Desde los años de la crisis inmobiliaria de 2008, cuando los desahucios pasaron a formar parte del paisaje cotidiano, no se había visto una movilización tan fuerte como la vivida ayer alrededor del desalojo de Maricarmen. Desde la noche anterior, cerca de 200 personas acamparon junto a su portal del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda y, durante la mañana, otros centenares se acercaron para intentar impedir el lanzamiento. No fue suficiente. Hacia las 13.00 horas, la mujer de 87 años salió de su casa por última vez en camilla, acompañada por sanitarios del Samur. Esa misma mañana, David y su hijo, de 21 años, también fueron desahuciados de su vivienda del Ensanche de Vallecas.
Maricarmen vivía desde 1956 en un piso de renta antigua cuyo contrato, firmado por su padre y subrogado después a su madre y a ella, acabó en una disputa judicial tras la compra del edificio por Urbagestión. El Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad sobre la extinción del arrendamiento: la vecina pagaba unos 500 euros mensuales, frente a los 2.650 que se le reclamaban para continuar en la vivienda. David, por su parte, residía en una antigua promoción de alquiler asequible de la Obra Social de La Caixa, vendida a una sociedad inmobiliaria. Su caso se enmarca en la falta de renovación de contratos que afecta también a otros vecinos del bloque.
Las protestas se desarrollaron en los dos puntos de la ciudad. En Retiro, la acampada había comenzado tras un acto de apoyo al que acudieron artistas como Ana Belén y Juan Diego Botto. A la mañana siguiente, la Policía Nacional retiró uno a uno a los activistas que permanecían sentados delante y dentro del portal hasta llegar al piso de Maricarmen. En Vallecas, en la calle Mazaterón, cerca de un centenar de vecinos y miembros de colectivos por la vivienda se congregaron para apoyar a David y a su hijo. Ninguna de las dos movilizaciones logró impedir los lanzamientos.
Sin embargo, ambos casos han avivado un descontento latente por la crisis de acceso a la vivienda. Consumado el desalojo de Maricarmen, con la vecina ya en una ambulancia rumbo al Gregorio Marañón, el Sindicato de Inquilinas anunció una nueva concentración para esa misma tarde frente al ático de Chamberí adquirido por una empresa pública de la Comunidad de Madrid. “Creo que hoy ha habido un punto de inflexión porque no se puede más”, afirmó su portavoz, Alicia del Río, antes de llamar a los presentes a reunirse de nuevo en la calle General Martínez Campos.
Micrófono en mano frente a los reunidos en el bulevar de Sainz de Baranda, la portavoz sindical acusó al Gobierno de Ayuso de favorecer a los fondos de inversión y reprochó al de Pedro Sánchez que no haya llevado al Consejo de Ministros el decreto de vivienda reclamado por el sindicato. También pidió la dimisión del delegado del Gobierno por la actuación policial durante la protesta y preguntó, dirigiéndose a los socios de izquierda, «hasta cuándo» van a seguir sosteniendo a «este Gobierno hipócrita» que «no es capaz de parar» la crisis habitacional. Frente a esta «inacción», Del Río prometió convertir a Madrid en «ingobernable» hasta lograr poner «el derecho a la vivienda por delante del negocio«.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), presente también en las protestas por ambos desahucios, denunció ayer el “profundo fracaso de las tres administraciones» a la hora de defender el derecho a la vivienda de sus ciudadanos. «Ante la crisis de vivienda más grave de las dos últimas décadas, exigimos la suspensión de los desalojos y la primacía del fin social de la vivienda por encima de los intereses económicos de una minoría que está haciendo de nuestros barrios y ciudades lugares cada vez más invivibles», reclamaba la entidad en un comunicado en el que mostraban su apoyo a la concentración frente al ático.
Las administraciones madrileñas defendieron su actuación. El portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, aseguró que la Comunidad ofreció a Maricarmen una plaza pública en una residencia de mayores y que trabajó con el Ayuntamiento para plantearle otras alternativas de alojamiento. Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que los servicios sociales municipales ya se habían puesto en contacto con ella y que podían proporcionarle un recurso habitacional inmediato. Ambas opciones fueron rechazadas por la aludida, que, según fuentes municipales, ha «preferido alojarse con familiares».
Desde Moncloa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento trató sin éxito de mediar para adquirir la casa de Maricarmen y acusó a Ayuso de tender una “alfombra roja” a los fondos especulativos. También recordó que el Congreso rechazó la prórroga de la moratoria de desahucios de personas vulnerables con los votos de PP, Vox y Junts. Dentro de la coalición, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, emplazó al PSOE a aprobar una nueva moratoria en el próximo Consejo de Ministros. La ministra de Infancia, Sira Rego, resumió su posición sobre el lanzamiento: «Puede que sea legal», pero «no es legítimo».
Cruce de declaraciones al margen, el malestar ciudadano se trasladó en la tarde de este miércoles frente a la vivienda de General Martínez Campos, 35, adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Hasta allí trasladaron la consigna que había acompañado el desahucio de Maricarmen, «el ático de Ayuso, para Maricarmen», y la exigencia de medidas que eviten nuevos lanzamientos sin alternativa habitacional.
Fuente: El Periódico de España
