Tres chalés con piscina, jardines, discoteca privada, servicio de catering con 22 camareros, toda clase de bebidas alcohólicas, DJ, altavoces y hasta vigilantes de seguridad. Esto es lo que se encontraron los agentes de la Policía Municipal de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza) que intervinieron en una fiesta multitudinaria celebrada en ‘Casa Lola’ el 20 de julio de 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando las discotecas de la isla estaban cerradas y estaban prohibidas las reuniones de personas no convivientes en lugares privados.
Aquella madrugada, los agentes identificaron y sancionaron a 34 personas, todas sin mascarilla contra el covid, dentro de la polémica mansión, construida sin licencia al suroeste de la isla, en un terreno de casi 10.000 metros cuadrados. El recinto está hoy ocupado por chabolas, pero durante años su propietaria, una empresaria conocida en la isla, lo alquiló de manera ilegal, como alojamiento turístico y lo convirtió en epicentro de celebraciones a todo lujo.
Bebidas alcohólicas que la Policía Municipal halló dentro del local. / SUCESOS
62 incidencias
Ahora, uno de los jóvenes que asistieron hace seis años a aquella polémica fiesta en ‘Casa Lola’ acusa al jefe de la Policía Municipal de Sant Josep de sa Talaia y a otros dos agentes de un delito de allanamiento de morada por entrar al recinto sin permiso y pide que sean condenados a un total de diecinueve años y medio de prisión, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Un jurado popular decidirá, en el juicio que se celebrará en la Audiencia de Baleares, el futuro de los tres policías, para los que la Fiscalía no solicita castigo alguno.
Durante la intervención policial, los agentes incautaron varios altavoces y precintaron una mesa de sonido. / SUCESOS
Un jurado popular decidirá, en el juicio que se celebrará en la Audiencia de Baleares, el futuro de los tres policías, para los que la fiscalía no solicita castigo alguno
Una patrulla del turno de noche acudió a ‘Casa Lola’ la madrugada del 20 de julio de 2020, después de recibir un aviso por parte de la Guardia Civil de que se estaba produciendo una «fiesta multitudinaria con música alta y muchos asistentes» en la mansión.
En aquel momento, el establecimiento ya había sido objeto de 62 incidencias «motivadas por la producción de molestias a los vecinos de los alrededores», que se quejaban de ruidos insoportables procedentes de la música y el trasiego de personas que acudían a fiestas en la villa, según la documentación del caso. De hecho, el 16 de julio de 2020, solo cuatro días antes de la fiesta en la que intervinieron los policías acusados, el ayuntamiento de la localidad había sancionado a la propietaria de ‘Casa Lola’, ‘Casa Lolita’ y ‘Casa Paola’, las tres casas de la finca, por carecer de permiso para explotar la villa como alojamiento turístico, y acordó la clausura total del establecimiento.
Música alta
Aquella noche los agentes que acudieron a ‘Casa Lola’ comprobaron que «desde el exterior de la vivienda se escuchaba música a elevado volumen y voces de muchas personas», además de ver una «gran cantidad de vehículos, muchos de ellos taxis«, que trasladaban a más jóvenes hasta la finca.
De acuerdo con el escrito de la fiscalía, al que este medio ha tenido acceso, los tres policías acusados se colocaron en las puertas del recinto y «solicitaron a todas las personas que entraban y salían que identificaran a los responsables (de la fiesta) y que cesaran en la música». También realizaron «múltiples llamadas por los telefonillos», pero «los agentes no fueron atendidos en ningún momento por nadie, pese a los continuos avisos, adoptando los ocupantes de la parcela una oposición frontal y obstinada a atender su mandato».
Puerta del club, dentro del macrocomplejo de ‘Casa Lola’, donde se celebró la fiesta ilegal. / SUCESOS
«Club»
Hasta que a las 8:30 de la mañana, «se abrió una de las puertas» de la villa y el jefe de la Policía Municipal «dio la orden a los otros dos agentes de colocar el vehículo policial en el sensor de la puerta para que no se cerrara», según el relato de la fiscal. Luego, les ordenó entrar en el recinto de ‘Casa Lola’, pero «solo en las zonas comunes, jardines y piscina y en la parte no destinada a vivienda (la edificación identificada como ‘Club’).
