El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto expediente sancionador a Polymarket y Kalshi, dos plataformas de predicción en las que se realizan apuestas, por una posible infracción de la normativa de juego ya que estarían operando en España sin contar con la obligatoria habilitación administrativa.
Además, la Dirección General de Ordenación del Juego, del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, ha emitido una orden para bloquear en España las páginas webs de estas plataformas como medida cautelar hasta la resolución definitiva del expediente.
El expediente sancionador se ha notificado este martes mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado conforme a la normativa administrativa vigente, después de que los intentos de notificaciones directas a los operadores, en sus domicilios conocidos en el extranjero, resultaran infructuosas.
El procedimiento tendrá una duración estimada de entre 3 y 4 meses hasta la resolución final.
Los mercados de predicciones son plataformas en las que los usuarios compran y venden participaciones sobre predicción del resultado de eventos futuros, asignando precios que reflejan la probabilidad de que se de uno u otro resultado en dichos eventos.
Por esta razón, se conocen también como apuestas cruzadas. A diferencia de las apuestas tradicionales, estas plataformas permiten a los usuarios operar entre sí dentro de un mercado, actuando como intermediario, facilitando transacciones y cobrando comisiones.
Estos mercados se utilizan para estimar la probabilidad de acontecimientos diversos, como elecciones, indicadores económicos, resultados deportivos o fenómenos meteorológicos, generando interacción de forma colectiva.
En España, en línea con otras jurisdicciones europeas, se considera que los mercados de predicción tienen naturaleza de juego de azar cuando se apuesta sobre resultados futuros inciertos.
Por ello, su explotación en territorio español exige la obtención de una licencia administrativa específica.
La Dirección General de Ordenador del Juego advierte de que los operadores no autorizados carecen de las garantías técnicas y regulatorias exigidas en España, incluyendo sistemas de verificación de identidad, mecanismos de control de acceso a menores de edad y de personas autoexcluidas o con prohibición de jugar, o los estándares de supervisión necesarios para la protección de las personas usuarias.
