El Tribunal Supremo revisará si la Junta Electoral Central incurrió en dejación de funciones al declararse no competente para pronunciarse sobre los efectos electorales de la concesión de la nacionalidad española para los descendientes españoles que viven en el extranjero y que sufrieron el exilio, en cumplimiento de una disposición incluida en la ley de memoria democrática. Lo hará a instancias de Iustitia Europa, tras admitir el recurso presentado por este partido político, y además ha abierto pieza separada para estudiar si mientras analiza esta cuestión suspende la eficacia de la norma.
Así lo señala en sendas diligencias de ordenación que tienen fecha de este miércoles, a las que ha tenido acceso El PERIÓDICO, en el que se da un plazo de veinte días a la Junta para que le remita el expediente sobre la repuesta a las quejas que se presentaron contra la denominada ‘ley de nietos’ y se nombra al magistrado Antonio Narváez como ponente de la resolución a dictar. Se trata de un magistrado que formó parte del sector conservador del Tribunal Constitucional hasta diciembre de 2022.
Entre las medidas cautelares reclamadas, que serán estudiadas por el alto tribunal, Iustitia Europa –habitual en las acusaciones populares de causas abiertas contra el Gobierno como el caso Koldo, Begoña o el que concluyó con la condena del hermano de Pedro Sánchez– incluye la suspensión de la eficacia de la instrucción de Justicia sobre la concesión de estas nacionalidades y que se obligue a las embajadas a separar los expedientes de nacionalidad ya tramitados del resto del censo de españoles en el extranjero con derecho a voto.
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