El Gobierno prepara un real decreto para establecer nuevas y más estrictas exigencias verdes y de seguridad digital a los futuros centros de datos. Un borrador que ha puesto en pie de guerra a tecnológicas, eléctricas, constructoras, inmobiliarias y algunas administraciones públicas, que intentan revertir los nuevos requisitos que el Ejecutivo quiere exigir a las instalaciones digitales y que, según advierten, supondrá un frenazo en la expansión de los ‘data centers’ y una huida masiva de inversiones en el país.
El Gobierno cerró la pasada semana un proceso de audiencia pública para recibir propuestas de las empresas y patronales concernidas que se cerró la semana pasada, tras tener que ampliar el plazo a petición de las compañías. Un proceso que se ha saldado con la presentación de una avalancha de más de 600 alegaciones por la convulsión que ha provocado el borrador. El Ejecutivo se muestra abierto a negociar con el sector para ajustar el texto, pero sin renunciar a conseguir que los futuros centros de datos sean más sostenibles y para evitar el impacto en el sector energético y en el recibo de la luz. «Estamos hablando con el sector para que ese decreto sea equilibrado», ha explicado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una entrevista con TVE. El Ejecutivo y el sector tecnológico han pactado crear una mesa técnica para abordar en profundidad las medidas incluidas en el futuro real decreto.
La propuesta de real decreto elaborada por el Gobierno contempla que los centros de procesamiento de datos (CPD) que entren en operación en España estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la UE en el consumo de electricidad y de agua (una suerte de etiqueta A en la clasificación de eficiencia energética y eficiencia hídrica). Y también pretende exigir a los centros de datos que el 80% de la electricidad que consuman sea de origen renovable todas y cada una de las horas del día, y además que proceda de plantas renovables de nueva construcción. En la práctica, la nueva regulación en ciernes supone poner en marcha una criba masiva entre la multitud de proyectos que se acumulan en el mercado español.
«¿Tienen que ser sostenibles los centros de datos? Por supuesto. ¿Tienen que hacerse a costa de que todos paguemos más recibo de la luz? Yo creo que no», ha subrayado López. «¿Sabe usted cuánto encarecen los centros de datos el recibo de la luz que paga usted? Mucho. Para el beneficio de cuatro». El ministro para la Transformación Digital ha alertado de que España atrae inversiones milmillonarias para desarrollar centros de datos por dos ventajas “muy golosas” para los promotores: energía a buen precio por las renovables y una conectividad excepcional de fibra óptica y de cables submarinos internacionales. Pero en este escenario también se ha desarrollado, según ha destacado López, un “fenómeno especulativo”.
“Como en toda burbuja hay quien entra en el sector sin ser del sector. Empresas que no son del sector de los centros de datos estaban comprando posiciones energéticas [puntos de acceso a la red eléctrica] para luego revenderlos, lo que está generando una especulación que hemos querido frenar”, ha explicado el ministro. López ha defendido que la normativa intenta asegurar que las infraestructuras «sean sostenibles», pero sin perjudicar a ciudadanos y empresa.
Las previsiones gubernamentales apuntan a que los centros de datos operativos en 2030 necesitarán entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de demanda eléctrica en 2030. Y las estimaciones que maneja la propia patronal del sector de los ‘data center’, Spain DC, anticipan que al final de la década estarán operativos al final de la década grandes centros de datos que requerirán entre 2,6 y 3 GW. Sin embargo, en España ya hay proyectos de centros datos con permiso para enchufarse a la red eléctrica por unos 12,5 GW y se calcula que hay solicitudes formuladas o en preparación por cerca de otros 20 GW más.
Las previsiones a medio aplazo de Spain DC contemplan (contemplaban) tres escenarios con diferentes previsiones hasta final de la década de nuevos ‘data centers’ operativos y de inversiones movilizadas, en función de la regulación que se acabe aplicando al sector. El escenario que la patronal consideraba hasta ahora más probable augura que el sector llegará con instalaciones conectadas a la red eléctrica española con una potencia de 2.600 megavatios (MW), el triple que en la actualidad, y unas inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros en 2030. La asociación ahora ve en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino, y anticipa que las compañías promotoras de tres grandes proyectos con 9.000 millones de inversiones previstas ya han decidido paralizarlos si el real decreto sale adelante con las condiciones contempladas actualmente.
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