El magistrado Fernando Portillo ha analizado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, conducido por el comunicador José Luis Pérez, el futuro judicial de Begoña Gómez. Según Portillo, aunque la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado algunas medidas del juez Peinado, «ha confirmado el grueso de su relato incriminatorio», por lo que el juicio con jurado popular parece «imparable».
Tres conductas delictivas y dos delitos
Portillo ha explicado que, de las cuatro conductas que investigaba el juez, la Audiencia Provincial confirma tres. Estas son el presunto abuso de su posición como mujer del presidente del Gobierno para la creación de la cátedra y para favorecer a Barrabés en la adjudicación de contratos. La tercera conducta es el uso de su asistente para fines privados, que ahora se enmarca en un delito de malversación.
Aunque la calificación jurídica ha cambiado y se ha pasado de cuatro a dos delitos, el magistrado subraya que lo relevante es que las conductas investigadas persisten. «La conducta es lo que se castiga en el código penal», ha señalado Portillo, insistiendo en que, salvo la corrupción en el negocio, «todas las conductas que había entendido el juez Peinado que inicialmente concurrían, siguen concurriendo».
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Posibles penas de cárcel
En cuanto a las posibles consecuencias penales, el magistrado ha aclarado que Begoña Gómez sí se enfrenta a posibles penas de prisión. El delito de tráfico de influencias está castigado con hasta dos años de prisión, mientras que la malversación podría suponer hasta cuatro años. «Sí que efectivamente se está jugando la pena de prisión», ha afirmado Portillo, aunque ha recordado que todo dependerá del desarrollo del juicio y de las pruebas que se practiquen.
Sobre los siguientes pasos procesales, el experto ha indicado que, tras el auto de la Audiencia Provincial, «hay que retroceder un poco las actuaciones». Se deberá celebrar una vistilla donde las partes realicen sus alegaciones para que se dicte un nuevo auto de apertura de juicio oral, ya acotado a las tres conductas, dos delitos y para un juicio con jurado.
Portillo también ha defendido la labor del juez Peinado, criticado con «mucha virulencia», al destacar que la Audiencia Provincial ha ido confirmando el grueso de sus decisiones. «No es una cosa del juez Peinado, es una cosa, pues, de que efectivamente se aparece indicio suficiente de haberse cometido delito», ha sentenciado, y ha añadido que «lo que sería ilegal, lo que sería prevaricador es que los diferentes jueces que han ido conociendo el tema, pues mirasen para otro lado».
Un magistrado analiza el caso Begoña Gómez: jurado popular, malversación y tráfico de influencias
El reto de un jurado popular imparcial
Uno de los grandes retos del proceso será la elección de un jurado popular, una figura que viene impuesta por la ley para los delitos de tráfico de influencias y malversación. El magistrado ha admitido que, en un caso tan mediático, «va a ser imposible encontrar ciudadanos que no sepan de qué va el asunto o no tengan una visión de lo que ha ocurrido».
Portillo ha explicado que el jurado tiene un papel «muy importante», ya que el veredicto de culpabilidad o inocencia que emitan vincula al magistrado presidente que redacta la sentencia. Aunque se buscan ciudadanos sin conocimientos jurídicos, en este caso será difícil la imparcialidad. «Va a ser muy complicado encontrar jurados imparciales», ha insistido, si bien confía en que los elegidos «dejen de lado esos prejuicios y efectivamente se centren solo y exclusivamente en los hechos».
Al ser preguntado por las diferencias entre un jurado popular y un tribunal profesional, el magistrado ha señalado que las estadísticas muestran un mayor porcentaje de condena con jurado, en torno a un 89%–90% frente al 84%–85% de las audiencias provinciales. Sin embargo, ha matizado que «las estadísticas no miden lo que va a ocurrir en un caso concreto y determinado».
Finalmente, Fernando Portillo ha mostrado su sorpresa por el hecho de que sea «precisamente el Partido Socialista quien esté poniendo en duda la necesidad de aplicar la ley del jurado«. Ha recordado que fueron sus «principales valedores» y que en su momento soslayaron las críticas sobre la dificultad de encontrar jurados imparciales en casos mediáticos, argumentando que debía primar la participación ciudadana en la justicia.
