La Generalitat Valenciana quiere llevar al Congreso de los Diputados, a través del grupo parlamentario del PP, un paquete de reformas legislativas para cambiar la respuesta de las administraciones ante grandes catástrofes.
Según revela en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL el comisionado para la Recuperación tras la dana del Gobierno valenciano, Raúl Mérida, que se publicará en los próximos días, la iniciativa incluiría la creación de una nueva ley que obligaría al Gobierno central a, entre otras cosas, constituir una comisión mixta de forma inmediata con la administración autonómica afectada tras cualquier tragedia, con independencia de su naturaleza.
En este punto, conviene recordar que la creación de esta herramienta interadministrativa para abordar la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 tardó 477 en constituirse. No fue una realidad hasta que Carlos Mazón dimitió como president de la Generalitat Valenciana tras el Funeral de Estado, a pesar de que el Gobierno valenciano la había reclamado en reiteradas ocasiones.
Aunque desde el Ejecutivo autonómico reconocen la utilidad de la comisión hoy por hoy, sí lamentan el retraso a la hora de configurarla y el tiempo que «perdido» para afrontar la recuperación del territorio. Por ello, el Consell pretende fijar ahora en una norma esta obligación, para que no sea una «cuestión de voluntad» tras una catástrofe ni tampoco quede condicionada a la sintonía o no entre gobiernos de distinto signo político.
De forma paralela, el Gobierno valenciano tiene intención de lograr una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para flexibilizar los términos en los que se producen los contratos de emergencia con el objetivo de agilizar la reconstrucción de los territorios que se ven golpeados por cualquier catástrofe.
No en vano, el comisionado expone que ahora mismo la contratación de emergencia está limitada a «restituir». «Se ha demostrado que algunas infraestructuras que se vieron arrasadas el día de la dana del 29 de octubre de 2024 aumentaron y agravaron las consecuencias de la riada«, agrega en este sentido.
Por ello, cree que habría que diseñarlas de otra manera, para que si vuelve a producirse una dana, el daño no se repita en los mismos términos. «No hay que restituirlas a su estado anterior, sino reconstruir con mejoras para proteger a la población. Hay que cambiar esos términos de la ley», sostiene el Mérida.
Agrega, en este sentido, la rigidez de esta norma cuando «aparecen daños tiempo después de la catástrofe«. Un obstáculo que a día de hoy la Comunitat Valenciana sigue sin poder sortear de ninguna forma.
Para evitar los problemas detectados tras las inundaciones de entonces, la Generalitat quiere armar un paquete legislativo que permitiera también suspender los plazos administrativos o tributarios para los afectados de este tipo de episodios, o «facilitar de alguna manera la contratación de personal técnico por parte de los ayuntamientos», que también se ha revelado como uno de los principales hándicaps de los municipios.
La idea, según trasladan desde el Ejecutivo a este diario, es que llegue a la Cámara Baja a través de su partido -el PP-, pero una vez allí se consensúe con el resto de formaciones, dado que «las catástrofes no son de un gobierno o un partido político concreto«. «Puede afectar a cualquier territorio«, apostilla el alto cargo del Consell.
Paralelamente a que se tramite en el Congreso, también existiría la intención de mantener un encuentro con el Gobierno de España.
La hoja de ruta pasa ahora por mantener reuniones en Madrid con el Ejecutivo y recabar apoyos de empresarios y agentes sociales. Por lo pronto, ya se han producido encuentros con la Fundación Conexus y en el horizonte está hacerlo con la Cámara de Comercio de Valencia.
«Nosotros tenemos un borrador con las normas y con los artículos que hay que cambiar«, asegura Mérida sobre un documento que, añade, contará con la supervisión de expertos en derecho administrativo y tributario para dotarlo de la mayor solidez jurídica posible.
El responsable de la recuperación insiste en que la propuesta no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de corregir las carencias detectadas durante la gestión de la dana. «No se trata de una normativa que vaya contra nadie, va a favor de todos«, sostiene.
En ese proceso, explica, han recogido las demandas de ayuntamientos, empresarios, funcionarios y técnicos para identificar los principales obstáculos administrativos surgidos tras la riada. Entre ellos cita las dificultades de los consistorios para ejecutar las ayudas estatales o contratar personal cualificado con rapidez.
También propone que los plazos administrativos y fiscales queden suspendidos automáticamente tras una emergencia, sin necesidad de que las administraciones afectadas tengan que solicitarlo expresamente al Gobierno.
Otro de los cambios planteados afecta a la actualización de precios en los contratos públicos. El comisionado advierte de que el incremento de costes está provocando que algunas licitaciones queden desiertas y reclama aplicar mecanismos europeos que permitan adaptar los contratos en territorios especialmente afectados por una catástrofe.
