Hay decisiones administrativas cuya importancia no se mide por el importe económico que representan ni por el número de páginas que ocupan en un expediente. Su verdadera trascendencia reside en el mensaje que transmiten. Son decisiones que reflejan una determinada manera de entender el servicio público, la relación de la Administración con el territorio y el respeto hacia quienes viven en él. Porque administrar no consiste únicamente en aplicar normas; consiste también en comprender la realidad sobre la que esas normas despliegan sus efectos y preguntarse si la respuesta que ofrecen satisface realmente el interés general.
La reciente resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, por la que se deniega la instalación de dos pequeños puntos de alumbrado en la carretera N-640, entre San Juan de Moldes y Vilavedelle, en el concejo de Castropol, me ha llevado precisamente a esa reflexión. No deseo cuestionar la resolución desde un punto de vista técnico, sino plantear una cuestión mucho más amplia: si basta con que una decisión administrativa encuentre amparo en una determinada interpretación de la normativa o si, además, debe responder a una visión más completa de la realidad y de las necesidades de las personas a las que afecta. En definitiva, la pregunta es sencilla: ¿es suficiente con que una decisión sea legal o la buena Administración debe aspirar también a que sea justa?
Conviene aclarar desde el principio una cuestión esencial. No estamos reclamando una actuación nueva. No se pretende urbanizar una carretera nacional ni solicitar una inversión extraordinaria. Lo único que se pide es completar una actuación que debió ejecutarse cuando, hace años, se iluminaron centenares de metros de la N-640 en los accesos a San Juan de Moldes y Vilavedelle. Sorprendentemente, aquella intervención dejó sin alumbrar precisamente unos accesos que presentaban unas características muy similares a las de los tramos que sí fueron objeto de esa mejora. Lo que hoy se solicita no es una ampliación del alumbrado existente, sino la corrección de una omisión que nunca debió producirse. No se reclama un criterio nuevo; se pide, sencillamente, que se aplique con coherencia el mismo criterio que justificó la actuación realizada entonces.
Los accesos cuya iluminación se solicita no dan servicio únicamente a las localidades de Iramola y Lantoira. Constituyen también la entrada a numerosas viviendas y pequeños núcleos de población situados en Villagomil, Loureiro, Palacios, Granda, La Tejera, Brandilán y Fabal, cuyos vecinos utilizan necesariamente la N-640 para desarrollar su vida cotidiana. Todos ellos presentan una disposición respecto a la carretera muy semejante a la de otros accesos que sí fueron iluminados en aquella actuación inicial, circunstancia que hace todavía más difícil comprender por qué estos quedaron excluidos.
A ello se añaden circunstancias objetivas que afectan directamente a la seguridad vial. Estos accesos se encuentran a largo de una recta donde los vehículos alcanzan una rapidez considerable. Uno de ellos coincide, además, con un cambio de rasante que reduce notablemente la visibilidad y donde se han producido diversos accidentes por alcance cuando los vehículos disminuyen la velocidad para abandonar la N-640 y acceder a esos núcleos de población.
Otros concurren con un tramo donde la frecuente irrupción de jabalíes en la calzada ha provocado diversos impactos de vehículos contra estos animales, circunstancia que evidencia la existencia de un riesgo objetivo para la seguridad vial. No en vano, la propia Administración consideró necesario instalar en ese punto una señal de advertencia a la que se ha acrecentado su iluminación para ser claramente visible durante la noche. Si esa sucesión de incidentes justifica reforzar la señalización mediante un dispositivo luminoso, resulta difícil comprender por qué no se considera igualmente razonable iluminar el entorno inmediato por el que diariamente acceden los vecinos a sus viviendas.
Pero el problema no se limita a la circulación de vehículos. En ese mismo lugar existen las paradas discrecionales utilizadas por el transporte de viajeros de línea que comunican Vegadeo con el resto de Asturias. Durante buena parte del otoño y del invierno, cuando la noche llega antes incluso de finalizar la tarde, tanto quienes aguardan la llegada del autobús como quienes descienden de él al regresar a sus hogares —en muchos casos personas de edad avanzada— se ven obligados a hacerlo en una oscuridad absoluta, precisamente en un entorno donde la seguridad debería extremarse.
Sin embargo, la verdadera dimensión de esta cuestión va mucho más allá. Todos esos accesos forman parte de la vida diaria de quienes residen en esos pueblos y viviendas dispersas. Cada desplazamiento al trabajo, al centro de salud, al colegio, a un comercio o el simple regreso al domicilio obliga necesariamente a incorporarse o abandonar la N-640 en esos puntos. No estamos hablando de un uso ocasional, sino de la seguridad con la que decenas de vecinos desarrollan su vida cotidiana. La seguridad vial no puede valorarse exclusivamente desde estadísticas de accidentalidad; debe contemplarse también desde la realidad diaria de quienes recorren esa carretera varias veces al día y conocen perfectamente las dificultades que presenta.
Es muy fácil valorar esa realidad desde una ciudad donde el alumbrado público forma parte del paisaje cotidiano y nadie necesita preguntarse si dispondrá de luz para acceder a su vivienda o esperar un autobús. También resulta cómodo analizar estas cuestiones desde un despacho perfectamente iluminado. Pero la percepción cambia cuando uno conoce el territorio y comprende que detrás de cada incorporación a esa carretera hay personas concretas que solo desean regresar a casa con unas condiciones razonables de protección.
