El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desconfía de la solvencia de los datos que trasladan las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre el número de lobos y por eso elabora un informe científico para entregarlo a la Unión Europea (UE), que obliga a los estados miembros a remitir un informe sexenal que evalúa el estado de conservación de las especies en peligro.
Bruselas abrió un expediente a España por el retraso en la remisión del informe (2019-2024) que debía haber sido entregado por el Ejecutivo central antes del pasado 31 de julio de 2025. Sin embargo, en el Ministerio explican que este retraso se debe «exclusivamente a criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica«.
Archivo – Lobo. / Europa Press/Contacto/Walter G. Arce Sr. – Archivo
En este sentido, desde el Gobierno desvelan que la Comisión Europea informó a los Estados miembros de que aceptaría «pequeños retrasos» en la remisión de los informes sexenales, debido a las dificultades técnicas asociadas a la implantación del nuevo sistema de reporte gestionado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Precisamente este jueves la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, confirmó en el Congreso de los Diputados que la Comisión «mantiene un diálogo» con el Gobierno en relación al envío a Bruselas del informe sexenal del lobo. «Tenemos normas sobre cómo informar y cómo recolectar la información, siempre trato de basarme en la ciencia cuando tomo decisiones. Así que estamos manteniendo un diálogo con el Gobierno español sobre los informes», dijo a los periodistas antes de participar en la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE), informa Europa Press.
Sin base científica
Las fuentes del Gobierno especifican, además, que la documentación de la que se dispone sobre la situación en la que se encuentra esta especie en España «no ofrece todavía una base científica solvente», pues en los últimos meses se han producido cambios «sustanciales» en las poblaciones de lobo, derivados tanto de la «eliminación» de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas como de «las muertes y desplazamientos poblacionales» provocados por los grandes incendios forestales.
A juicio del Ejecutivo, estos factores alteran de manera «significativa» los datos de distribución y estado de conservación, y aconsejan una actualización «rigurosa» antes de su envío a la Unión Europea.
Precisamente, la semana pasada el Tribunal Supremo anuló las autorizaciones que dio Cantabria para la caza de varios ejemplares de lobo con la finalidad de evitar daños al ganado. También tumbaron el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo de Asturias «por no estar ajustada al ordenamiento jurídico», como reclamaba en un recurso la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).
El presidente del tribunal que dictó la sentencia sobre el lobo, Carlos Lesmes / Susana Vera
De hecho, el Gobierno del Principado suspendió de forma “temporal” las batidas de lobos tras conocerse la sentencia del Alto Tribunal, que rechaza los cupos fijados por el Ejecutivo asturiano en el programa 2022-2023, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Los magistrados subrayaron que la eliminación de ejemplares de lobo debe ser siempre la última solución, solo después de que hayan fallado todas las medidas preventivas para evitar los daños al ganado.
Ante el Tribunal Constitucional
Pero la lentitud del Gobierno no solo está justificada, explican las fuentes consultadas, en la insolvencia de las informaciones remitidas por las Comunidades Autónomas, sino que aluden también a la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que introduce una novedad relevante: exige la aprobación previa de los informes sexenales por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, dominada por gobiernos autonómicos del PP, excepto el caso de Asturias (PSOE).
Transición Ecológica desconvocó la Conferencia Sectorial poco antes de que el Defensor del Pueblo llevara ante el Tribunal Constitucional (TC) tres disposiciones de la Ley del Desperdicio que rebajaban la protección de la especie y obligaban a contar con la aprobación de la Conferencia Sectorial, dominada por los Gobiernos autonómicos, en los informes antes de remitirlos a Bruselas, explica Europa Press.
La comisaria europea Jessika Roswall / EFE
Sin embargo, los consejeros autonómicos enviarán a la comisaria Roswall el informe sexenal sobre la especie aprobado por la mayor parte de Comunidades Autónomas (CCAA) en julio de 2025 en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, según avanzó la diputada del PP Milagros Marcos.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de casación que interpuso el Defensor del Pueblo a petición de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la citada ley que fue censurada por el Tribunal Supremo, que dio un tirón de orejas a PP, Vox, PNV y Junts por aprovechar la aprobación en el Congreso de esta norma para incluir una enmienda que provocó la retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). En concreto, esta modificación legal permite la muerte de estos animales al norte del Río Duero.
Archivo – Lobo herido por el programa de marcaje del Principado, según Fapas. / FAPAS – Archivo
«La norma carece del mínimo sentido porque, como ya vimos, la Directiva [Europea] no excluye al lobo de su régimen de protección atenuado» lamentaban los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
«Prudencia institucional»
Por eso, las fuentes consultadas explican que el Ministerio actúa «con prudencia institucional, evitando remitir a Bruselas un informe cuya tramitación podría verse afectada por un futuro pronunciamiento» del Tribunal Constitucional. Además, en agosto pasado, el Gobierno de España solicitó una ampliación del plazo de entrega, que fue expresamente aceptada por la Comisión Europea, por lo que dispone todavía de dos meses para completar el proceso y solventar la situación, incluida la eventual apertura de un expediente.
Archivo – Lobo. / Europa Press/Contacto/Rory Merry – Archivo
El Ministerio ha optado por «priorizar la calidad técnica del informe, el respeto al marco legal vigente y la defensa de la posición de España ante la Comisión Europea, frente a un envío apresurado que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la credibilidad de los datos aportados», concluyen las fuentes de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La relevancia del informe sobre la situación del lobo se debe a que si el texto remitido por España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable no se podrán hacer «controles letales» de la especie, según asegura el Ministerio, que se remite en este aspecto a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.
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