La transición hacia la movilidad sostenible está obligando a reformular los sistemas fiscales tradicionales. Aunque durante años las distintas administraciones han ofrecido numerosas ventajas fiscales (como la exención del impuesto de matriculación o los peajes gratuitos y zonas de estacionamiento) para incentivar la compra de vehículos cero emisiones, los gobiernos empiezan a buscar alternativas para compensar la futura pérdida de ingresos por carburantes.
La revolución que supuso dejar de depender del petróleo trajo consigo un importante ahorro en el coste por kilómetro y un menor gasto en los talleres mecánicos para los usuarios. Sin embargo, el peso económico que tiene el sector automovilístico tradicional para las arcas públicas está empujando a las autoridades a eliminar este escenario de gratuidad total para las nuevas tecnologías de baterías.
Reino Unido estrena un impuesto pionero para las nuevas tecnologías
El Gobierno británico se ha convertido en el primero en mover ficha en Europa al anunciar la creación del eVED, un gravamen específico destinado a los automóviles de batería. El motivo principal radica en el enorme volumen de ingresos que genera el transporte convencional; en España, por ejemplo, los datos de la patronal ANFAC reflejan que el sector aporta más de 43.000 millones de euros anuales al Estado a través de impuestos al combustible, tasas de matriculación y sanciones.
Esta nueva tasa de circulación entrará en vigor en un plazo inferior a dos años y obligará a los propietarios a cambiar sus hábitos de declaración fiscal. La medida nace con la vista puesta en el resto de Europa, donde se espera que iniciativas similares se vayan extendiendo de forma progresiva a los países de la Unión Europea a medida que caigan las ventas de los motores de combustión interna.
Un cálculo basado en el kilometraje y los tipos de motor
El mecanismo diseñado por la hacienda británica obligará a los conductores a realizar una estimación previa de los kilómetros que prevén recorrer cada año para abonar la cantidad correspondiente. Para evitar molestias a los ciudadanos, las autoridades han descartado obligar a realizar verificaciones anuales presenciales, por lo que los desvíos y ajustes en las cifras declaradas se corregirán directamente cuando los vehículos pasen sus inspecciones técnicas oficiales.
Las tarifas fijadas penalizan en mayor medida a los vehículos puramente eléctricos, que tendrán que abonar dos céntimos por cada kilómetro recorrido, lo que se traduce en un pago de unos 100 euros anuales para un conductor medio que realice 10.000 kilómetros. Por su parte, los usuarios de modelos híbridos enchufables pagarán exactamente la mitad, un céntimo por kilómetro, al entender la administración que este tipo de motorizaciones ya contribuyen a las arcas públicas mediante los impuestos especiales que gravan los combustibles fósiles.
