El Gobierno ha abierto un nuevo frente en la negociación del decreto de vivienda que pretende aprobar el próximo martes. El borrador incorpora una reforma de la ley del suelo que ya fracasó en el Congreso y enfrenta dos condiciones incompatibles. El PNV considera «imprescindible» incluirla para agilizar los planeamientos urbanísticos, mientras que Podemos exige su retirada como «condición ineludible» para sentarse a negociar el paquete.
La pugna complica la convalidación de un decreto cuya principal medida será permitir una prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. El borrador recupera dos elementos de la reforma impulsada anteriormente por PSOE y PNV. El primero modifica el sistema de recursos y anulaciones del planeamiento para evitar que un defecto formal subsanable provoque la nulidad completa de un plan urbanístico y arrastre los proyectos aprobados a su amparo.
«Si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse, hay que corregirlo, no tirar todo el planeamiento y volver a empezar», sostiene la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. Los vascos argumentan que la rigidez actual puede anular años de trabajo municipal y retrasar viviendas ya previstas. Podemos ofrece la interpretación contraria. El partido denuncia que el nuevo régimen permitiría «legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo», reduciría los controles sobre futuros desarrollos y limitaría la capacidad de las entidades civiles para denunciar irregularidades.
Una reforma ya derrotada
El Gobierno retiró en mayo de 2024 un proyecto similar al carecer de apoyos. PSOE y PNV registraron después una proposición conjunta, aunque los socialistas acabaron retirando su firma. La iniciativa llegó al pleno en febrero de 2025, con el voto favorable del PSOE, pero fue rechazada por 186 votos frente a 124 y 34 abstenciones. Sumar, ERC y Podemos votaron en contra.
El choque no termina en la ley del suelo. El PNV avalará la prórroga de los alquileres si está limitada en el tiempo y el inquilino está al corriente de pago y lo ha estado durante los doce meses anteriores. «Protección para quien cumple y seguridad para quien alquila», resume Vaquero. Los vascos coinciden con el Gobierno en regular los alquileres de temporada para impedir que encubran arrendamientos de vivienda habitual. Reclaman diferenciar claramente los alquileres habituales, temporales y turísticos porque «cambiar la etiqueta de un contrato no puede servir para eludir las reglas».
También discrepan sobre la fiscalidad de los pisos turísticos. Frente al IVA del 21% anunciado por el Gobierno, el PNV pide aplicarles el 10% correspondiente al hospedaje. Además, exige que el decreto respete las competencias autonómicas y no suponga «un paso atrás» para el modelo vasco de vivienda.
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