El Partido Popular (PP), como toda fuerza que lidera la oposición en un determinado momento, trabaja durante toda una legislatura, como la que este curso político toca a su fin, para derrocar democráticamente al Gobierno, buscando sus debilidades. Y en la crisis de Ceuta desatada este verano, de manera completamente imprevista, ha creído encontrar la mayor de ellas.
La semana que viene, cuando definitivamente arranque el curso político más decisivo de los últimos años -en el que no en vano se celebrarán las elecciones generales aún sin fecha y las municipales y autonómicas de mayo- Alberto Núñez Feijóo pondrá toda la carne el asador en esta materia, singularmente en el pleno del próximo jueves, donde Pedro Sánchez comparecerá por primera vez después de su intervención en Ceuta en los primeros días de la crisis, si bien tres días antes, este lunes, se pronunciará en una entrevista en la Cadena SER. Y la víspera del debate el líder popular estará en la concentración frente al Ayuntamiento de Madrid en defensa de la españolidad de Ceuta, una acción que de manera simultánea tendrá lugar en todos los consistorios de España, tras una convocatoria realizada por el PP a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha despertado las críticas de la izquierda, por considerar que se instrumentaliza ese organismo por parte de la formación conservadora.
Desde que en noviembre del año 2023, pronto hará tres años, Sánchez lograse sacar adelante su investidura, gracias al apoyo de sus socios del anterior mandato, al que pudo incorporar esta vez a los siete diputados de Junts, esos puntos débiles en la acción gubernamental detectados por Feijóo han ido mutando. La ley de amnistía pactada con los independentistas a cambio de ese apoyo fue el primero de esos hitos, y contra el que más agresivamente actuó el PP, incluyendo varias movilizaciones callejeras.
La corrupción del PSOE
Pero enseguida, en el mismo año 2024 en que se aprobó la norma que concedía el olvido penal a los cabecillas del procés, y casi al mismo tiempo, apareció otro elemento sobre el que cimentar la tarea de desgaste al Ejecutivo: la corrupción. Al principio con la primera redada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en la que fueron arrestados el comisionista Víctor de Aldama y Koldo García, el estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos, estos dos últimos ahora en prisión tras una dura condena del Tribunal Supremo (TS) conocida este mismo año. Luego con las investigaciones abiertas a Begoña Gómez, la esposa del presidente, y al hermano de este, David Sánchez Pérez-Castejón, ya condenado. En 2025 el cataclismo político que supuso el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, entonces todopoderoso Secretario de Organización del PSOE, llevó al PP de nuevo a la calle, en concentraciones donde por primera vez los conservadores utilizaron el polémico término «mafia» para referirse al Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. Este 2026 el accidente ferroviario de Adamuz y los nuevos episodios que pusieron de manifiesto los problemas endémicos en Rodalies llevaron a Feijóo a esgrimir otro argumento contra el Gobierno, el del deterioro de las infraestructuras, como el mismo líder del PP defendió en un debate monográfico con Sánchez en el Congreso.
Según vienen explicando diversas fuentes del PP desde la avalancha migratoria de los últimos días de julio en la ciudad autónoma, y partiendo de que consideran muy graves todas las circunstancias anteriores -de la ley de amnistía a los problemas en las infraestructuras ferroviarias, pasando por los diversos escándalos de corrupción que salpican al PSOE– esta crisis en particular supone un salto cualitativo, también en sus consecuencias políticas. El diagnóstico de Génova es que Sánchez ha perdido el pulso por la imagen de inacción dada este verano, con los conocidos episodios del presidente recomendando canciones y libros en las redes sociales mientras en Ceuta comenzaba una situación de colapso que un mes después se hace cada vez más insostenible y que esta semana ha tenido conatos de violencia que nadie pasa por alto.
También por la tardanza en designar a alguien al mando, lo que ha recaído finalmente en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; igualmente por la guerra abierta a cuenta del papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles y por último, pero no menos importante, por los equilibrios retóricos del Ejecutivo (quizás con la única excepción de la propia Robles) a la hora de señalar, exigir responsabilidades o referirse tan siquiera a Marruecos. En todo ello, y eso refuerza el diagnóstico del PP, y aun con las lógicas diferencias de tono o matiz, las críticas al Gobierno son casi unánimes entre todos los grupos políticos, desde la derecha a la izquierda, incluidos los nacionalistas, como ha podido visualizarse de manera nítida esta semana en las comparecencias de varios ministros en el Congreso.
En el análisis de los populares, y en términos de crisis de Estado, caben pocos precedentes, y quizás el más cercano en el tiempo -con permiso de la anterior avalancha migratoria de 2021, de bastante menor envergadura- sería la crisis en Catalunya de la que el año que viene se cumplirá una década. Aunque esto ya no lo dicen los populares (ni siquiera en ámbitos más reservados) después de aquella crisis Mariano Rajoy apenas permaneció unos meses en la Moncloa, hasta la moción de censura del año 2018. Ni que decir tiene que el PP espera ahora una incidencia similar de la crisis de Ceuta en el futuro del actual Gobierno.
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