No todo puede brillar como el oro en Venezuela por estas horas. De un lado, la luz se corta debido a la escasez de energía y la oscuridad empieza a ser parte de un problema cotidiano. En cuanto al oro, su falta es evidente al punto de que define las negociaciones entre el Gobierno provisional y un sector de la oposición en la mesa de diálogo tutelada por Estados Unidos, pero también el curso de las inversiones en un sector considerado estratégico. En principio, las partes se comprometieron a gestionar la devolución de las 31 toneladas de lingotes que equivalen a unos 4.000 millones de dólares y se encuentran en el Banco de Inglaterra. Venezuela necesita de ese dinero para encarar la reconstrucción tras el desastre telúrico del pasado 24 de junio. Los costos materiales del doble terremoto son superiores a los 20.000 millones de dólares, según las autoridades. La pregunta sobre esas reservas es también sobre lo ocurrido con el oro durante las décadas de un conflicto político interno que pasó de página con la intervención militar norteamericana del 3 de enero.
Quince años atrás, Hugo Chávez «repatrió» 16.908 lingotes que se encontraban en distintos bancos en Europa y Canadá. «Estamos regresando a nuestro país el oro que en el pasado se lo llevaron por imposiciones financieras de aquel entonces», dijo el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes «Estoy de acuerdo con Nelson», dijo Chávez, y añadió: «Vamos a nacionalizar el oro y vamos a convertirlo, entre otras cosas, en reservas internacionales».
El oro restante permaneció en el Banco de Inglaterra. Cuando en enero de 2019 el diputado Juan Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela, esos lingotes quedaron bajo custodia de la autoridad monetaria británica. Por entonces, Londres había reconocido la legitimidad de Guaidó. La situación ha cambiado a partir de la llegada de Delcy Rodríguez al Palacio de la Moneda, con el «reconocimiento» de Donald Trump. Gran Bretaña se ha abierto a reconsiderar la situación en la medida que el «rodriguismo» y sus interlocutores en la mesa de diálogo, encabezados por Dinorah Figuera, lleguen a un acuerdo duradero. EEUU es la tercera parte de ese esperado entendimiento y, como sucede con la renta petrolera, administraría el oro en cuestión.
En este contexto, representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y de la Coalición Sindical Nacional e Internacional Venezolana pidieron a las autoridades británicas que mantengan bajo custodia los lingotes hasta que «exista un gobierno legítimo surgido de elecciones libres y justas». Luis Parra, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Primero Venezuela, un sector de la «oposición amigable» con el Gobierno provisional, consideró un despropósito esa petición y pidió a Washington que levante las sanciones económicas y propicie el descongelamiento de los activos venezolanos en el exterior. «Ya la excusa pasó».
¿Qué pasó con los otros lingotes?
Lo que persisten son las preguntas. De acuerdo con el portal El Pitazo, el Banco Central de Venezuela pasó de tener 105 toneladas de oro en 2019 a 47 toneladas al cierre de 2025. Este último número incluye los lingotes que se encuentran inmovilizados en el Banco de Inglaterra. «No podemos afirmar que alguien simplemente se robó 58 toneladas. Hubo ventas, intercambios, pagos internacionales, operaciones de las que existe documentación. Pero también hubo una enorme falta de transparencia. Y durante esos años diferentes investigaciones comenzaron a identificar las estructuras que comercializaban oro venezolano», señaló la publicación. La cantidad de oro extraído durante los años que Nicolás Maduro estuvo en el poder es otro agujero negro. La explotación en el llamado Arco Minero del Orinoco estuvo marcada por denuncias relacionadas con la deforestación, la contaminación de ríos y la presencia de grupos armados que no solo afectaban a las comunidades originarias: habían creado un circuito ilegal del oro.
A partir del «secuestro» de Maduro y el vertiginoso proceso de articulación económica del país sudamericano con Estados Unidos, la Asamblea Nacional ha promovido una ley de minería que favorece la participación del capital extranjero y coloca a la extracción aurífera bajo otra órbita. En este contexto fue excarcelado días atrás José Ignacio Moreno Suárez, representante legal de Gold Reserve en Caracas. Según el portal Efecto Cocuyo, se abre a partir de este hecho el camino para el retorno operativo de la compañía canadiense a Venezuela. «Con este paso, la minera reactiva sus gestiones legales y técnicas en el país con un objetivo prioritario: recuperar una deuda acumulada que asciende a 1.260 millones de dólares». La suma abarca un laudo arbitral pendiente de pago, los intereses moratorios y las costas procesales generados por compromisos financieros incumplidos desde el dictamen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de 2014. Gold Reserve operaba en el estado de Bolívar hasta que en 2007 se le retiró la concesión que motivó la demanda. Para resolverla, las partes convinieron en 2016 la creación de la empresa mixta Siembra Minera. El Estado venezolano no pudo cumplir sus compromisos de capitalización debido a las sanciones financieras. El escenario se ha modificado y el oro vuelve a ser un asunto primordial en todos los órdenes para la Administración interina.
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