El cartel de “Rupture de stock” impera desde hace unos días en el 15% de las gasolineras francesas. Unas 10.000 en todo el país se han quedado sin gasolina, o sin diésel -o ambas-, según informó el propio Ministerio de Economía, quien espera que en los próximos días la situación vuelva a la normalidad.
El ministro francés de Economía, Roland Lescure, quiso dejar claro durante una entrevista para France Inter que Francia “no tiene problemas de abastecimiento” de combustibles “en este momento”, pero debe “asegurarse” de “encontrar soluciones” si el conflicto en el Medio Oriente se prolonga. Aunque insistió en que a pesar del descontento de los franceses, Lescure reiteró que no habría «recortes generales de impuestos».
A pesar de sus palabras, los números dicen lo contrario. La gran mayoría de las gasolineras están teniendo problemas para recibir cargamentos de diésel en un momento en el que la demanda podría haberse incrementado como consecuencia de un efecto llamada por miedo de los conductores a que la crisis de los productos refinados se agrave en las próximas semanas. Un temor que coincide con el precio récord alcanzado por el diésel este 20 de septiembre, 2,41 euros por litro. Lo que supone un aumento de 10,5 céntimos en tan solo una semana. Se trata de un máximo histórico desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, superando el anterior pico de 2,37€ alcanzado el pasado abril.
A esta situación provocada también por la fuerte caída en el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, sumada a la paralización total del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí tras un ataque con drones lanzado desde Irak.
El 80% de gasolineras TotalEnergies
Para el presidente nacional de distribuidores de combustible y energías renovables de Mobilians, Francis Pousse, la explicación a esta situación también se debe a que la mayoría de las estaciones de servicio que han colgado el cartel de “falta de combustible” son TotalEnergies.
La marca es responsable del 86% de la escasez de combustible registrada el 21 de septiembre. El motivo también se debe a que la compañía es la única que ha limitado sus precios de venta a 1,99 euros por litro de gasolina y 2,25 euros por litro de diésel. De ahí que en la mayoría de sus estaciones se formen diariamente largas colas para conseguir combustible más económico.
Este aumento de precios y la falta de medidas han empezado a agitar las calles, empezando por los estudiantes y los pescadores que esta semana han llevado a cabo bloqueos en los principales puertos del país como medida de protesta. También el sector público se unirá a la huelga el próximo 29 de septiembre.
Miedo al retorno de los “chalecos amarillos”
Desde hace tiempo, los franceses se ven ahogados por el aumento desmesurado de los precios y la pérdida de poder adquisitivo. Ante esto, el gobierno teme un regreso de los “chalecos amarillos”, el movimiento social que se originó en las calles francesas en 2018 como consecuencia también del alza de los precios del combustible. Por ello, el Ejecutivo anunció la prórroga de las ayudas a los sectores más afectados, como los “grandes conductores”, y nuevas medidas anunciadas este 22 de septiembre, como la posibilidad de incluir una cláusula en el presupuesto de 2027 que permita devolver a los ciudadanos franceses los ingresos adicionales del IVA generados por estas subidas. El gobierno tiene previsto también mantener el programa de vales de energía que, según la portavoz, unos 4,5 millones de beneficiarios recibirán automáticamente, cuyo pago comenzará en enero, en lugar de abril.
«Somos conscientes de que la situación es muy difícil para nuestros conciudadanos», afirmó el ministro Lescure, explicando que esta situación requiere una respuesta «más amplia» y «reforzada» al tiempo que preservar «el equilibrio de nuestras finanzas públicas». El presidente, Emmanuel Macron, también anunció que convocará en las próximas semanas una reunión del G7 sobre energía –Francia ejerce la presidencia del G7-, para abordar esta problemática.
La situación se complica para el gobierno de Sebastién Lecornu quien debe aprobar unos nuevos y polémicos presupuestos basados en importantes recortes para hacer frente a la disparada deuda pública que arrastra el país, pero al mismo tiempo aplicar medidas de contención para ayudar a los ciudadanos ahogados por la inflación. Lecornu propuso recientemente un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros en su proyecto de presupuestos para 2027 con el objetivo de reducir el déficit y deuda públicos.
Suscríbete para seguir leyendo
