Lo consideran como una medida «nueva» entre las clásicas actuaciones que se incluyen un plan de choque ante una crisis. Y estiman que dará «alivio» no solo a las empresa sino al tejido económico en su conjunto y a la sociedad ceutí. Los representantes del empresario de la ciudad autónoma de Ceuta que se reunirán este martes con el vicepresidente Carlos Cuerpo le presentarán una batería de medidas para ayudar a la paliar la situación del enclave español en el norte de África entre las que estará la petición de «subvenciones, ayudas, para seguridad privada».
Desde el pasado 30 de julio, con la entrada masiva de personas de manera irregular a Ceuta, la ciudad también afronta una coyuntura económica que lleva a los empresarios a pedir a la Administración una moratoria en el pago de la Seguridad Social y otro tipo de actuaciones «de choque» que les permita asumir la situación de empresas y comercios, algunos con «bajadas de ventas del 60-70% en este agosto», «un mes en el que se hace caja», lamentan.
Según trasladan a EL PERIÓDICO representantes empresariales que se reunirán con Cuerpo este martes en la ciudad autónoma también esperan que el Gobierno aporte la facilidad de acogerse a los ERTE y algún tipo de «ayuda directa».
Sin embargo, insisten en que la principal medida que debe presentar el Ejecutivo es un marco temporal sobre la solución de la situación. «Mientras estas personas sigan vagando, la ciudad seguirá sumida en la inseguridad».
Y para abordar esta sensación comercios, empresas, polígonos e «incluso las comunidades de propietarios» están contratando seguridad privada para garantizar que migrantes no se instalan en naves industriales «o en la caseta del jardín, donde están las herramientas». Este coste no pueden, dicen dichas fuentes, ser costeado largo tiempo y más en una coyuntura en la que un plan económico de revitalizacion de la ciudad no tendrá su impacto porque, entienden que, mientras haya migrantes «deambulando» el asunto persiste.
Tras una primera reunión con las autoridades locales lideradas por Juan Jesús Vivas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa avanzó que el Gobierno tiene previsto hacer una ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integral socioeconómico que se impulsó en el año 2022. Un plan que, según Moncloa, ya ha movilizado más de 180 millones de euros, «una cantidad récord en la ciudad». Pero en el Ejecutivo entienden que «las circunstancias actuales exigen ir más allá y por eso se ampliará este plan, no sólo para consolidar los avances ya realizados, sino también para dar respuesta a la situación de excepcionalitad actual». Y ahí el Gobierno ha situado «reforzar la seguridad urbana y fronteriza» como el primer objetivo, aunque sin avanzar en detalles.
Un refuerzo que demanda la sociedad ceutí ante el incremento de «inseguridad» que siente en la calle. «La única salida es que los echen a todos», porque «Ceuta es una ciudad muy limitada en territorio y medios» y «no puede ser un campamento de por vida», comparten ciudadanos ceutíes que coinciden en la necesidad de cambiar la legislación y en casos como el vigente se pueden realizar acorde a la ley y no teniendo que esperar que pasen «meses y meses» con la tramitación individualizada de expedientes.
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