Existe, además, un hecho especialmente significativo. El Ayuntamiento de Castropol asume expresamente el compromiso de hacerse cargo tanto del mantenimiento como del consumo eléctrico de esas luminarias, exactamente igual que viene haciendo desde hace años con el resto del alumbrado existente en ese tramo de la N-640. Incluso, el Alcalde de Castropol, nos manifestó la disponibilidad del consistorio a contribuir al pago del coste de la canalización eléctrica, si ello facilitase la autorización. Difícilmente puede sostenerse, por tanto, que esta actuación suponga una carga económica relevante para la Administración de la que depende la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.
Me considero con toda la fuerza moral para expresar esta reflexión. No porque crea que mi opinión tenga más valor que la de nadie, sino porque he dedicado toda mi vida a la defensa del medio rural. Primero como director del Centro Educativo Aurelio Menéndez de Ibias y, posteriormente, desde el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, impulsando proyectos educativos nacidos de una misma convicción: que el futuro de nuestros pueblos pasa por garantizar a quienes viven en ellos las mismas oportunidades y los mismos derechos que disfrutan quienes residen en cualquier gran ciudad.
Si ese compromiso ha merecido el inmenso honor de recibir la Medalla de Asturias, la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Agrario, los nombramientos de Hijo Predilecto de Castropol, Hijo Adoptivo de Ibias e Hijo Adoptivo de Vegadeo, entre otros reconocimientos, nunca los he entendido como una satisfacción personal ni como un argumento de autoridad. Los considero, sobre todo, una responsabilidad añadida y una fuente de legitimidad moral para seguir defendiendo aquello que ha dado sentido a toda mi vida. Los reconocimientos públicos solo adquieren verdadero valor cuando obligan a quien los recibe a seguir levantando la voz en defensa de aquello por lo que fue distinguido. Si guardara silencio precisamente ahora, sentiría que ninguno de esos honores habría servido realmente para nada.
Quienes vivimos en el medio rural estamos demasiado acostumbrados a justificar lo que en otros lugares nadie necesita argumentar. Siempre hay que defender una escuela, un consultorio, una parada de autobús, una oficina bancaria, una conexión digital o un simple punto de luz. Como si la igualdad territorial hubiera que conquistarla una y otra vez.
Se habla con frecuencia del reto demográfico y de la necesidad de revitalizar nuestros pueblos. Se redactan estrategias, se celebran congresos y se pronuncian excelentes discursos. Pero el verdadero compromiso con el medio rural no se demuestra únicamente en las grandes declaraciones institucionales. Se demuestra en decisiones concretas como esta.
Porque no estamos pidiendo más luz para una carretera. Estamos pidiendo más seguridad para las personas. Estamos pidiendo que una actuación que debió ejecutarse hace años se complete por fin con el mismo criterio y la misma coherencia con los que se iluminaron los tramos inmediatamente anteriores.
Existe un conocido aforismo, popularmente asociado al espíritu del Quijote, que afirma que nadie es más que nadie si no ha hecho más que nadie. Siempre he procurado vivir conforme a esa máxima. Quien desempeña una responsabilidad pública merece todo el respeto institucional. Pero ningún cargo, ningún despacho ni ningún informe técnico pueden sustituir al conocimiento del territorio ni a la sensibilidad que proporciona escuchar a quienes viven diariamente esa realidad.
Es posible que, tras esta resolución, solo nos quede el recurso del disenso institucional. Lo ejerceremos con respeto, con educación y con argumentos, porque la crítica razonada también forma parte de una democracia madura. Lo que verdaderamente preocupa no es una resolución concreta. Lo preocupante es que decisiones como esta terminan alejando a los ciudadanos de la Administración. Las administraciones no solo administran carreteras; administran también confianza. Y esa confianza se fortalece cuando los ciudadanos perciben que las normas están al servicio de las personas y no las personas al servicio de una interpretación excesivamente rígida de las normas.
Afortunadamente, las instituciones permanecen mientras las personas pasan. Los cargos públicos no son permanentes y esa es una de las mayores fortalezas de nuestro Estado de derecho. Seguiré defendiendo esta reivindicación por los cauces que correspondan, con la esperanza de que llegue el día en que la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias contemple esta situación desde una mayor proximidad al territorio y comprenda que no reclamamos un privilegio ni una excepción. Reclamamos, sencillamente, que se complete una actuación que nunca debió quedar incompleta y que el medio rural reciba el mismo respeto y la misma consideración que inspiraron la actuación ejecutada hace años en los tramos inmediatamente anteriores.
Porque el medio rural no reclama privilegios. Reclama, sencillamente, respeto. Y el respeto se demuestra, sobre todo, cuando las pequeñas decisiones hacen la vida un poco más segura y un poco más digna para quienes siguen creyendo que merece la pena vivir en nuestros pueblos.
Porque una farola, por sí sola, no cambia una carretera. Pero una decisión sí puede cambiar la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Y pocas cosas resultan más difíciles de recuperar que esa confianza cuando comienza a apagarse.
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