Una vez dentro, los agentes identificaron y sancionaron a 34 jóvenes que «estaban bailando sin hacer uso de la mascarilla obligatoria ni mantener la distancia de seguridad». Los policías «intentaron identificar al responsable» de organizar la fiesta, sin lograrlo, decomisaron un altavoz y precintaron el ‘Club’.
Sin autorización judicial
Tres días después, el inquilino que aquella noche tenía alquilada la casa, un turista marbellí de 25 años, y otro de los asistentes a la fiesta denunciaron, ante la Policía Nacional, a los tres agentes que accedieron a la vivienda. El primero de ellos quiere que su actuación sea castigada con cárcel. En su escrito al juzgado de instrucción 1 de Ibiza, que investiga el caso, el joven pide una pena de siete años y medio de prisión para el jefe de la Policía Municipal y una condena de seis años para cada uno de sus subordinados. También solicita que los tres agentes sean inhabilitados para cualquier cargo público durante nueve años.
«Los acusados, actuando de común acuerdo, con ánimo de allanar la morada y sin contar con autorización judicial alguna que amparase su actuación, ni con consentimiento expreso o tácito de los moradores, accedieron al complejo residencial conocido como ‘Casa Lola'», asegura el denunciante en su escrito de acusación.
«Amedrentar y acosar»
Los policías «no se limitaron a permanecer en las zonas comunes, sino que accedieron al interior de las viviendas que integran el complejo, llegando incluso a aporrear las puertas de las distintas habitaciones, incrementando con ello el clima de intimidación, miedo y vulneración del ámbito más íntimo de los moradores», añade.
El joven malagueño llega a afirmar en su escrito al juzgado de Ibiza que los agentes «llevaron a cabo su actuación con la finalidad de amedrentar, acosar y atemorizar a las personas allí residentes, mediante advertencias y amenazas de denuncia, generando desde el primer momento una situación de intimidación, perturbación y quiebra de la tranquilidad e inviolabilidad del domicilio, vulnerando de forma palmaria los derechos fundamentales de los moradores».
Requisaron altavoces
Además de un delito de allanamiento de morada, el denunciante atribuye a los policías otro delito de falsedad en documento público. Asegura que, tras denunciar a los agentes, estos «procedieron de forma consciente y deliberada a modificar y alterar el contenido del atestado, con la finalidad de justificar su actuación».
El joven sostiene en su escrito al juzgado de Ibiza que «una vez dentro (de la casa), pese a las reiteradas advertencias de los moradores para que abandonaran la vivienda, los acusados se negaron a hacerlo, permaneciendo en el interior en contra de la voluntad expresa de quienes ocupaban legítimamente el inmueble, procediendo a identificar contra su voluntad a las personas que se encontraban en el interior, a requisar unos altavoces y a formular numerosas denuncias por supuestas infracciones administrativas contra los allí presentes».
La Policía Municipal identificó y sancionó a 34 jóvenes que «estaban bailando sin hacer uso de la mascarilla obligatoria ni mantener la distancia de seguridad». / SUCESOS
Error invencible
Por su parte, la fiscal del caso también considera que los tres policías cometieron un delito de allanamiento de morada cuando entraron en la parcela «sin autorización judicial y sin el consentimiento de ninguno de los moradores», ya que «no se estaba cometiendo un delito flagrante».
Pero concluye que el jefe de la Policía Municipal entró en la vivienda «en el convencimiento de que se estaba cometiendo un delito flagrante de desobediencia al decreto de paralización y considerando que las zonas comunes no eran morada de ninguna persona y por lo tanto su actuación era urgente y necesaria«. La fiscalía cree que no se debe imponer ninguna pena al jefe de policía porque «concurre un error de tipo invencible» en su intervención.
Señala además que aquella noche sus dos subordinados actuaron «atendiendo la orden de su superior jerárquico en la creencia de que esta era legal» y que en su caso aplica un «error de tipo vencible», por lo que pide que los agentes no sean castigados.
Fuente: Diario de Ibiza
