviendas modulares, contenedores o casas prefabricadas como soluciones habitacionales rápidas y económicas, trasladando un mensaje que no se ajusta a la legalidad vigente.
«Desde el Consistorio se subraya que este tipo de construcciones, cuando tienen uso residencial, son consideradas viviendas a todos los efectos, con independencia de su formato o materiales. Por tanto, deben cumplir estrictamente con lo establecido en el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario y la normativa urbanística en vigor».
Desde la institucióncapitalina se advierte de que esta situación está provocando que numerosos vecinos y vecinas realicen inversiones económicas bajo premisas erróneas, generando perjuicios que podrían evitarse con una correcta información previa. « La única vía legal para la implantación de una vivienda es cumplir con todos los requisitos urbanísticos, incluyendo la clasificación del suelo, la obtención de licencia municipal y el cumplimiento de la normativa técnica aplicable».
Ante esta situación que se viene generando en suelo rústico en diversos puntos del municipio, desde el Ayuntamiento, se recuerda que «no está permitido el uso residencial en suelo rústico, independientemente de que se trate de casas de madera, contenedores o estructuras prefabricadas; no existe ningún vacío legal que permita instalar este tipo de viviendas sin licencia y que la consideración de “móvil” no exime del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor».
