El PSPV-PSOE presentará en Les Corts Valencianes una proposición no de ley (PNL) para exigir al Consell que revierta su política de vivienda protegida, retire las dos subidas del precio máximo de las VPP aprobadas durante su mandato y recupere el nivel máximo de ingresos para evitar unas «carísimas y para ricos».
La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María José Salvador, ha reclamado al Gobierno valenciano que recupere el módulo de 2.200 euros por metro cuadrado establecido por el último gobierno del Botànic.
Un precio que, posteriormente, el Ejecutivo del PP lo elevó «a 2.400 euros en 2024, fijando el ‘módulo dinámico’ que permite nuevas subidas» para, acto seguido, volverlo «a incrementar hasta los 2.568 euros por m2«.
El pasado viernes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó una subida del 7% del módulo que fija el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, las conocidas como VPO.
De esta forma, el precio queda establecido en 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, 168 euros más que hasta ahora. Una actualización que responde al nuevo sistema de cálculo establecido por el Gobierno valenciano para adaptar cada año el precio de la vivienda protegida a la evolución de los costes de construcción.
De hecho, en el texto de la resolución la Conselleria de Vivienda apuntaba a algunos de los factores que han influido en este incremento como la pandemia, la guerra de Ucrania, las tensiones internacionales en Oriente Medio y el encarecimiento de la mano de obra especializada y de otros materiales y recursos necesarios para construir.
«Los estudios técnicos elaborados por organismos especializados y por el ámbito académico de la Comunitat Valenciana ponen de manifiesto que el sector de la edificación residencial ha experimentado durante los últimos años un incremento extraordinario y sostenido de los costes de construcción como consecuencia de diversos factores de alcance internacional», exponía Vivienda.
«Destacan la disrupción de las cadenas de suministro derivada de la pandemia, la crisis energética y de materias primas provocada por distintos conflictos internacionales, especialmente la guerra de Ucrania y las recientes tensiones en Oriente Medio, así como el progresivo encarecimiento de la mano de obra especializada y de otros factores de producción», agregaba el texto.
A todo ello se suma una circunstancia específica de la Comunitat Valenciana: las obras de reconstrucción y rehabilitación tras la dana de octubre de 2024. Según la Generalitat, esta habría provocado una «presión adicional sobre la disponibilidad de mano de obra y de determinados recursos de construcción».
Todo ello habría «consolidado un nuevo escenario estructural en el que los costes de construcción continúan incrementándose«, argumentan. Y concluye: «La preceptiva memoria económica justifica la necesidad de realizar una actualización del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública y establecer una variación superior a la estimación obtenida por el IPC«.
Tras la entrada en vigor de esta medida el pasado sábado, los socialistas reclamaron al Consell de Juanfran Pérez Llorca que rectificase. «Estamos hablando de viviendas que deberían ser asequibles y que, sin embargo, obligan a asumir una hipoteca de casi 900 euros al mes durante 25 años«, señaló Salvador este lunes.
Con el nuevo módulo, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados alcanzaría según los cálculos de la socialista un precio de 231.120 euros.
Si el banco financia el 80% del valor, el préstamo hipotecario ascendería a 184.896 euros, mientras que la persona o familia compradora tendría que aportar los 46.224 euros restantes, además de los impuestos y gastos asociados a la adquisición, según el PSPV.
«Estamos hablando de que la cuota que tendrían que pagar las familias sería de casi 900 euros al mes durante 25 años para acceder a una vivienda que se supone que es protegida y asequible«, reprochó la diputada.
Sin apoyos suficientes
Con todo, ahora van un paso más allá y anuncian una nueva iniciativa para instar a la Generalitat a que rectifique y retire esta medida, si bien se da por hecho que la propuesta no obtendrá los apoyos necesarios en el parlamento, donde el PSPV cuenta con 31 diputados y Compromís con 15. En total, 46 frente a los 53 que suman PP y Vox, que previsiblemente apoyará la medida impulsada por el Consell.
Los populares defienden la medida como «una actualización moderada y responsable que está muy por debajo del incremento real de los costes de construcción, que alcanza el 21,79% desde diciembre de 2024″.
Asimismo, recuerdan que cuenta con «el respaldo técnico de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV«. Según valoró su director, Fernando Cos-Gayón, esta es una «decisión correcta y llega respaldada por datos, no por intuición».
«La vivienda protegida no protege si no se construye, y durante los últimos años el módulo se había quedado por debajo del coste real de construirla. Esta actualización no es un capricho normativo: es la constatación de una realidad que llevábamos meses documentando», defendió.
