El Ayuntamiento de Elche aprieta el cerco sobre las campas de coches junto al aeropuerto de Alicante-Elche. El área de Aperturas ha enviado ya 46 requerimientos de regularización a titulares de estas instalaciones, con aval del juzgado, y les ha concedido un plazo de tres meses para demostrar técnicamente que reúnen las condiciones necesarias para desarrollar la actividad. El movimiento llega después de que, desde abril y mayo, se hayan inspeccionado más de un centenar de estos establecimientos y mientras el bipartito de PP y Vox mantiene abiertos otros expedientes que pueden desembocar en nuevas clausuras.
Como apuntó este martes el gabinete de comunicación municipal, los requerimientos obligan a los responsables de las campas afectadas a presentar una memoria técnica descriptiva de la actividad y una certificación suscrita por un técnico competente que garabntice que las instalaciones cumplen las condiciones exigibles. La edil del área, Caridad Martínez, señala que esta documentación servirá para determinar cuáles pueden continuar provisionalmente a la espera de la nueva regulación urbanística y cuáles no reúnen los requisitos necesarios.
Regularización
El dato supone un avance respecto a la situación conocida a principios de septiembre cuando constaban 45 instalaciones antiguas sometidas a un proceso para estudiar su posible regularización. Ahora el Ayuntamiento cifra en 46 los requerimientos formalmente cursados dentro de este proceso.
La actuación se integra en el dispositivo municipal abierto para tratar de ordenar una realidad que se ha extendido durante más de dos décadas alrededor del aeródromo y que incluye aparcamientos de larga estancia, campas de empresas de alquiler, almacenamiento y otras actividades relacionadas con el automóvil.
Bajo la lupa
El Ayuntamiento ha identificado en el conjunto del término municipal más de 110 instalaciones relacionadas con el estacionamiento o almacenamiento de vehículos, aunque su situación administrativa no es homogénea. La antigüedad de cada negocio, las licencias de las que dispone, las ampliaciones realizadas o la fecha en la que comenzó a funcionar determinan el tratamiento de cada expediente.
Licencias provisionales
Dentro de ese mapa administrativo figuran unas 30 instalaciones con licencias provisionales concedidas hace más de dos décadas, en 2005, que están siendo revisadas por los técnicos municipales. El Consistorio analiza en estos casos si las superficies actualmente ocupadas y las características reales de la actividad siguen ajustándose a las autorizaciones concedidas hace más de veinte años.
Los agentes de la Policía Local, durante la actuación en la campa de Torrellano. / INFORMACIÓN
La Policía Local ha realizado, además, más de medio centenar de inspecciones sobre instalaciones que carecían de autorización, lo que ha permitido identificar a sus titulares. Sumando las comprobaciones técnicas y policiales, el Ayuntamiento cifra ahora en más de 100 las campas inspeccionadas desde abril y mayo.
Estas actuaciones derivan de la moción aprobada por la junta de gobierno el pasado 23 de abril, con la que PP y Vox decidieron frenar la aparición de nuevas campas mientras se prepara una ordenación específica. Desde entonces está prohibida la implantación de nuevas instalaciones de este tipo.
Tres cierres
La moratoria ha permitido actuar hasta el momento sobre tres campas. Dos habían comenzado su actividad después de la aprobación de la medida y una tercera pretendía ponerse en funcionamiento. Dos de ellas llegaron a almacenar alrededor de 500 y más de 3.000 vehículos, respectivamente, y actualmente se encuentran vacías.
Estas actuaciones se suman a las tres clausuras que la Administración local ya había dado por ejecutadas a comienzos de septiembre dentro del dispositivo abierto contra las instalaciones irregulares. Entonces, fuentes del Ejecutivo local confirmaron la existencia de más expedientes en tramitación que podían acabar en nuevos cierres una vez agotados todos los plazos.
El bipartito situaba precisamente finales de septiembre como un momento importante para conocer la evolución de algunos de esos procedimientos, ya que cada expediente debe garantizar los correspondientes plazos de audiencia y defensa antes de que pueda dictarse una clausura.
El Ayuntamiento insiste ahora en esa misma idea matizando que el hecho de que una de estas instalaciones no sea clausurada de forma inmediata no significa que haya sido legalizada ni que disponga de título habilitante ya que una vez se apruebe el instrumento urbanístico que prepara el Consistorio, aquellas instalaciones que no sean susceptibles de regularización deberán cesar su actividad.
Cierre indiscriminado
El objetivo es evitar un cierre indiscriminado de todas las campas y analizar cada caso de forma individual. El Ayuntamiento pretende distinguir las instalaciones que incumplen condiciones técnicas y deben clausurarse de aquellas que sí las reúnen y podrían mantenerse a la espera de la nueva ordenación.
Es más el Ejecutivo local se apoya ahora en el respaldo judicial asegurando que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Elche, Plaza número 1, ha avalado la decisión de limitar nuevas aperturas y cerrar actividades iniciadas con posterioridad a la moratoria.
Según expone el Consistorio, el órgano judicial entiende que las medidas persiguen proteger el interés público ante el crecimiento desordenado de las campas y los efectos que pueden generar desde el punto de vista territorial, ambiental, paisajístico y funcional.
Al hilo, el bipartito ha defendido durante las últimas semanas que las clausuras no pueden ejecutarse automáticamente y que cada actuación debe someterse al procedimiento establecido legalmente. Esa es también la razón por la que conviven en estos momentos cierres, inspecciones, requerimientos para regularizarse y expedientes todavía pendientes de resolución.
El Plan Especial, la solución de fondo
Todo este dispositivo administrativo se desarrolla mientras el Ayuntamiento ultima un Plan Especial para ordenar definitivamente las campas de vehículos en el entorno del aeropuerto.
El documento deberá delimitar dónde pueden implantarse este tipo de instalaciones y bajo qué condiciones, además de ofrecer un marco para resolver la situación de los negocios que ya funcionan.
La necesidad de este instrumento responde a que el Plan General de 1998 no contempló específicamente esta actividad, que fue creciendo junto al desarrollo del aeropuerto y del incremento de pasajeros, hasta generar una elevada concentración de aparcamientos, empresas de alquiler y espacios de almacenamiento de vehículos.
Bomberos del parque de Elche tratan de sofocar el humo desplegado tras el fallo de motor de un coche. / J. R. Esquinas
El incendio encendió la preocupación
La revisión de estas actividades adquirió especial relevancia a comienzos de septiembre después del incendio registrado en una campa de Torrellano en las inmediaciones de la terminal de El Altet y próxima al apeadero de Cercanías en el que siete vehículos quedaron completamente calcinados y otros dos resultaron afectados, aunque no hubo que lamentar daños personales.
El episodio reavivó las críticas de la Asociación Vial del Aeropuerto Alicante-Elche, que lleva tiempo reclamando una mayor vigilancia sobre estas instalaciones, especialmente aquellas situadas cerca de viviendas o del propio recinto aeroportuario. Su presidente, Juan José Mateo Rocamora, volvió a advertir entonces de los riesgos derivados de concentrar grandes cantidades de vehículos en determinadas parcelas y pidió acelerar las comprobaciones sobre licencias, usos del suelo y medidas de seguridad.
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