- Origen del caso y solicitud inicial de información
- Intervención del Tribunal Supremo y nueva doctrina
- Aplicación de la doctrina en nuevos expedientes del Consejo de Transparencia
- Detalle del caso en Soria sobre complementos de productividad
- Alcance y limitaciones de la nueva doctrina del Supremo
- Otros casos relacionados y expansión de la doctrina en 2026
- Importancia para los sindicatos y nueva gestión de complementos
Origen del caso y solicitud inicial de información
El origen del caso se remonta a enero de 2021, cuando un representante de UGT pidió al Ministerio de Justicia información sobre los criterios de reparto y las cantidades abonadas en concepto de productividad durante 2019 y 2020, incluyendo los importes percibidos por cada empleado. Justicia rechazó la solicitud en marzo de ese año, por lo que el sindicato acudió al Consejo de Transparencia, que en agosto de 2021 le dio la razón y ordenó facilitar la información.
Intervención del Tribunal Supremo y nueva doctrina
El Ministerio recurrió la decisión y el asunto terminó en el Tribunal Supremo, que el 10 de junio de 2026 confirmó el derecho de los representantes sindicales a acceder a estas cantidades individualizadas.
La doctrina establece que los sindicatos pueden conocer las cantidades percibidas individualmente por los empleados públicos en concepto de productividad, al considerar que existe un interés público en controlar cómo se distribuyen los fondos públicos y cómo se aplican los criterios de productividad.
Aplicación de la doctrina en nuevos expedientes del Consejo de Transparencia
Tras las sentencias del Supremo, el Consejo de Transparencia ha comenzado a aplicar este criterio en nuevos expedientes. Uno de ellos es la resolución R CTBG 0715/2026, dictada el 7 de julio de 2026, que afecta a la información solicitada sobre las productividades abonadas en organismos de la Seguridad Social en Soria durante 2023 y 2024.
Detalle del caso en Soria sobre complementos de productividad
En este caso, un representante sindical había solicitado información sobre los complementos de productividad y gratificaciones, incluyendo los nombres de los empleados públicos que los habían percibido, las cantidades cobradas y los criterios utilizados para su distribución.
El Consejo de Transparencia estima la reclamación y aplica expresamente la nueva jurisprudencia del Supremo, estableciendo que la información debe facilitarse en los términos reconocidos por la doctrina judicial.
La resolución de julio no constituye, por tanto, una nueva sentencia del Supremo, sino la aplicación por parte del Consejo de Transparencia del criterio fijado por el Alto Tribunal unas semanas antes.
Alcance y limitaciones de la nueva doctrina del Supremo
La nueva doctrina no significa que los salarios de todos los funcionarios pasen a estar publicados en una base de datos accesible para cualquier ciudadano. El pronunciamiento del Supremo se refiere al acceso de los representantes sindicales, en el ejercicio de sus funciones de representación, a información individualizada sobre complementos de productividad y determinadas gratificaciones.
Tampoco se trata del sueldo base de los funcionarios. La cuestión afecta a cantidades adicionales vinculadas a productividad o a determinados servicios extraordinarios. Por tanto, un ciudadano que quiera conocer cuánto ha cobrado un funcionario concreto no obtiene automáticamente ese mismo derecho por las sentencias del Supremo. Su solicitud tendría que ser examinada conforme a la legislación de transparencia y a las reglas de protección de datos.
Otros casos relacionados y expansión de la doctrina en 2026
El caso de Soria no es el único. El listado de resoluciones del Consejo de Transparencia de julio de 2026 recoge otros expedientes relacionados con el acceso a información sobre complementos de productividad en organismos como Interior, la Seguridad Social, Industria y FOGASA, entre otros.
Importancia para los sindicatos y nueva gestión de complementos
La aplicación de esta nueva doctrina abre así una nueva vía para que los representantes sindicales puedan fiscalizar de manera más precisa cómo se reparten determinados complementos entre los empleados públicos.
El cambio afecta especialmente a las productividades y gratificaciones porque se trata de partidas cuya asignación puede depender de criterios específicos establecidos por cada Administración.
La nueva situación permite a los sindicatos conocer no sólo cuánto dinero se destina globalmente a estas partidas, sino también, en los supuestos amparados por la doctrina del Supremo, qué cantidad ha percibido cada empleado público.
