Hacienda buscará este viernes aprobar al nuevo modelo de financiación autonómica, que hasta la fecha las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han rechazado al argumentar que el nuevo modelo rompe con los principios de igualdad y solidaridad interterritorial, beneficiando a aquellas comunidades que recaudan poco frente a las que lo hacen de sobra. Más allá de la pelea política, estas son las cinco claves del nuevo modelo.
Más fondos a repartir
El cambio de modelo de la financiación autonómica responde a una idea principal: dotar de más recursos a los territorios. Según los cálculos realizados por Hacienda, el modelo vigente distribuiría 185.593 millones de euros en 2027, mientras que de aprobarse el nuevo se añadirían 20.597 millones más respecto al modelo actualmente en vigor, que fue aprobado en 2009.
Para ello, el Estado prevé aumentar su aportación al sistema a través de la llamada nivelación vertical, en virtud de la cual el Gobierno central transfiere recursos financieros adicionales a los Gobiernos regionales o locales para cubrir servicios públicos esenciales. La cantidad adicional aportada por el Estado por este concepto en el nuevo modelo se calcula en 19.000 millones de euros, es decir, el grueso de los 20.597 millones adicionales previstos con el cambio de modelo.
Más precisión en el reparto
Con el modelo de 2009, para calcular las necesidades de financiación que tenía cada territorio, la ley utilizaba la población ajustada. Esta métrica mide el número de ciudadanos, pero pondera variables que influyen en el coste de los servicios y necesidades de financiación, partiendo de la base de que no cuesta lo mismo atender a niños que a personas mayores, o las diferencias entre un territorio densamente poblado y uno más disperso.
El nuevo modelo que Hacienda sugiere sigue empleando la métrica de población ajustada, pero modifica sustancialmente su composición. El objetivo del ministerio es afinar mucho más el reparto de costes destinados a las Comunidades Autónomas, introduciendo más variables en la ponderación. Algunas de las novedades son los jóvenes entre 18 y 24 años, los universitarios desplazados o los parados sin prestación. Asimismo, los mayores de 65 años antes estaban incluidos en un mismo bloque, pero Hacienda distinguirá ahora entre los mayores y menores de 80 años.
Más capacidad fiscal para las autonomías
Otra de las novedades que introduce el nuevo modelo es la elevación de la participación autonómica en los principales impuestos recaudados en España. Así, según las condiciones establecidas en el texto legal, los territorios pasarían a recaudar el 55% del IRPF (desde el 50%) y el 56,5% del IVA, también desde el 50%. Según los cálculos elaborados por Hacienda, estas modificaciones elevarían la capacidad de recaudación de las CC.AA. en cerca de otros 16.000 millones.
En cuanto a lo que permanece sin cambios, las CC.AA. seguirán recaudando el 58% de los Impuestos Especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos o el 100% de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, de los tributos y tasas sobre el juego, sobre la entrega de residuos Depósitos bancarios y del Impuesto sobre Electricidad.
Más nivelación entre territorios
Este es uno de los puntos que más fricciones ha generado entre las distintas Comunidades. El objetivo de Hacienda es que se produzca una nivelación horizontal, ya que algunas CC.AA. tienen mayor capacidad de recaudación que otras. Por tanto, la tesis planteada consiste en que, si el sistema no interviniera, las diferencias entre territorios para financiar servicios públicos serían demasiado grandes.
Así, el ministerio pretende que todas las comunidades puedan recaudar, al menos, el 75% de la media de recursos por habitante ajustado. Los últimos datos ofrecidos por Hacienda, del ejercicio de 2024, muestran que la media de recaudación por habitante ajustado son 3.151,40 euros, por lo que el 75% asciende a 2.363,55 euros. Territorios como la Comunidad de Madrid (4.478,23), Catalunya (3.874,23) o la Comunidad Valenciana (3.013,95) superan ampliamente esta cifra, pero otros como Canarias (1.288,93) quedan muy por debajo.
Por tanto, Hacienda propone que las comunidades que se sitúen por encima de la media aporten recursos al mecanismo de solidaridad, aportando recursos a otros territorios que no cumplan con el requisito. El descontento de algunas de las autonomías con mayor capacidad tributaria proviene precisamente de esta redistribución, ya que tendrán que aportar recursos a aquellos territorios con menor recaudación.
Nunca perderán dinero
La última clave del nuevo sistema de financiación autonómica, esgrimida en numerosas ocasiones por Hacienda para ilustrar su estupor frente al rechazo de algunos territorios, es que ninguna Comunidad Autónoma recibirá menos recursos con el nuevo modelo que con el que está en vigor actualmente. El ministerio incorporó al texto legal una cláusula ‘statu quo’, igual que en 2009, a través de la cual el Estado aportaría ahora unos 400 millones de euros adicionales para asegurar que, incluso al principio del modelo, ningún territorio perdiera fondos.
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