Pese a que el Ayuntamiento de Castelló, a través de la Policía Local y la colaboración ciudadana, ha impedido la okupación de tres viviendas recientemente –dos en el Grau y otra en la Marjaleria–, se han producido otras tres entradas ilegales en otros tantos inmuebles de la Cuadra Natora, según ha explicado este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá.
Así, el edil ha destacado que en el caso de este barrio periférico los vecinos han denunciado estas okupaciones en tres viviendas que son propiedad del Ayuntamiento de Castelló ya que el consistorio las expropió para la ejecución de la ronda de circunvalación por esta zona. De estas tres residencias donde viven sus moradores de forma ilegal, dos de ellas no tienen ni luz ni agua «por lo que las condiciones son precarias» y la otra, el municipio está tramitando las medidas necesarias para tampoco cuente con estos servicios.
Antonio Ortolá, concejal de Seguridad Ciudadana, este jueves en rueda de prensa. / Mediterráneo
En cuanto a los dos pisos en la zona del Grau que los agentes y la ciudadanía lograron evitar, el concejal Ortolá ha destacado que estos okupas «no son familias vulnerables, son una mafia y son las mismas familias que okuparon la vivienda de la Marjaleria el pasado mes de junio».
El edil ha hecho de nuevo un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha remarcado el trabajo del consistorio por evitar este tipo de situaciones que generan malestar e inseguridad entre los vecinos.
Prioridad nacional y «arraigo»
Por otra parte, en la rueda de prensa en la que han participado tanto el portavoz de gobierno, Vicent Sales (PP), como el portavoz adjunto, Antonio Ortolá (Vox), tras la junta de gobierno local, tanto uno como el otro han apostado por el arraigo, tras la incorporación de la prioridad nacional en los presupuestos de la Generalitat Valenciana.
Sales ha destacado que esa prioridad nacional está vinculada al arraigo y el que lo tenga «tendrá preferencia sogre el que ha llegado hace menos tiempo». El portavoz local ha recordado que los ayuntamientos, incluido el de Castelló, ya contempla este arragio en sus presupuestos priorizando a las personas que llevan más tiempo en la ciudad porque los servicios y subvenciones se pagan con dinero público «que es de los castellonenses y también de los que llevan años viviendo en la ciudad». Finalmente Sales ha puesto el ejemplo de que son las asociaciones que llevan inscritas un mínimo de dos años en el registro municipal pertinente las que reciben subvenciones del consistorio.
En el mismo sentido sobre el arraigo se ha pronunciado Ortolá, quien ha remarcado la importancia de que tengan preferencia los que llevan «más tiempo contribuyendo al sistema con independencia de su origen, nacionalidad o color de su piel».
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