- Respuesta del Gobierno ante las peticiones del IPSE
- Presentación de registros oficiales por el IPSE
- Detalles y exigencias contenidas en las peticiones
- Defensa del IPSE sobre la naturaleza de las peticiones
- Requerimientos para la auditoría y datos estadísticos
- Contexto de la crisis fronteriza en Ceuta
- Exigencias de transparencia y responsabilidades políticas
- Demandas adicionales del IPSE
Respuesta del Gobierno ante las peticiones del IPSE
Las mismas fuentes aseguran que el Gobierno no modificará su hoja de ruta por este tipo de iniciativas y que continuará desarrollando su «agenda progresista», centrada, según explican, en la adopción de medidas destinadas a mejorar el bienestar del país.
Moncloa desvincula así el escrito de la acción política del Ejecutivo y no contempla cambios en su planificación como consecuencia de esta petición.
Presentación de registros oficiales por el IPSE
El IPSE ha presentado tres registros oficiales ante la Administración General del Estado para exigir responsabilidades por la entrada masiva de personas en Ceuta. Uno está dirigido a la Presidencia del Gobierno, otro al Ministerio del Interior y un tercero al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Los escritos solicitan un acuse de recibo en un plazo de diez días y una respuesta expresa y motivada. La petición se ampara en la Ley Orgánica 4/2001, que establece un plazo máximo de tres meses para contestar una vez admitida.
Defensa del IPSE sobre la naturaleza de las peticiones
El presidente del IPSE, Pablo Hertfelder García-Conde, ha defendido que no se trata de una «simple protesta», sino de tres peticiones dirigidas a los «responsables directos». El Instituto sostiene que Sánchez, Marlaska y Torres deben ofrecer explicaciones sobre la gestión de la frontera y, si no pueden aclarar cómo se produjo la entrada masiva, asumir responsabilidades políticas.
Detalles y exigencias contenidas en las peticiones
El escrito transforma las seis preguntas que el IPSE había planteado públicamente en diez comprobaciones que considera auditables. Entre ellas figura determinar cómo se calcularon las 72.000 llegadas comunicadas por el Gobierno, si existieron duplicidades y qué mecanismos se utilizaron para evitarlas.
Reclama conocer las entradas registradas durante los días 30 y 31 de julio, las salidas posteriores de Ceuta —diferenciando entre retornos, traslados y otras situaciones administrativas— y el número de personas que permanecen actualmente en la ciudad autónoma, junto con las fechas de corte empleadas para realizar las estimaciones.
El Instituto solicita datos sobre adultos, menores, identificaciones pendientes y solicitudes de protección internacional, además de una conciliación entre las más de 70.000 salidas comunicadas y las estimaciones de entre 8.000 y 11.000 personas que permanecerían en Ceuta.
Requerimientos para la auditoría y datos estadísticos
La auditoría debería analizar también las alertas y órdenes de refuerzo adoptadas antes del colapso fronterizo, los medios disponibles antes y después de la crisis y el coste extraordinario asumido por el Estado y la Ciudad Autónoma.
El IPSE reclama que estas comprobaciones sean realizadas por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad o por otro órgano que no hubiera participado en la elaboración de las cifras.
El Instituto considera necesario que los datos sean agregados, trazables y estén acompañados de una explicación metodológica que permita conocer la fecha de corte, la fuente utilizada, la categoría estadística, las posibles duplicidades y el margen de error.
Contexto de la crisis fronteriza en Ceuta
La petición se produce después de que el Ministerio del Interior haya mantenido que 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta el 30 de julio y que más de 70.000 salieron posteriormente. Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que «hasta la última persona» que entró irregularmente regresará a Marruecos.
Exigencias de transparencia y responsabilidades políticas
El IPSE considera que el compromiso de devolver a quienes entraron en la ciudad autónoma no responde a las cuestiones que, a su juicio, deben aclararse sobre el origen de la crisis: por qué se produjo el colapso, qué avisos existieron, cómo se elaboraron las cifras oficiales y quién debe asumir la responsabilidad política.
El Ejecutivo ha anunciado para finales de agosto las comparecencias de Marlaska, Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños. El Instituto reclama que comparezcan Sánchez y Torres y pide un balance inmediato de la situación acompañado de una auditoría con plazos concretos.
Considera insuficiente esperar a finales de agosto para ofrecer explicaciones mientras la crisis continúa abierta y reclama una primera fotografía consolidada de la situación en un plazo de 24 horas, sin perjuicio de la auditoría técnica posterior.
Demandas adicionales del IPSE
El escrito del IPSE concluye con una petición de dimisión de Sánchez, Marlaska y Torres. De forma subsidiaria, reclama que el presidente cese a los dos ministros. Solicita coordinación interministerial permanente, refuerzos estructurales para Policía Nacional y Guardia Civil y protocolos de contingencia fronteriza que puedan ser verificados.
La organización pide que el presidente del Gobierno promueva la disolución de las Cortes y la convocatoria urgente de elecciones generales, al considerar que se ha quebrado la confianza política necesaria para mantener la legislatura.
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