El despliegue de los grandes centros de datos ha abierto en canal un debate de pros y contras amplio, por su incidencia múltiple en diferentes ámbitos. Los ‘data centers’ son imprescindibles para hacer realidad la digitalización y el impulso de la IA. Y los ‘data centers’ tienen un consumo enorme de electricidad y agua que ha hecho saltar las alarmas por su impacto ambiental, económico y social. Las instituciones de la Unión Europea apuestan siempre por abordar los problemas con una visión integral, atendiendo todos los aspectos entrelazados de distinto ámbito, y el problema de los centros de datos no es una excepción.
Pero la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, ha avalado poner coto al consumo de luz y agua de las nuevas catedrales de la transformación digital, y lo ha hecho en Madrid y en plena polémica por el real decreto que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez con nuevas exigencias ambientales más restrictivas, que ha puesto al sector tecnológico y al energético en pie de guerra.
Los centros de datos (instalaciones con miles de servidores informáticos para hacer posibles los servicios tecnológicos, la computación, el almacenamiento…) necesitan consumir grandes cantidades de electricidad y agua para su funcionamiento y refrigeración, y necesitan hacerlo de manera constante. “La aproximación generar de establecer limitaciones en el consumo de electricidad y de agua es un buen enfoque” con el objetivo de evitar “efectos negativos para el conjunto de la sociedad” tanto ambientales como en las facturas de los consumidores, ha apuntado Ribera en un desayuno informativo en la capital española
Evitando pronunciarse de manera directa sobre la estricta regulación en ciernes del Ejecutivo español, la también exvicepresidenta del Gobierno ha subrayado que en países como Estados Unidos ya han empezado a decretarse moratorias en la instalación de nuevos centros de datos en algunos estados porque su enorme demanda de electricidad estaba provocando ya encarecimientos disparados de las facturas de luz de todos los consumidores y, con ello, ha aparecido una ola de rechazo social.
Para evitar una cosa y otra, Ribera defiende controlar y limitar el consumo de luz de las instalaciones. La fuerte expansión prevista del parque de ‘data centers’, teme la vicepresidenta europea, puede provocar fuertes tensiones en el mercado energético que deriven en “incrementos notables del precio de la electricidad para hogares y para la industria y generando un rechazo social”. “Una contestación social que no queremos que se produzca porque necesitamos los centros de datos”, ha apuntado.
En este sentido, Ribera también avalado abordar el debate de que la apertura de nuevos centros de datos venga acompañada de “nueva dotación eléctrica para evitar los efectos nocivos” sobre el conjunto del sistema. Esto es, que un nuevo centro de datos garantice su autoconsumo o acuerdos de suministro de nueva electricidad verde (el borrador de real decreto del Gobierno español incluye la obligación de que los centros de datos consuman un 80% de electricidad renovable en todas las horas y que provenga solo de plantas de nueva construcción). Si no, la gran capacidad de negociación de los grupos tecnológicos para conseguir esa electricidad les puede colocar en una “posición privilegiada frente al resto de consumidores”, y puede derivar en una restricción de la oferta energética y en subidas del precio general de la electricidad.
Luchar contra la emergencia climática
Ribera ha advertido de que Europa, aún siendo la potencia que con más decisión trabaja contra la emergencia climática, “todavía no está preparada para gestionar los efectos” y ha llamado a “actuar, mejor cuanto antes, más intensamente y con más seriedad”. En este sentido, la Comisión Europea prepara el próximo Marco Financiero Plurianual y una Estrategia de Adaptación y Resiliencia, y Ribera ha defendido introducir mejoras para integrar el impacto climático en el diseño de todas las política comunitarias.
Si Europa va a actuar más y mejor contra el cambio climático, Ribera ha admitido que toca abrir debates complejos sobre cómo se va a financiar esa actuación. “Hay debates importantes que no estoy segura de que se vayan a abrir ahora. Pero sabemos lo que tenemos que hacer, y eso implica inversiones importantes y necesitamos recursos” para financiarlas. “Hay que pensar más allá de lo convencional”, ha reclamado la vicepresidenta comunitaria, como la emisión de deuda comunitaria o con gravámenes específicos. “Si de donde viene la mayor parte del problema es el petróleo, es importane pensar cómo debe contribuir a un fondo para financiar las políticas climáticas”, ha apuntado. “Es un debate fundamental en el que nos jugamos mucho”.
El Gobierno español hizo llegar hace dos semanas a la Comisión Europea una propuesta para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos que incluía la creación de un impuesto específico sobre los beneficios de petroleras y compañías gasistas y también sobre el uso de aviones privados de lujo para financiar las políticas necesarias contra el cambio climático. España defiende impulsar la creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático (complementario de los instrumentos verdes ya previstos en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE y en particular del Fondo Europeo de Competitividad), dotado de nuevos recursos, incluido un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas, y también a los aviones privados, bajo el principio de “quien contamina paga”.
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