Expectación y curiosidad. Son dos de las emociones generadas en la Fiscalía anticorrupción y en la jueza que lleva la causa por la solicitud voluntaria de declarar del teniente coronel del Ejército de Tierra Miguel Ángel E. T., adscrito como interventor a la VI Zona de la Guardia Civil -la C. Valenciana-, investigado por siete delitos graves que habría cometido liderando, presuntamente, una trama de «corrupción sistémica» en la que habría desfalcado al Instituto Armado mediante el cobro de mordidas por inflar presupuestos de obras menores y adjudicar contratos públicos que le habrían reportado un notable incremento patrimonial invertido en la compra de inmuebles en Siete Aguas.
El alto cargo militar, hoy jubilado, ha llegado a las 9.25 horas de este viernes, 17 de julio, al juzgado de guardia de Valencia acompañado por su letrado, el penalista valenciano Juan Carlos Navarro, y los abogados de otros dos coimputados en la causa -los empresarios presuntamente corruptores-.
Miguel Ángel E. T. había pedido a la jueza, la titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, declarar ante él para poder aportar documentación que, afirma, destruye buena parte de las pruebas aportadas por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil y recogidas en un amplio y minucioso informe que detalla no solo la operativa puesta en marcha por el acusado, sino todos los pormenores en las siete obras analizadas, llevadas a cabo entre marzo y agosto de 2021, del que informó en su momento Levante-EMV.
Lo que dice el investigado
El investigado ha respondido a las preguntas tanto de su abogado como del resto de las defensas, y no lo ha hecho a la Fiscalía ni la Abogacía del Estado porque no han formulado ninguna cuestión. En síntesis, ha negado que hubiera sobrecostes en las obras y ha atribuido a errores de los investigadores de Asuntos Internos algunas de las conclusiones extraídas por los agentes y que son la base de las acusaciones contr él y el resto de empresarios investigados en la causa.
Como ejemplo, ha asegurado que uno de los sobrecostes que se le atribuyen a una obra es erróneo, porque la cifra final que los investigadores plasman en su informe final corresponde en realidad a cuatro obras diferentes, de ahí que aparente un incremento, cuando en realidad es la suma de los costes de los cuatro proyectos.
La comparecencia, que se ha prolongado por espacio de unas tres horas, ha comenzado a las 9.30 horas pasadas, y se ha celebrado en la sala multiusos del juzgado ed guardia de Valencia aprovechando que la magistrada estaba este viernes precisamente en funciones de guardia.
Lo que dice Asuntos Internos
El informe final del SAI, que cierra la investigación por corrupción de la que lleva siendo objeto desde diciembre de 2021 el teniente coronel Miguel Ángel E. T., máximo responsable durante casi dos décadas de la unidad de gestión económica (UGE) del Instituto Armado en toda la C. Valenciana, sitúa al investigado al frente de lo que denominan una trama de «corrupción sistémica» dentro de la Guardia Civil. Tal como ha venido informando este diario, el acusado pertenece al Cuerpo Militar de Interventores, dado que el Instituto Armado carece de ellos, por lo que recibe personal de las Fuerzas Armadas designado por Defensa para llevar sus finanzas.
Para los agentes del SAI, no hay margen de duda: consideran al alto mando militar la cabeza del entramado corrupto con varios empresarios implicados que buscaba enriquecerse con dinero público mediante la adjudicación irregular de obras menores a las que aplicaban sobrecostes que en algún caso llegó al 348 %.
El SAI solo ha investigado siete obras y la operativa de la trama en un corto periodo de tiempo, de marzo a agosto de 2021, pero les ha bastado para contabilizar, según ese informe, hasta siete delitos de los que creen responsable a E. T.: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho o recepción de dádivas, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales. Estos dos últimos se habrían cometido, presuntamente, en la segunda fase de la operativa corrupta, esto es, con la compra de viviendas por parte del militar investigado con el dinero de las mordidas y falseando el importe real de las adquisiciones, volviendo una parte opaca al fisco.
De la lectura de ese informe, entregado a principios de junio a la jueza, se deduce que, al parecer, el teniente coronel no se dejaba un céntimo por arañar en cualquiera de las modalidades que el SAI parece haber hecho aflorar. Primero, adjudicaba la obra, con presupuestos inflados, casi siempre al mismo empresario, saltándose los principios que rigen para cualquier contrato público; después, se fraccionaban las facturas para diluir el rastro; luego venía el reparto del beneficio y, por último, la reinversión en propiedades inmobiliarias en ruinas, para destinarlas a vivienda particular o para revender -«la reformamos y a ganar dinero… luego la vendemos…», llegó a escribir en un mensaje-, cuya rehabilitación era encargada a empresas que, curiosamente, resultaban beneficiadas en ese mismo periodo con decenas de contratos públicos adjudicados por él mismo. Por ahorrarse, según el informe, se ahorró incluso el precio de la licencia para la reforma integral de una de esas propiedades, ya que tramitó una de licencia menor para ejecutar, en realidad, una obra mayor con afectación estructural del inmueble.
Gráfico elaborado por el SAI para representar el incremento de valor de una de la propiedades compradas en Siete Aguas. / Guardia Civil
Casi un millón facturado en 14 años
El teniente coronel Miguel Ángel E. T. era toda una institución en la Guardia Civil. Como jefe de la UGE, era respetado más allá incluso de la obediencia debida, de manera que sus órdenes se cumplían sin reservas. Nadie discutía las facturas que llegaban con su rúbrica. Alteró, asegura el informe, incluso la naturaleza misma de las unidades de gestión económica. La UGE debía ocuparse solo del ámbito económico, es decir, de las obras en instalaciones que dependen de la VI Zona -la C. Valenciana, en terminología de la Guardia Civil-, tanto para autorizarlas como para pagarlas, mientras que las unidades provinciales, las oficinas de gestión económica (OGE), dependientes de las comandancias, se ocupan de lo mismo pero en los inmuebles bajo su mando territorial.
