Cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan continúan procesados por «usurpación agravada» después de un desalojo policial. El caso expone una contradicción de fondo: mientras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce los derechos colectivos de la comunidad, quienes defienden el territorio ancestral afrontan un proceso penal.
El 6 de julio, más de 200 agentes de la Policía Nacional entraron en San Juan, comunidad garífuna del municipio de Tela, en la costa caribeña de Honduras, para ejecutar un desalojo. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de gases lacrimógenos, agresiones y afectaciones a la población. Durante el operativo fueron detenidas cinco personas vinculadas a la defensa territorial y a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Recuperaron la libertad horas después, pero continúan procesadas por «usurpación agravada».
El proceso fue posteriormente remitido desde Tela a un juzgado con competencia territorial nacional en materia de criminalidad organizada, con sede en San Pedro Sula. Según la comunidad y las organizaciones que la acompañan, esta decisión profundiza la estigmatización y la criminalización de quienes defienden el territorio.
La paradoja resulta difícil de ignorar. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado hondureño por vulnerar, entre otros, el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad garífuna de San Juan. A esta sentencia se suman las dictadas a favor de otras comunidades garífunas como Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y Cayos Cochinos.
Las autoridades sostienen que el desalojo respondió a una resolución judicial relacionada con un predio reclamado como propiedad privada. OFRANEH y la comunidad, por el contrario, consideran que las actuaciones afectan a su territorio ancestral y reclaman que cualquier decisión respete los derechos colectivos reconocidos internacionalmente.
El conflicto se ha agravado tras la aprobación del Decreto 107-2026, una nueva normativa de protección de actividades agroindustriales, turísticas, energéticas y ganaderas. Organizaciones sociales han advertido de su posible impacto sobre los conflictos territoriales. La propia normativa, sin embargo, contempla excepciones para las tierras indígenas y tribales, una salvaguarda especialmente relevante en un caso como el de San Juan.
Para Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH, la criminalización no se produce únicamente mediante leyes y procedimientos judiciales, sino también mediante la construcción de una narrativa racista y criminalizadora que presenta a las comunidades que defienden sus territorios como vinculadas al crimen organizado o como una amenaza.
No se trata de un episodio aislado. Las organizaciones defensoras de derechos humanos vienen denunciando desde hace años agresiones, amenazas y procesos de criminalización contra integrantes de OFRANEH y otras personas defensoras del territorio. Defender la tierra, para las comunidades garífunas, significa además defender sus formas de vida, su autonomía, su memoria, su alimentación y su continuidad como pueblo.
Ante la falta de avances, la movilización continúa. Desde el 10 de agosto, OFRANEH mantiene frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, un campamento de resistencia bajo el lema «Por la vida del Pueblo Garífuna», reclamando el sobreseimiento definitivo de las cinco personas procesadas y el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte Interamericana. La demanda cuenta también con el respaldo de organizaciones hondureñas y redes internacionales de derechos humanos y solidaridad.
El caso de San Juan plantea así una cuestión que va mucho más allá de cinco personas procesadas. Honduras acumula varias sentencias internacionales favorables a comunidades garífunas, pero el reconocimiento jurídico de sus derechos continúa chocando con conflictos territoriales, desalojos y procesos penales.
El desafío no es solo reconocer formalmente los derechos del pueblo garífuna, sino garantizar que puedan ejercerse de manera efectiva. Y mientras quienes defienden un territorio ancestral terminen acusados de usurparlo, seguirá abierta una pregunta difícil de esquivar: ¿quién está usurpando a quién?
Suscríbete para seguir leyendo