Lo que el teniente coronel acabó haciendo, dice ese informe del SAI, fue adjudicar las obras de la UGE y hacer que las pagara la OGE de la Comandancia de Valencia, convertida en algo así como una «caja pagadora única». Las facturas que llegaban firmadas por el interventor jefe de la UGE se satisfacían sin discusión. Y nadie le puso peros ni pegas. Durante años.
De hecho, el principal empresario investigado, Carlos G. M., con el que, asevera el informe pericial del SAI, E. T. tiene una amistad que hunde sus raíces 35 años atrás, ha facturado a la Benemérita cerca de un millón de euros desde 2008 hasta 2022. Otro dato: en esos cinco meses de 2021 analizados, el 82 % de los ingresos totales de las dos empresas de Carlos G. M. provenían «exclusivamente de adjudicaciones gestionadas por la UGE de la VI Zona, bajo el mando del teniente coronel investigado». Y eso que ese empresario ni siquiera era constructor, ya que carecía de la plantilla necesaria para ejecutar cualquier obra.
Representación gráfica realizada por el Asuntos Internos de los indicios delictivos detectados. / Guardia Civil
La confesión del albañil
Y ahí empezó el problema. El adjudicatario de esas siete obras delegaba la ejecución de los trabajos en un albañil metido a constructor, R. L. Dos de las siete obras investigadas fueron realizadas en un edificio de viviendas oficiales de la Guardia Civil, en la calle Ángel de Villena. El sargento responsable de velar por las viviendas-cuartel empezó a sospechar al ver la calidad de los materiales y el coste final de los arreglos en la terraza y en un almacén. No le faltaba razón: en ambos casos, se acabó pagando casi el triple de lo presupuestado, que ya estaba inflado de por sí.
El suboficial habló con el albañil y, una vez que este le confesó la trama y cómo funcionaba, denunció de inmediato. Las primeras pesquisas de la comandancia no hicieron más que confirmar las sospechas: en su declaración, R. L. acabó contando que muchos de los presupuestos los tenía que visar previamente el teniente coronel y ajustarlos antes de pasarlos a limpio, para después adjudicarlos.
En total, esas siete reformas, realizadas en el cuartel de Benimaclet, sede de la VI Zona, en las viviendas para guardias de Ángel de Villena, en una residencia para guardias civiles en la playa de l’Almardà (Sagunt) y en el acuartelamiento de Cantarranas, generaron facturas a la Guardia Civil por importe de 46.466,33 euros, cuando estaban presupuestadas en 19.988,28 euros, de manera que el sobrecoste fue de 27.573; es decir, del 188 %, aunque en algún caso -en Benimaclet- se disparó hasta el 348 %. Se trata, en todos los casos, de pequeñas intervenciones, ya que las grandes, ya sean obra nueva o remodelaciones profundas, se realizan directamente desde la Dirección General de la Guardia Civil.
Cuadro elaborado por el SAI en el que aparecen los sobrecostes de las siete obras realizadas con sus sobrecostes. / Guardia Civil
Circuito cerrado: la reinversión
A partir de ahí, los investigadores de Asuntos Internos llegaron a lo que han denominado «segunda fase» de la «supuesta red de corrupción sistémica liderada por E. T.«: la reinversión de las ganancias. Para ello, han constatado que adquirió tres propiedades, todas ellas en estado de ruina y en el municipio de Siete Aguas, «para enriquecer su patrimonio inmobiliario». Así, concluyen «utilizaba su cargo en la UGE para adjudicar contratos públicos a empresas que, en contrapartida, costeaban las reformas y el equipamiento de sus viviendas privadas». Es más, han encontrado evidencias de que parte de ese «equipamiento», incluido un toallero de Leroy Merlin, fue facturado directamente a la Guardia Civil mediante la modalidad de anticipo de caja fija, un instrumento de pago público reservado únicamente a los gastos corrientes.
La primera de las propiedades, de cuya compra ya hablaba en un correo electrónico de 2019 interceptado por el SAI -se fijó el precio en arras en 20.000 euros, con una «propuesta explícita para eludir el control fiscal instando a declarar solo el valor catastral (18.500 euros) y abonar la diferencia ‘en mano’-, fue finalmente adquirida (en escritura pública) por 15.000 euros en enero de 2020. Curiosamente, señala el informe, no hubo movimiento bancario alguno para pagar ese dinero, lo que lleva a los investigadores a recordar que «el teniente coronel recibía cantidades de dinero en efectivo del entramado liderado por Carlos G. M.: «…500 son de él».
Gráfico en el que se ven los dos métodos de enriquecimiento detectados por Asuntos Internos. / Guardia Civil
Un negocio redondo
Y continúan: «Mientras el contratista ejecutaba la obra privada, el investigado gestionaba personalmente tareas de bajo nivel en instalaciones oficiales con el mismo empresario. El prevalimiento del cargo garantizaba la conformidad de facturaciones públicas como compensación por los trabajos en la vivienda particular». En total, ese constructur en concreto obtuvo 19 contratos por valor de casi 100.000 euros entre febrero y junio de 2020.
El mismo modus operandi se repitió con las siguientes dos propiedades adquiridas en Siete Aguas, incluida la que iba a servir para «ganar dinero», que se compró formalmente por 12.000 euros y que, diez meses después, se puso a la venta en un portal de internet por casi ocho veces ese valor: 115.000. Un negocio redondo.
Fachada del Cuartel de Benimaclet donde se están produciendo los registros. / Levante-EMV
Fuente: Levante – EMV
